Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés que aparece en de The Nevada Independent.

Oficiales del Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) realizaron este martes una reunión pública para presentar estadísticas actualizadas acerca de su acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pero activistas dijeron que no quedaron conformes cuando la junta, programada para durar dos horas, terminó en menos de 10 minutos.

El Subdirector Fred Meyer presentó el informe diciendo que no habría oportunidad de hacer o contestar preguntas, a diferencia de una reunión pública de la junta directiva acerca del llamado acuerdo 287(g) en 2017.

Dos funcionarios de ICE viajaron desde Salt Lake City para asistir a la reunión, incluyendo uno quien dijo que hubo más de 1,400 “encuentros” el año pasado, que la agencia estaba satisfecha con dicha colaboración y que espera la continuidad de ese esfuerzo.

A través del programa 287 (g) oficiales de LVMPD quienes han recibido previa capacitación en prisiones locales pueden realizar algunas tareas de funcionarios federales de inmigración e imponer “retenciones”, mismas que permiten a las cárceles mantener a reclusos por más tiempo del que tendrían por cometer delitos locales menores; dándole así a ICE oportunidad de poner al infractor bajo custodia federal.

Funcionarios de ICE dicen que el 287 (g) permite transferir inmigrantes de una detención local a custodia federal en un entorno carcelario seguro y controlado.

Desde que el programa comenzó a operar en Las Vegas hace una década, ciudadanos y grupos preocupados ​por ese tema ​han cuestionado quiénes y cuántas personas han sido afectadas por dicha colaboración.

La reunión de 8 minutos del martes no satisfizo a los grupos asistentes, como el Centro de Trabajadores Arriba Las Vegas, Make the Road Nevada y Socialistas Democráticos de América, organizaciones que apartaron dos horas para pedir respuestas a sus preguntas.

“Estas personas que representan a la Oficina Regional de Campo de Salt Lake City ¿Ese fue nuestro único momento de transparencia en dos años?” dijo Bliss Requa-Trautz, directora del Centro de Trabajadores Arriba Las Vegas.

A principios de este año, activistas realizaron una protesta contra el programa bajo el argumento de que carecía de transparencia acerca de quiénes eran detenidos y por qué. Una semana después, el Alguacil Joe Lombardo tuiteó una declaración para tranquilizar al público afirmando que las personas no serían deportadas al ser detenidas debido a infracciones de tránsito y otros delitos menores.

Pero otros incidentes en el último un año, incluyendo el inicio de un proceso de deportación para una mujer arrestada por vender mercancía de recuerdo en el Strip de Las Vegas, desataron preguntas acerca de si se está transfiriendo a ICE a personas que están bajo custodia de Metro a causa de delitos menores.

Un proyecto de ley que habría requerido que la policía divulgara delitos fundamentales que llevaron a la gente a la deportación a través del 287(g) se descartó en la sesión legislativa para así eliminar dichas disposiciones.

Metro ha declinado divulgar información acerca de los delitos subyacentes en respuesta a una solicitud de registros de The Nevada Independent, citando código federal. 

Los comisionados del Condado Clark — quienes financian y supervisan la cárcel — han batallado para obtener información acerca del 287 (g) y ​​han planteado la posibilidad de retener a futuro fondos de la policía si no obtienen respuesta.

“Queremos ver los números que respaldan las afirmaciones de Lombardo de que no se detiene a las personas por delitos menores e infracciones de tránsito”, dijo Shaun Navarro, de Socialistas Democráticos de América. “Lombardo hizo promesas específicas, y queremos ver los datos”.

Al final de la reunión, Requa-Trautz preguntó cómo se habían aplicado los cambios legales y políticos más recientes. El mes pasado, un juez federal dictaminó que es inconstitucional reforzar retenciones emitidas desde bases de datos electrónicas, que comúnmente tienen errores.

El portavoz de Metro quien permaneció en la sala y respondió a las preguntas mientras se retiraban los panelistas, refirió a Requa-Trautz a la página de Internet de ICE, y recomendó canalizar otras preguntas al correo electrónico de Metro.

Los oficiales de Metro concluyeron afirmando que el programa queda tal y como está.

“Simplemente, este programa está destinado a continuar como está ahora”, dijo el Subdirector Meyer. “El programa 287(g) nos permite identificar a las personas que de otra manera no podríamos identificar, y ha resultado en retenciones para individuos [quienes] tienen un historial de ser delincuentes violentos, deportaciones previas, cosas por el estilo. Ha sido una herramienta valiosa para nosotros”.