Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés que aparece en The Nevada Independent.

Rubí Flores González fue programada para dar a luz este sábado, pero se esperaba que Jorge Franco, el padre del bebé, no estuviera ahí para el gran momento. Él se encuentra en el Centro de Detención de Henderson y está en riesgo de ser deportado por multas de tráfico pendientes de pago.

Todo comenzó con dos infracciones sin pagar. Luego, un incidente en abril, cuando la policía detuvo a Franco — originario de Guatemala y quien ha vivido en los Estados Unidos durante 12 años — debido a que la direccional de su auto no funcionaba. Las cosas empeoraron la semana pasada, cuando la policía aparentemente estaba verificando placas al azar.

“Me dijo que iba manejando y que los policías iban chequeando placas por placas, le checaron la placa a él, entonces vieron su licencia, y pues él ya tenía una orden de arresto”, dijo Flores González en una entrevista con The Nevada Independent después de una conferencia de prensa en el centro de Las Vegas.

Franco fue transportado a la Cárcel de la Ciudad de North Las Vegas, donde permaneció cinco días; y luego al Centro de Detención de Henderson, que tiene contrato con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para resguardar a los inmigrantes detenidos. Desde entonces, su novia embarazada, quien es residente legal de los Estados Unidos, y la madre de Franco, quien es ciudadana estadounidense, no han podido tener contacto con él.

Abogados de inmigración dicen anecdóticamente que situaciones como la de Franco cada vez son más comunes, aunque ICE y las agencias gubernamentales locales han dejado de revelar información que podría determinar exactamente cuántas personas se encuentran detenidas por ICE debido a violaciones de tránsito en lugar de infracciones más graves. En marzo, por ejemplo, un residente de Reno quien vivió 30 años en los Estados Unidos fue deportado luego de estar en el radar de ICE por una violación de tráfico en 2013.

La tendencia surge cuando el gobierno de Trump ha indicado que prácticamente todos los casos de inmigración ilegal son prioridad para las autoridades, y mientras Nevada sigue operando bajo un sistema en el que las multas de tránsito son una fuente vital de ingresos del gobierno y donde no pagar puede llevar a una orden de arresto. Al menos 22 estados han “despenalizado” infracciones menores de tránsito y un comité de legisladores de Nevada está recomendando un cambio similar en la sesión de 2019, aunque fracasaron los intentos en 2013 y 2015.

Grupos progresistas también han aprovechado el tema conforme las multas de tránsito han ocupado los titulares; el candidato Demócrata a la fiscalía de Nevada, Aaron Ford, fue detenido por no pagar una multa en Texas a principios de 1990, mientras que el Fiscal General Republicano Adam Laxalt recientemente pagó una infracción de tránsito de hace 15 años, en Maryland, donde se despenalizaron dichos delitos.

“Es muy importante para las personas que viven aquí preguntar, '¿es así como queremos que traten a nuestros vecinos?”, dijo Michael Kagan, director de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV) que ofrece defensa pro bono en casos de inmigración. “Muchos de nosotros tenemos infracciones de tránsito en nuestro propio historial. ¿Cómo nos gustaría que nos trataran?... Esa puede ser una de las preguntas de política migratoria más profundas que enfrentamos aquí en nuestra comunidad local y muy poca gente está hablando de eso“.

El sistema

Si un inmigrante quien está ilegalmente en el país es detenido por una orden de arresto debido a multas de tránsito pendientes de pago, la situación puede escalar hasta lo que se conoce como una “retención”. Es entonces cuando ICE pide a una cárcel local o estatal retener a la persona más tiempo de lo que harían, para posibles fines de control migratorio.

“Es importante entender que siempre es una opción. No se requiere que una cárcel local coopere con ICE”, dijo Kagan.

Kagan agregó que al parecer las cárceles del sur de Nevada han pasado de rechazar algunas de las solicitudes de retención durante el gobierno de Obama, a rechazar casi ninguna desde 2017, según datos de ICE compilados por la Universidad de Syracuse.

La clínica también ha notado un aumento en llamadas desde centros de detención por parte de quienes, luego de verificación con registros en la corte, no parecen tener ningún otro problema más que las infracciones de tránsito. Kagan dijo que antes esas llamadas eran aproximadamente una vez por semana y ahora se presentan casi una vez al día.

“Esto, de nuevo, no es lo que nuestros funcionarios locales nos dicen que están haciendo. Esto no está ligado a la seguridad pública. Estos no son criminales violentos, estas son personas que han estado viviendo en Las Vegas generalmente más tiempo que yo”.

Aun así, no está claro cuántas personas han terminado bajo custodia de ICE únicamente por cuestiones de tránsito, ni cuántas tienen cargos más serios; esos datos no se da a conocer voluntariamente. Este viernes The Nevada Independent solicitó registros públicos al Centro de Detención del Condado Clark, Centro de Detención de Henderson y a la Cárcel de la Ciudad de North Las Vegas, para determinar el alcance de la práctica.

Kagan se pregunta si las jurisdicciones locales se están tornando en cumplir más con ICE porque no quieren ser etiquetadas como una “ciudad santuario”. A principios de 2017, el gobierno de Trump amenazó con retener fondos federales a cualquier jurisdicción que fuera considerada “santuario”; término sin definición legal, pero que generalmente significa que las autoridades del orden público no asisten con actividad federal de control migratorio.

“Por un lado, el Alguacil [Joe] Lombardo dijo que cooperamos con ICE sólo para deshacernos de lo peor de lo peor, y siempre dice que eso significa criminales”, dijo Kagan. “Por otra parte, tuvieron muy en claro el año pasado que no querían ser etiquetados como santuario. Tienen mucho miedo de que se les llame una mala palabra. Y mi preocupación es que como hay tan poca capacidad para darle seguimiento a lo que en realidad están haciendo todos los días en la cárcel, la presión de cooperar sólo con ICE, con esta administración, haya superado lo que el alguacil ha dicho anteriormente acerca de cuáles eran sus prioridades”.

Devastados por multas de tráfico

Los inmigrantes que hablaron con The Nevada Independent señalaron que las multas de tráfico eran demasiado costosas y que no las podían pagar. Flores González dijo que Franco enfrentó la decisión de pagar las infracciones en vez de las consultas médicas ya que ella no tiene seguro de salud de cobertura amplia.

“La policía realmente sí le dijo que tenía que pagarlo. Le dio el ticket y todo eso, pero él se dedicó más a preocuparse por el sostén de nuestro hogar, porque en este momento yo no puedo trabajar", dijo Flores González.

Alicia Moya, de 27 años, es madre de dos hijos y está en la mesa directiva de la Asociación de Padres y Maestros de su hijo. Ella tenía cuatro infracciones, todas por conducir sin licencia, y ninguna era menor a $400 dólares.

Moya explicó que su arresto este verano — y un mes de prisión en el Norte de Las Vegas, Henderson y Pahrump — la han “destruido”.

“Es ridículo porque perdí mi nombre en cuanto me detuvieron. Me convertí en un número. Fui un número tres veces: En la Ciudad, en Henderson, y en Pahrump. Te pierdes. Te conviertes en un preso, otra persona en la cárcel, otra persona [por la que] estás perdiendo el 'dinero de tus impuestos'".

A pesar de que su familia la ayudó a salir del centro de detención en cuestión de semanas, dijo que perdió su trabajo y el lugar donde vivía. Miembros de su familia han evitado ponerse en contacto con ella directamente porque temen que ICE le esté interviniendo su teléfono, y algunos incluso la evitan por completo por temor a quedar bajo el radar de ICE por asociarse con ella.

Moya canalizó un poco de su enojo hacia Laxalt, quien no sufrió estas consecuencias graves por no pagar una infracción.

“Si tienes derecho y tienes la oportunidad de pagar los $140, denme esa oportunidad. Sólo porque soy mexicana e ilegal, ¿no tengo esa oportunidad? La corte debe ser igual con todo el mundo”, dijo.

Un comité legislativo ha estado trabajando para hacer frente a la penalización de las multas de tránsito desde finales del año pasado y recientemente aprobó una lista de propuestas para iniciativas de ley en la sesión de 2019, incluyendo las que reducirían violaciones de tránsito menores, a infracciones civiles; permitir un descuento si la multa se paga de forma anticipada, y pedir que la corte evalúe si el acusado tiene la capacidad de pagar cuando se le haya pasado una infracción.

El comité también está enviando una serie de cartas a los tribunales, incluyendo una que les instruye revisar sus esquemas de tarifas y asegurarse de que las multas no sean excesivas.

Está pendiente ver cómo abordarán este asunto los legisladores y el próximo gobernador. Cuando la semana pasada se les preguntó acerca de las sanciones penales por infracciones de tránsito pendientes de pago, el candidato Demócrata a gobernador Steve Sisolak dijo que el estado encarcela a muchas personas, pero no se comprometió directamente a realizar cambios específicos. La campaña de Laxalt no respondió una solicitud de comentarios acerca de su postura en torno a las recomendaciones del comité legislativo.

Kagan dijo que tales cambios podrían ayudar a las familias que deben decidir entre cubrir sus necesidades básicas y pagar una multa. Pero esto sería aún más significativo para los inmigrantes, cuya vida se ve alterada a causa de las multas de tráfico.

“Me indigna que a nosotros, por ser inmigrantes, nos hagan menos”, dijo Flores González, quien agregó que mantiene la esperanza de que su novio salga libre, que se puedan casar y resolver el estatus migratorio de Franco. “Todos tenemos derechos en este estado y vamos a luchar por él”.