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La banda de Cheyenne High School se presenta durante el evento "Ganar el Censo", en el anfiteatro del edificio gubernamental del Condado Clark el jueves 12 de marzo del 2020. (Foto: Jeff Scheid / The Nevada Independent).

Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés que aparece en The Nevada Independent.

Una corte federal detuvo una orden de la Administración Trump para excluir del censo a inmigrantes indocumentados, lo que generó alivio para quienes estaban preocupados de que se viera afectada la representación de los estados en el Congreso, y se hubiera desalentado la participación de los inmigrantes en el conteo.

Un panel de tres jueces federales para el Distrito Sur de Nueva York dictaminó de manera unánime este jueves que el memorando del Presidente Donald Trump para retener el número de inmigrantes indocumentados del actual conteo del censo era una extralimitación de poder. Nevada tiene la proporción más alta de inmigrantes indocumentados en la unión americana, representando el 7 por ciento de la población en 2016, de acuerdo con un reporte del Pew Research Center publicado en el 2019.

En una de las dos demandas presentadas contra el presidente, la corte emitió un requerimiento judicial para detener la orden, citando ramificaciones que "podrían resonar durante una década".

"Declaramos que el Memorando Presidencial es un ejercicio ilegal de la autoridad otorgada al presidente por ley", se lee en el fallo.

El Fiscal General de Nevada Aaron Ford, quien se unió a una coalición de más de 35 estados, ciudades y condados y a la Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos que demandó al presidente a fines de julio, anunció este viernes en un tuit la decisión de la corte.

"Como dije antes, TODOS cuentan", tuiteó Ford.

El memorando ordenó al Secretario de Comercio, Wilbur Ross, jefe de la agencia que supervisa la Oficina del Censo de los Estados Unidos, que presentara a Trump el recuento de toda la población de los EE. UU. Y el conteo de la población excluyendo a quienes "no tienen un estatus migratorio legal" para que se usara en las distribuciones del Congreso; que es un proceso para dividir los 435 escaños de la Cámara de Representantes cada 10 años con base en los resultados del censo.

Trump argumentó en el memorando que excluir a los inmigrantes indocumentados de las cifras que determinan las distribuciones era más consistente con los principios de una democracia representativa.

Los demandantes argumentaron que la orden es inconstitucional, violando la protección de la Decimocuarta Enmienda de que a "todas las personas nacidas o naturalizadas" en los Estados Unidos no se les pueden negar sus derechos; en la cual la Corte Suprema ha incluido históricamente inmigrantes indocumentados en esta categoría.

Los demandantes también argumentaron que excluir a inmigrantes indocumentados afectaría negativamente las distribuciones para los estados.

Un reporte del Pew Research Center estima que California, Texas y Florida probablemente perderían un escaño en la Cámara de Representantes si los inmigrantes indocumentados no se incluyen en el recuento de aprobaciones. Alabama, Ohio y Minnesota podrían conservar un escaño que habrían perdido. En cualquier caso no se espera que Nevada obtenga un asiento en el Congreso.

Líderes de organizaciones no lucrativas señalan que el memorando ha llevado a que muchos inmigrantes indocumentados tengan temor de llenar el censo o se nieguen a completarlo porque piensan que la información se llegue a usar en su contra, y porque sienten que no tiene caso participar si no serán tomados en cuenta para las distribuciones, indicó el dictamen.

Los documentos judiciales establecen que esta desconfianza se extiende a todos los no ciudadanos y sus familias y puede causar un censo inexacto.

Varios estados han tenido que financiar campañas adicionales de educación para abordar la confusión del memorando y la información errónea sobre el censo, según la regla. Recuentos inexactos afectarían la asignación de fondos no solo a nivel nacional, sino también a nivel estatal; ya que algunos estados usan datos del censo para asignar fondos a condados y ciudades.

El censo está programado para terminar el 30 de septiembre, un mes antes de lo esperado, pero las demandas por el cambio de fecha límite anunciadas a principios de agosto han detenido la terminación de recopilación de datos al menos hasta una audiencia este 17 de septiembre.

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