Comisionados del Condado de Clark expresaron su preocupación por la colaboración renovada entre el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), argumentando que no han podido obtener información acerca de cómo el llamado acuerdo 287(g) se está ejerciendo en la cárcel del condado.

La discusión se produjo durante una reunión de la comisión el martes, antes de que los comisionados aprobaran por unanimidad la financiación de 40 nuevos puestos de trabajo en el Centro de Detención del Condado de Clark. El acuerdo 287(g) implica que agentes de Metro serán entrenados para que, al momento de procesar a los aprehendidos, revisen si cometieron  posibles violaciones de inmigración y entonces girar “órdenes de detención” para retenerlos en la cárcel el tiempo suficiente para que el ICE pueda recogerlos para su posible deportación.

“En estos momentos, los agentes del ICE están revisando las casas de la gente. Los agentes de ICE están reteniendo a la gente en jaulas bajo la dirección, francamente, de un presidente que ha armado una organización“, dijo el Comisionado Justin Jones. “Y Metro ha decidido unirse de nuevo con el ICE en ese sentido, y yo tengo problemas con eso”.

Mientras que el sheriff ha dicho que no quiere detener a las personas para entregarlas al ICE tras haber cometido infracciones menores de tránsito, los testimonios de inmigrantes y abogados muestran que recientemente la agencia jugó un papel en procesos de deportación derivados de detenciones por ofensas menores cometidas a nivel local.

Pero Metro no proporciona la información que podría confirmar o negar que la agencia se ha adherido a la meta de la política pública estatal del sheriff; Metro se ha negado a responder las solicitudes de información sobre la naturaleza de las detenciones que conllevan al arresto y un procedimiento posterior de deportación, en base a que el ICE no quiere que dicha información se difunda.

Metro confirmó en junio que renovó su acuerdo 287(g) por un año y sin cambios, lo que significa que se mantiene la norma de que Metro no puede revelar información sobre el acuerdo sin la aprobación previa del ICE. Jones comentó que se topó con un obstáculo de la división legal de Metro cuando buscó información sobre el acuerdo, que describió como “algo que es de suma importancia aquí, para nuestra comunidad”.

“Voy a estar apoyando los puestos adicionales aquí, el día de hoy”, señaló Jones. “Pero la realidad es que haré muchas preguntas más durante el próximo año y no podré apoyar puestos suplementarios adicionales de cara al futuro si no obtenemos las respuestas que creo que tenemos derecho a recibir debido a la cooperación con el ICE".

Los puestos del personal carcelario se derivan un esfuerzo por cumplir sus promesas en los últimos años de ayudar a restaurar los niveles de dotación de personal que fueron reducidos durante la recesión, según explicó la Presidenta de la Comisión, Marilyn Kirkpatrick.

El Asistente de Sheriff Charles Hank, quien supervisa los servicios de detención, destacó durante la reunión que el “Sheriff [Joe] Lombardo es ciertamente transparente y está comprometido con la transparencia, con la manera en que estamos gastando”.

Defensores de los derechos de los inmigrantes que se oponen al 287(g) habían dicho previamente que la comisión del condado podría ser el mejor tope contra el acuerdo porque controla la relación entre Metro y la cárcel.

El Comisionado Tick Segerblom retomó ese argumento, señalando que el condado paga el 100 por ciento de los gastos de la cárcel y debe hacerlo con responsabilidad. En general eso contrasta con Metro, el cual está financiado en un 64 por ciento por el condado y el 36 por ciento por la ciudad de Las Vegas.

“Nosotros, como comisarios, tenemos la obligación de asegurar que la cárcel funcione correctamente y si están operando con los agentes del ICE, sabemos exactamente lo que están haciendo“, dijo Segerblom. “Y si no lo avalamos, debemos dar un paso y decir, 'eso no es correcto’”.

Pero el Comisionado Larry Brown dio un paso atrás, diciendo que Metro sigue a cargo de las operaciones de la cárcel a pesar de que el condado cubre los gastos. Indicó que estaría “muy reacio” a involucrarse en cuestiones operativas “a menos que violentaran los derechos civiles o cuestiones constitucionales”, y sugirió que la solución era mejorar la comunicación entre la Comisión y Metro.

“Creo que podríamos utilizar la financiación como apoyo para exigir ciertas cosas desde un punto de vista operacional desde la cárcel”, él enfatizó. “Pero entonces creo que estaríamos cruzando la línea. El sheriff fue elegido. Él y su personal ejecutivo dirigen la cárcel a través de políticas que no sólo se adoptaron a nivel estatal sino también a nivel nacional“.

Los críticos, incluyendo la ACLU, han cuestionado la constitucionalidad del proceso de detención utilizado con el acuerdo 287(g). Sin embargo, oponerse al programa ha sido políticamente riesgoso; un esfuerzo dentro de la Legislatura de 2019 controlada por Demócratas para poner más límites a las detenciones de inmigración en la cárcel despertó reacciones adversas en redes sociales y no prosperó, y otro esfuerzo para requerir más divulgación sobre las acciones tomadas bajo el acuerdo 287(g) fue rotundamente rechazado.

Jones se refirió a los riesgos políticos en la reunión del martes, diciendo que fue acusado por el sindicato de Las Vegas Police Protective Association la semana pasada de no apoyar la seguridad pública debido a las preguntas que plantó.

“Eso es ofensivo para mí”, él dijo. “Ciertamente espero que la gente, simplemente porque hago preguntas, [no diga] que yo no apoyo la seguridad pública”.