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Oficiales del Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas conversan con autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos acerca del programa 287 (g). Martes 19 de diciembre del 2017. (Foto: Luz Gray/ The Nevada Independent).

Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés que aparece en The Nevada Independent.

A casi un año de que un nuevo presidente se mudara a la Casa Blanca y, días después, ampliara las prioridades de deportación-inmigración del gobierno federal, la policía de Las Vegas sigue luchando para equilibrar el trabajo policíaco y la confianza de la comunidad.

Por un lado, la policía quiere asegurar que la gente que detiene por cometer delitos graves y que no esté legalmente en el país sea enviada de regreso a su país de origen. Por el otro, los miembros de la comunidad de Las Vegas quieren garantías por parte de la policía de que una persona indocumentada quien sea inocente no termine enredada accidentalmente en el mismo sistema que está destinado a identificar y deportar a criminales.

El estira y afloja entre esos dos deseos se hizo presente en una junta este martes por la tarde en el cuartel general de la Policía Metropolitana de Las Vegas, donde oficiales del Departamento y autoridades federales de inmigración respondieron las preguntas de más de dos docenas de activistas y otras personas involucradas con la comunidad inmigrante en Las Vegas. La discusión improvisada, parecida a un formato de debate público, surgió después de una reunión de comité entre oficiales de la Policía Metropolitana de Las Vegas y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) para hablar de su llamado acuerdo 287(g), que permite a los agentes de la policía local llevar a cabo ciertas responsabilidades federales de inmigración.

Desde que el presidente Donald Trump tomó posesión en enero, la Policía Metropolitana ha seguido dejando en claro que al departamento no le interesa encontrar y deportar residentes respetuosos de la ley que forman parte de la comunidad de Las Vegas. Su cooperación con las autoridades de inmigración sólo se basa en la cárcel, lo cual significa que el único momento en el que el estatus migratorio de una persona se debe revisar es cuando esté en el Centro de Detención del Condado Clark después de haber sido arrestado por un delito.

Pero la pregunta central que los asistentes a la reunión le plantearon a la Policía Metropolitana fue: ¿Cómo pueden asegurar que personas inocentes no sean atrapadas accidentalmente en este programa que se utiliza para deportar criminales?

Durante el gobierno de Obama, los oficiales encargados de hacer cumplir la ley fueron instruidos para que sólo los criminales indocumentados fueran una prioridad para la deportación. La orden ejecutiva que Trump firmó en enero hizo que todos los inmigrantes indocumentados sean una prioridad de deportación.

El temor de los activistas es que una persona inocente sea arrestada por un crimen del cual no es culpable y termine deportada. Si alguien que tiene estatus legal es arrestado y posteriormente se le retiran los cargos en su contra, ICE no actúa. Pero si no tienen estatus legal y los cargos se retiran, ICE puede continuar el procedimiento de deportación.

"Si tienen estatus legal en Estados Unidos — si tienen una tarjeta de residente o un no-inmigrante sigue dentro del estatus, si los cargos son retirados, no actuamos en su contra", aclaró Henry Yates, administrador del programa 287(g) para ICE. "Si están en el país ilegalmente, no necesito una convicción criminal para deportarlos".

La posición de ICE pone a la Policía Metropolitana, que no está interesa en deportar a personas inocentes, en una posición difícil. El objetivo del departamento al participar voluntariamente en el programa 287(g) es dar a sus funcionarios la autoridad para entregar a criminales sin estatus legal a las autoridades federales de inmigración y así asegurar que no reincidan.

Pero la responsabilidad del departamento termina cuando entrega a los individuos a ICE. La persona detenida ingresa al Centro de Detención del Condado Clark y, si se le identifica sin estatus legal, pasa a la custodia de ICE en 48 horas. (Yates dice que ICE ahora recoge a los internos los siete días de la semana en el centro de detención, lo cual significa que ya no tienen el problema de años anteriores, cuando la Policía Metropolitana se negó a detener a las personas más de 48 horas y advirtió que las sacaría a la calle si ICE no llegaba a tiempo).

Esto significa que la Policía Metropolitana no puede garantizar que alguien quien realmente sea inocente del delito por el que inicialmente se le detuvo no termine siendo deportado.

Sin embargo, el Jefe Adjunto Richard Forbus, quien pronto pasará a hacerse cargo de la División de Servicios del Centro de Detención de la Policía Metropolitana, dijo en la reunión que las personas que ingresen al Centro de Detención del Condado Clark son "delincuentes de alto nivel". Señaló que una persona con una multa de tránsito nunca entrará en contacto con el sistema 287(g).

Además, como el programa 287(g) está totalmente basado en la cárcel, ningún agente de la Policía Metropolitana en las calles tiene la facultad de aplicar las leyes de inmigración, a diferencia de las patrullas de inmigración del ex Sheriff del Condado de Maricopa Joe Arpaio, quien fue declarado culpable de desacato penal — y luego indultado por el Presidente Trump— por desobedecer una orden judicial de poner fin al perfil racial de latinos durante paradas de tránsito.  

"No somos el programa de Arpaio”, afirmó Forbus. "Nunca lo hemos sido".

Al mismo tiempo, quienes están involucrados con la comunidad inmigrante de Nevada todavía se sienten un tanto recelosos ante un departamento que opta voluntariamente por apoyar a las autoridades de inmigración federal, a pesar de las garantías del departamento.

"¿Cómo podemos estar seguros de que la Policía Metropolitana seguirá las prioridades de Las Vegas en lugar de las prioridades de ICE?" Cuestionó Michael Kagan, director de la clínica de inmigración en la facultad de derecho de la UNLV.

Una persona incluso planteó la inquietud de que no todos los agentes de la Policía Metropolitana estén cumpliendo las prioridades de Metro. Alicia Contreras, directora estatal en Nevada de Mi Familia Vota, dijo en la reunión que el 5 de diciembre un agente de la Policía Metropolitana le preguntó su estatus migratorio y le pidió su número de Seguridad Social, lo cual se supone que los agentes no deben hacer.

En una entrevista realizada después de la reunión, Contreras dijo que ella y otras personas estaban tratando de reunirse con funcionarios de la oficina del Senador Dean Heller en Las Vegas cuando llegó la Policía Metropolitana. Contreras dijo que ella y las otras personas cumplieron las peticiones de los oficiales y les entregaron su licencia de conducir, pero que entonces los policías les preguntaron su estatus migratorio, si eran DREAMers y les pidieron su número de Seguro Social.

"Nosotros no obedecimos, porque conocemos nuestros derechos, pero nuestra preocupación es que los demás no conozcan sus derechos, y que eso podría pasarle a la comunidad", comentó Contreras.

Forbus expresó preocupación después de oír la historia de Contreras en la reunión y le pidió que dejara su información para que la Policía Metropolitana investigue el incidente. Sin embargo, Contreras dijo que no quedó satisfecha con la respuesta que se le dio en la reunión y dijo que le preocupa que el departamento no está haciendo lo suficiente para asegurar que los oficiales no pregunten el estatus migratorio en las calles.

"Creo que la Policía Metropolitana, la mayoría de las veces, hace un trabajo relativamente bueno",  señaló Contreras. "Sin embargo, resulta muy alarmante cuando la policía entra en un escenario en el que empeora y no calma una situación".

Los asistentes también expresaron preocupación de que la Policía Metropolitana está trabajando para incorporar a otros siete agentes 287(g) de medio tiempo, además de los cuatro de tiempo completo que ya trabajan en el programa, el cual genera un gasto de 500,000 dólares en sueldos y beneficios al Departamento.

Oficiales del Departamento explicaron que el programa tenía 11 agentes pero lentamente perdió a algunos de ellos por el desgaste. Los siete agentes de medio tiempo garantizarán una cobertura las 24 horas del día y los siete días de la semana, lo que actualmente no siempre es posible lograr con cuatro oficiales en servicio.

A pesar de las preocupaciones actuales acerca del programa 287(g), los agentes de la Policía Metropolitana enfatizaron su deseo de tener una relación positiva con la comunidad inmigrante, y destacaron a la Academia Civil Hispana de la Policía Metropolitana, que tiene como objetivo que los hispanos de Las Vegas aprendan acerca de las leyes y las operaciones de la policía. Forbus resaltó ante a los asistentes que la Policía Metropolitana está "para servir a la comunidad" y que las personas no tienen nada que temer al denunciar un delito.

"No tengan miedo de llamar", dijo Forbus. "No tengan temor de llamarnos para que podamos ayudarles".

 

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