A principios de junio, el Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas, popularmente conocido como Metro, reveló que estaba estableciendo un acuerdo formal con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). 

Pero hasta ahora no estaba claro cuándo solicitó Metro unirse al llamado programa 287 (g), que es voluntario.

Una copia del acuerdo, que The Nevada Independent obtuvo a través de una solicitud de registros públicos, muestra que el alguacil Kevin McMahill firmó el documento el 30 de mayo — un día después de que la administración del Presidente Donald Trump incluyó a Las Vegas en una lista de supuestas “jurisdicciones santuario”. Un funcionario de ICE aprobó el convenio el 16 de junio, casi dos semanas después. 

Esa lista, que posteriormente eliminó el Departamento de Seguridad Nacional, generó el rechazo de la Alcaldesa de Las Vegas, Shelley Berkley, y del Gobernador Republicano Joe Lombardo, quienes dijeron en un comunicado que “la Ciudad de Las Vegas no es una jurisdicción santuario”.

Dos semanas después, Metro, la mayor agencia policial del estado, firmó oficialmente el acuerdo 287(g), que permite a oficiales de la Policía Metropolitana retener a personas indocumentadas dos días más para que ICE las tome en custodia para una detención más prolongada. 

El acuerdo requiere que el personal de Metro que participe en el programa, informe a ICE todos los encuentros con personas que aseveren tener ciudadanía estadounidense, reporte que debe ser emitido dentro de una hora después del reclamo.

Metro no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios acerca cuándo se firmó el acuerdo, ni si se trataba de una respuesta directa a que se incluyó a Las Vegas en la lista de jurisdicciones santuario.

No está claro si el que Metro haya suspendido su acuerdo 287(g) con ICE en 2019 fue razón para que Las Vegas fuera designada como santuario. ICE y Metro no han entregado ninguna correspondencia acerca de la inclusión de Las Vegas en la lista.

Aunque actualmente Nevada no tiene leyes estatales ni locales que prohíban la cooperación con agentes federales de inmigración, la designación de "santuario" podría haber puesto en riesgo millones de dólares en fondos federales como resultado de una reciente orden ejecutiva de Trump.

McMahill ha declarado que Metro se arriesgó a perder cerca de $30 millones en fondos para programas y personal si se consideraba que no estaba en cumplimiento.

"Esperamos tener conversaciones a nivel federal para aclarar este malentendido", dijo con anterioridad a The Nevada Independent el portavoz de la Ciudad de Las Vegas, David Riggleman.

La solicitud de unirse al 287(g) marcó un cambio para McMahill, quien había dicho que Metro solo entraría en un acuerdo como ese si el gobierno federal aprobaba una ley que requiriera que así lo hiciera la agencia. 

Anteriormente, Metro notificaba a ICE acerca de inmigrantes acusados ​​de ciertos delitos y su fecha de liberación, lo que daba la oportunidad a ICE de tomarlos bajo custodia.

Sin embargo, en una entrevista reciente con Canal 8, poco después de firmar el acuerdo, McMahill expresó que ya no quería delincuentes indocumentados "en mi comunidad".

Sadmira Ramic, abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Nevada, señaló que el acuerdo podría perjudicar la confianza entre el público y la policía. Ella añadió que era razonable suponer que la presión de la administración Trump motivó a Metro a firmar el acuerdo.

“Está creando pánico”, dijo Ramic a The Nevada Independent.

Ramic también expresó su preocupación por una cláusula del acuerdo que obliga a funcionarios a "reportar inmediatamente a ICE todo encuentro con afirmaciones o argumentos sobre ciudadanía estadounidense". 

La abogada agregó que ese texto tan general podría aumentar la posibilidad de que ciudadanos estadounidenses queden involucrados en actividades de control migratorio.

“La forma en que interpreto esto es … si ellos creen de alguna manera que esta persona no es ciudadana estadounidense, o que ha cometido una violación migratoria; aunque no está claro cómo se determinaría eso a partir de este acuerdo, que tienen que llamar a ICE”, dijo Ramic.

Si bien el acuerdo de Metro se apega a una redacción estandarizada, los documentos obtenidos por este medio de comunicación proporcionan detalles adicionales sobre cómo funcionará el 287(g) para Metro. 

Aunque ICE proveerá instructores y materiales de capacitación, Metro seguirá siendo responsable de los salarios y beneficios — incluyendo horas extras — del personal involucrado en el 287(g). La agencia policial también cubrirá cualquier costo de transportación local.