Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés, que aparece en la página de The Nevada Independent.

Un juez de la Corte de Distrito de Carson City dictaminó que una propuesta para incluir en la boleta electoral una pregunta que pretende hacer inconstitucionales las ciudades santuario, no es adecuada para que sea sometida a votación a nivel estatal.

El juez James Russell dictaminó este viernes que el lenguaje de la medida es excesivamente amplio y general y podría confundir a los votantes, según un portavoz de la Unión Americana de Libertades Civiles de Nevada (American Civil Liberties Union, ACLU por sus siglas en inglés) que fue la parte demandante en el caso.

Russell agregó que la medida también dijo que abarcaba múltiples temas en violación de una regla de tema único que rige las medidas de las boletas electorales.

"Apreciamos la atenta decisión del juez en invalidar esta petición sin sentido", dijo en un comunicado Tod Story, Director Ejecutivo de la ACLU. "Si esta iniciativa discriminatoria, innecesaria y engañosa hubiera avanzado habría engañado a los votantes y, en última instancia, dividiría a las familias y pondría en peligro la seguridad pública".

El Senador Estatal Republicano Michael Roberson, presidente honorario del comité que respalda la propuesta, no hizo ningún comentario a The Nevada Independent, pero emitió una declaración en el periódico Las Vegas Review-Journal indicando que apelará la decisión.

"Estamos claramente decepcionados con el fallo y creemos que fue incorrecto", dijo. "En el 2017, los Demócratas de Nevada propusieron la legislación más imprudente en la historia de Nevada, lo que habría convertido Nevada en un estado santuario. Los votantes de Nevada tienen derecho a evitar que esto suceda ... Tenga la seguridad de que aún no he empezado a luchar y espero presentar nuestro caso ante la Corte Suprema de Nevada”.

La ACLU y el prominente abogado Demócrata Marc Elias interpusieron una demanda impugnando la iniciativa en la boleta electoral de noviembre, argumentando que tanto el lenguaje de la propuesta de enmienda constitucional como el de una petición que está circulando para llevarla a las urnas era engañoso. Sostuvieron que el lenguaje de la petición no explica las posibles consecuencias financieras y de seguridad pública de la medida.

También afirmaron que el término "ciudad santuario", utilizado en el título de la Iniciativa de “Prevenir las Ciudades Santuario", es peyorativo y carece de definición legal, y que la medida podría desalentar a las comunidades inmigrantes a la hora de ayudar a la policía con sus investigaciones.

Aunque anteriormente el Condado Clark apareció en las listas de jurisdicciones que no cooperaban, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dijo en agosto que "no hay pruebas" de que el condado está operando como una jurisdicción santuario y que está cumpliendo con la ley federal.

La división estatal de análisis fiscal legislativo dijo que desconocía si alguna de las entidades gubernamentales de Nevada ha adoptado una política, ordenanza o ley que "prohíba, limite o desaliente la cooperación con la aplicación de las leyes federales de inmigración".

La propuesta de enmienda constitucional fue presentada a la oficina de la Secretaría de Estado en octubre. Roberson prometió presentar dicha medida durante la sesión legislativa del año pasado.

Durante esa sesión, Roberson se opuso firmemente a los esfuerzos respaldados por Demócratas para promulgar algún tipo de política para proteger a los inmigrantes, incluyendo una iniciativa de ley promovida por la senadora estatal Yvanna Cancela para limitar el papel de la legislación local en las actividades federales de inmigración. Él calificó la iniciativa de ley, la cual finalmente nunca tuvo una audiencia, “la legislación irresponsable más imprudente” que había visto durante su período en la legislatura.

Roberson dijo a The Nevada Appeal y a Reno Gazette-Journal que el “siguiente paso” era apelar a la Corte Suprema estatal, aunque no está claro qué tan pronto se interpondría una apelación. Jeremy Hughes, presidente del comité que respalda la medida, no respondió inmediatamente a una solicitud de entrevista.

Si finalmente se da por válida, la iniciativa requerirá 112,544 firmas válidas para calificar para la boleta y tendrá que ser aprobada por los votantes dos veces, una vez en 2018 y nuevamente en 2020, para enmendar la Constitución.

El Gobernador Republicano Brian Sandoval expresó escepticismo en torno a la boleta cuestión, diciendo en agosto no estaba consciente “de que existan problemas en este estado relacionados con las ciudades santuario".