Este artículo fue traducido al español a partir de una versión en inglés. La versión en inglés aparece en la página de The Nevada Independent.

 

El Presidente Donald Trump quiere forzar a las ciudades a cooperar con los funcionarios de inmigración y retenerles fondos federales si no lo hacen, agregando que las llamadas “ciudades santuario” que no cumplen "han causado un daño inconmensurable al pueblo estadounidense y a lo que mantiene unida a nuestra república”.

No está claro exactamente cómo afectarán a ciudades de Nevada las órdenes ejecutivas firmadas este miércoles por Trump, mismas que le dan al Secretario de Seguridad Nacional la autoridad para designar cuáles ciudades son jurisdicciones santuario.

“El Departamento de Seguridad Nacional no se ha contactado con el Gobernador acerca de este tema,” dijo Mari St. Martin, vocera del Gobernador Brian Sandoval. “No está claro si esta orden aplicará a alguna de las ciudades de Nevada, pero el Gobernador va a monitorear activamente esta situación conforme la política se implemente por completo,” agregó St. Martin.

No hay una definición estándar de “ciudad santuario”, a pesar de los acalorados debates y la retórica que rodean el concepto. Algunos municipios y ciudades como San Francisco, se han declarado públicamente como “ciudades santuario”, pero los diversos niveles de cooperación entre las autoridades federales de inmigración y las fuerzas de seguridad locales significa que no hay una manera simple de cuantificar las políticas de "ciudad santuario" en Nevada.

Jocelyn Cortez, abogada de inmigración con De Castoverde Law Group, hizo referencia a los antecedentes del “movimiento santuario:”

“Bueno, lo que sabemos del movimiento santuario es que empezó hace décadas con las iglesias que solían proteger a las personas que eran indocumentadas que, raramente ese movimiento ya no se ve,” explicó. Las iglesias no son las que están proponiendo proteger, sino que entidades del gobierno, dependiendo en qué estado o ciudad estamos.”

Ningún municipio o ciudad en el Estado de Plata se ha declarado abiertamente como “ciudad santuario”, aunque algunas listas de ciudades santuario incluyen los Condados Washoe y Clark. No está claro si las órdenes ejecutivas de Trump llevarán a cambios en la cooperación entre la policía local de Nevada y los servicios federales de inmigración.

Tanto Clark County como la Alcaldesa de La Ciudad de Las Vegas, Carolyn Goodman, publicaron en Twitter la mañana de este jueves que no son “ciudades santuario.”

“.@CityOfLasVegas no es una ciudad santuario y cumplimos con las regulaciones federales. Me apasiona encontrar un camino a la ciudadanía”, publicó Goodman en su cuenta.

Jace Radke, portavoz de la ciudad, dijo que Las Vegas no se considera en sí una ciudad santuario porque nunca se ha pasado una ordenanza declarándose como tal, y también porque los funcionarios de la cárcel de la ciudad -que contiene un promedio diario de 850 internos en Las Vegas y North Las Vegas, y es diferente al un poco más conocido Centro de Detenciones del Condado Clark- notifican a funcionarios federales si están deteniendo a alguien que tiene una suspensión de inmigración.

El Condado Clark y su comisionado, Steve Sisolak, dijo que el condado no ha adoptado una ordenanza declarándose como ciudad santuario en sí y que no tiene planes inmediatos de hacerlo.

Pero algunos catalogan como tal al condado, señalando una declaración hecha en el 2014 por el Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas donde decía que ya no cumplirían las solicitudes federales de detención de inmigración a menos que hubiera una determinación judicial de la causa probable de esa detención o una orden firmada por un funcionario judicial.

Aunque el sheriff Joe Lombardo no respondió inmediatamente a una petición para comentar si la orden de Trump propiciará que su agencia cambie su política y honrar todas las peticiones de retención de ICE, Sisolak dijo que ha estado en contacto con Lombardo desde que Trump emitió la orden.

"Me llevó a creer que no hay planes para responder hasta que la orden final esté en su lugar", dijo Sisolak.

Lo anterior coincide con un comunicado de prensa emitido este jueves por parte de Metro: “En LVMPD estamos observando cómo se desarrolla este asunto”, dijo el Oficial Michael Rodríguez, Vocero de la dependencia, quien además agregó:

“Esperamos que en las próximas semanas haya información adicional que proporcione mejor aclaración sobre las expectativas de las ciudades. En este momento no sabemos si este orden nos afectará ".

Pero la congresista demócrata Dina Titus dijo estar preocupada porque el Sur de Nevada esté en riesgo bajo la directiva a la luz de sus prácticas policiales.

“Las Vegas no es técnicamente una ciudad santuario pero operamos como una,” declaró a The Nevada Independent. “Estoy muy preocupada por ello sólo en principio general y también porque significa que podríamos perder mucho de dinero que va a Metro. Metro ha trabajado muy duro para detener personas que son indocumentadas que son delincuentes, son peligrosos, pero no están redondeando a las familias. Y así necesitan esos ingresos. Así que no sólo es malo para la comunidad, es malo para la seguridad de la comunidad ".

La orden de Trump describe la nueva política como un asunto de seguridad pública y de respeto al imperio de la ley.

“No podemos ejecutar fielmente las leyes de inmigración de Los Estados Unidos si exceptuamos a las clases o categorías de extranjeros removibles de la posible aplicación,” dice la orden.

Pero algunos críticos, incluyendo la Senadora estatal Demócrata Yvanna Cancela, la enmarcaron como el gobierno federal excediendo sus límites e imponiendo una carga financiera para el gobierno local.

“Lo que él quiere crear es una póliza donde el gobierno federal dice lo que tiene que pasar y el gobierno local lo tiene que implementar y pagar,” señaló. “Y lo que quieren decir las llamadas ciudades santuario, es que esos gobiernos locales no quieren tener que hacer el trabajo del gobierno federal, es tan sencillo como eso... lo que han dicho varias ciudades es que no van a dar ese tipo de cooperación, especialmente cuando lo que pasa es que personas inocentes, inmigrantes, terminan siendo deportadas o capturadas sin procesos legales para ayudarlos.”  

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés) condenó el movimiento a través de una declaración, suscitando preocupaciones acerca del debido proceso. “La orden también aumentará dramáticamente el uso de la detención de la inmigración y ampliará grandemente el uso del retiro expedito de remoción, que representarán serias amenazas a los derechos y principios Constitucionales fundamentales,” dijo Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA.

La Ciudad de Reno y el Sheriff del Condado Washoe no respondieron a solicitudes de comentarios.

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Michelle Rindels y Riley Snyder reportaron desde Carson City. Luz Gray reportó desde Las Vegas.