Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés que aparece en The Nevada Independent.

Durante una conferencia de prensa este jueves, defensores de los inmigrantes, junto con el Comisionado del Condado Clark Tick Segerblom, señalaron al Alguacil Joe Lombardo y al Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) por el uso de un polémico programa de control de la inmigración.

Lo que está en la mira es una solicitud para abrir registros que fue presentada la semana pasada pidiendo información sobre el uso de LVMPD del programa federal optativo 287 (g), que utiliza las fuerzas policiales estatales y locales para detener a personas sospechosas de ser inmigrantes indocumentados, dando al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) la oportunidad de arrestar a las personas y potencialmente deportarlas.

Pero Metro dice que las cosas no son tan sencillas, e insiste en que sus policías no están actuando como agentes federales de inmigración y no lo han hecho durante los 10 años que tiene el departamento participando con el 287 (g).

Un portavoz de LVMPD agregó que el departamento está trabajando para cumplir con la solicitud de los registros, aunque obtener la información puede tardar hasta 30 días o más.

Desde que se agregó a la Ley de Inmigración y Nacionalidad en 1996, el 287 (g) ha sido criticado por defensores de los inmigrantes, quienes afirman que tiene poca supervisión o rendición de cuentas y crea un efecto paralizante entre las comunidades inmigrantes que de por sí no son bien atendidas.

Lalo Montoya, director político de la organización pro-inmigrante sin fines de lucro Make the Road Nevada, dijo que desde la Administración Trump llegó al poder, ha sido aún más difícil averiguar quién termina arrestado a raíz del programa.

“Durante los últimos dos años, ha sido mucho más difícil saber quién se encuentra detenido y por qué”, dijo Montoya. “Hemos visto a miembros de familias trabajadoras detenidos por infracciones menores de tránsito que conducen a una orden de detención que luego da lugar a un proceso de deportación, debido a un incremento de no diferenciar entre las ofensas de alto nivel y de bajo nivel con este programa 287 (g) que prevalece entre ICE y la Policía Metro”.

A pesar de que ha existido durante décadas, el programa se ha convertido en una pieza clave de la política de control migratorio de cero tolerancia de la Administración Trump, incluyendo la expansión de 78 agencias en 20 estados a partir de febrero de 2019.

En Nevada, sólo tres jurisdicciones se han sumado a esta estrategia: Metro, la Oficina del Alguacil del Condado Lyon y la Oficina del Alguacil del Condado Nye.

Con este programa, los elementos de las policías estatales y locales están autorizados a actuar como agentes de inmigración, siempre y cuando hayan sido entrenados para hacerlo y estén trabajando bajo la supervisión de los oficiales de ICE.

En Las Vegas hay 12 agentes de Metro que trabajan en el Centro de Detención del Condado Clark y que preguntan a quienes están procesando cuál es su país de origen antes de compartir la información de los no ciudadanos — incluso si son residentes legales — con ICE.

El Portavoz de Metro, Jacinto Rivera, dijo que los malentendidos y la desinformación han distorsionado la forma de ver el 287 (g), un programa que, según destacó, fue firmado por el Alguacil Doug Gillespie en 2009.

“Estamos usando esto como una herramienta para combatir la delincuencia”, dijo Rivera. “Si la deportación es un proceso que se puede utilizar para en realidad expulsar a alguien, en lugar de encarcelarlo, para mantener a la comunidad segura, entonces que así sea”.

Creada por el Centro Nacional de Ley Migratoria y presentada por grupos locales en pro de los derechos de inmigrantes, la solicitud de abrir los registros está solicitando información sobre el número de personas detenidas bajo el programa 287 (g), el delito por que fueron arrestadas y los costos asociados con esa detención.

Bliss Requa-Trautz, directora del Centro de Trabajadores Arriba Las Vegas, que busca educar a los jornaleros en torno a sus derechos, dijo que la meta es, en última instancia, terminar la “cooperación voluntaria [de Metro con ICE] más allá de lo que requiere la ley”.

“Es importante para nuestra comunidad entender la total complicidad del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas con la maquinaria de la deportación”, dijo Requa-Trautz. “Entender cómo muchas de nuestras familias locales están siendo afectadas por la participación de Metro, y cuáles son los costos asociados — tanto financieros como para la comunidad”.

La cooperación de las autoridades de Nevada con ICE fue objeto de escrutinio durante la sesión legislativa de 2017 con la introducción de la iniciativa de ley SB 223, que pretendía prohibir el uso de fondos de la policía estatal o local para propósitos de la ley de inmigración.

Patrocinada por la Senadora Demócrata Yvanna Cancela y con el apoyo de Segerblom — entonces senador y presidente del comité judicial encargado de aprobar la SB223 —- la medida se topó con los primeros oponentes en sindicatos estatales de la policía, que pusieron en duda las implicaciones de una iniciativa de ley en un ambiente en donde el entonces Fiscal General Jeff Sessions amenazó activamente con cortar los fondo a las llamadas ciudades santuario.

La iniciativa de ley también fue criticada por el líder de la minoría Republicana, el Senador Michael Roberson, quien la ridiculizó como un esfuerzo para hacer de Nevada un estado santuario.

La medida fue anulada en la comisión por los líderes Demócratas a menos de dos meses después de su presentación.

Después Roberson respaldó una iniciativa de votación que trató de hacer que fuera inconstitucional para Nevada contener jurisdicciones santuario, a pesar de que la medida había quedado estancada en las cortes después de que se determinó que era demasiado vaga.

En la protesta del jueves Segerblom dijo que a pesar de los obstáculos políticos del pasado, él piensa que todavía existe la voluntad política para descartar un programa como el 287 (g).

“Si se trata de un criminal violento, no creo que alguien tenga un problema a la hora de hablar con ICE”, dijo Segerblom. “Pero al final del día, no debería ser alguien que fue detenido porque como mucha gente tiene multas de tráfico, órdenes de detención, o lo que sea, por ofensas no violentas. Y esas personas son una parte de nuestra comunidad, son compañeros de trabajo, son nuestros empleados, son nuestra familia. Y creo que el público apoya eso“.

Segerblom añadió que “no es nuestro trabajo preocuparnos por quién está aquí legalmente y quien no está aquí legalmente”, y que el condado no debe tratar de “destruir nuestras comunidades” o apoyar las políticas del Presidente Trump.

El Asambleísta Demócrata Edgar Flores dijo que su objetivo es abordar los problemas del 287 (g) en esta sesión legislativa, pero con la esperanza de encontrar un mayor consenso y evitar el destino que tuvo la iniciativa de Cancela en 2017.

Abogado de inmigración en su vida privada, Flores hizo referencia al caso de uno de sus clientes, una madre soltera inmigrante quien terminó en la cárcel y en el radar de ICE a través del 287 (g) luego de que la policía la abordó por haberse estacionado mal al dejar a su hijo en la escuela.

La mujer tenía una multa sin pagar de años atrás, cuando fue infraccionada por exceso de velocidad y por tener una luz fundida en su vehículo; y de ahí se desencadenó una orden de arresto.

“El problema que tenemos es que en muchas ocasiones, estamos dando recursos estatales para detener a personas por algo civil, explicó Flores este miércoles durante una entrevista. “No tenemos una propuesta firme, ni nada, ni concreta, pero estamos hablando ahorita con las autoridades para ver si podemos crear una serie de prioridades en cuándo vamos a detener a alguien y cuándo no.

Flores no cree que tal propuesta correrá el riesgo de darle a Nevada la etiqueta de “santuario” que tanto se ha intentado de evitar bajo la administración de Trump.

“Pueden compartir la información con inmigración, pero simplemente no los van a detener y usar recursos estatales para detener al individuo”, dijo Flores. “Estamos viendo dónde vamos, ver qué es lo que opina la policía, a ver qué es lo que opinan nuestras cárceles, y tratar de llegar a un acuerdo donde estamos haciendo algo que tampoco complace completamente a ningún lado, que estamos llegando en un punto donde estamos sentados todos en la mesa”.

Las reporteras Michelle Rindels, Luz Gray y Yazmin Beltran contribuyeron a esta nota.