Un juez de la Corte de Carson City dictaminó que el sospechoso de cuatro asesinatos en el Norte de Nevada ahora deberá ser trasladado a una jurisdicción diferente; pero latinos en el área siguen afectados por el hecho, que sacudió la paz de su comunidad.

Así lo conoció la mañana de este viernes el presunto responsable de los crímenes, Wilber Martínez Guzmán, quien escoltado por dos oficiales de policía, y acompañado por una traductora, se presentó ante el juez para su audiencia preliminar.

Martínez Guzmán, quien desde mediados de enero se encuentra en la cárcel de Carson City, enfrenta cargos relacionados con robo a propiedad en esa zona; pero aún le esperan otros mayores en la corte del Condado Washoe por los asesinatos que presuntamente cometió.

Melanie Brantingham, fiscal adjunta de distrito, indicó este viernes a reporteros que las familias de las víctimas solicitaron el traslado de Martínez Guzmán a esa jurisdicción para que las autoridades den prioridad al caso de los asesinatos, en lugar de que permanezca en la cárcel de Carson City en espera de su proceso por los cargos de robo.

El caso de Martínez Guzmán, de 20 años e inmigrante de El Salvador, atrajo la atención nacional cuando Trump lo citó en sus redes sociales y lo usó en su Informe de Gobierno este martes para reforzar su petición de que el Congreso otorgue $5.7 mil millones de dólares para construir un muro en la frontera con México.

Luego de reabrir el gobierno federal tras 35 días del paro más largo en la historia de los Estados Unidos, Trump insistió en que el muro ayudará a controlar la inmigración ilegal y la delincuencia.

“En pocas palabras, los muros funcionan y los muros salvan vidas”, afirmó Trump.

El primer mandatario, además, invitó a su informe a Debra Bissell, Heather Armstrong y Madison Armstrong, la hija, nieta y bisnieta, respectivamente, de Gerald y Sharon David, quienes fueron asesinados en su casa de Reno el mes pasado.

Aunque Martínez Guzmán, quien trabajó para una empresa de jardinería utilizada por los David, obtuvo una fianza de $500,000 dólares ordenada por el juez, la opción no está a su alcance porque también ha sido acusado de entrar ilegalmente al país.

“Nunca lo olvidaré, y lucharé por la memoria de Gerald y Sharon, para que esto nunca vuelva a ocurrir”, dijo Trump en su discurso. “Ninguna vida estadounidense debe perderse porque nuestro país no logra controlar su muy peligrosa frontera”.

Pero los puntos de vista a nivel local acerca del caso no necesariamente coinciden con la manera en la que Trump lo presentó en su Informe de Gobierno este martes.

Residente de Carson City desde hace 12 años, Olivia, quien declinó dar su apellido durante una entrevista, dijo que se trataba de un hecho sin precedentes en la zona y que no solamente afectaba a los latinos, ya que la comunidad en general está en riesgo.

Olivia también consideró que la mención del caso a nivel nacional era producto de una campaña de Trump y que no se puede señalar a nadie mientras no exista suficiente evidencia.

“Solamente las investigaciones… no acusamos a nadie sin pruebas”, dijo.

Pero Orlando Gómez, quien ha vivido en Carson City desde 1989, comentó que la situación sí ha afectado a la comunidad del área, incluyendo a los latinos, ya que a él se le hizo difícil creer que los asesinatos hubieran sido presuntamente cometidos por un miembro de esa comunidad.

Gómez señaló también que ahora él ha tomado nuevas precauciones, como asegurarse de cerrar las puertas de su casa y de su auto.

“Es un shock. Nunca me imaginé que fuera un latino. Yo creo que sí nos miran diferente, y es entendible”, dijo. “Hasta yo. Si miras a un latino, ‘oh, s*** ¿Qué trae, o qué puede hacer?’ Ya no es igual”.

Gómez, de origen salvadoreño, consideró que si bien casos como el de Martínez Guzmán eran excepcionales a nivel local, de todas formas Trump los está usando a su favor.

“Él usa esta clase de información, esta clase de situaciones, para su propia agenda”, dijo.

Martínez Guzmán no se ha declarado culpable.