Este reporte fue editado para brevedad a partir de su versión original en inglés.

El Departamento de Justicia (DOJ) anunció en junio que buscaría revocar la ciudadanía estadounidense de una residente de Nevada quien la pidió bajo una identidad falsa y no reveló en su solicitud de naturalización del 2010 que ya había solicitado beneficios migratorios. 

El caso marca el primer esfuerzo de retiro de ciudadanía en el estado por parte del DOJ en más de dos décadas, según la organización no partidista Centro de Información sobre Registros de Transacciones.

Lo anterior forma parte de un impulso más amplio del Presidente Donald Trump para extender las acciones de revocación de ciudadanía — una táctica poco común enfocada en retirarla a quienes mintieron en sus solicitudes o tienen antecedentes penales graves. 

Desde el inicio del mandato de Trump, se ha presentado un récord de 123 quejas de cancelación de ciudadanía en cada estado.  

Esos esfuerzos se empezaron a hacer evidentes este verano en Nevada, que tiene una de las poblaciones nacidas en el extranjero más grandes per cápita.  

En septiembre, la Primera Fiscal Adjunta de los EE.UU. en Nevada, Sigal Chattah, indicó que su oficina buscaba revocar la ciudadanía de otro residente naturalizado de Nevada quien no reveló su historial de agresión sexual cuando solicitó la ciudadanía en 2018.  

Chattah también publicó en la red social X que su oficina "investigará y procesará con firmeza a quienes recurran al engaño para obtener estos derechos fundamentales".

Hasta ahora, los dos casos presentados en Nevada coinciden con la afirmación del gobierno federal de enfocarse en delincuentes violentos, miembros de pandillas y personas que mintieron en sus solicitudes de ciudadanía. 

Pero a algunos especialistas en derecho y defensores les preocupa el potencial de abuso y señalan que este impulso tiene un "matiz político".

Muzaffar Chishti, investigador principal del centro de estudios no partidista Instituto de Políticas Migratorias, señaló que la revocación de ciudadanía es una parte "sumamente integral" de la agenda migratoria de Trump y que se ha vuelto cada vez más politizada bajo su gobierno.

La fiscalía federal de Nevada no respondió si la cancelación de ciudadanía será una prioridad, a cuántos casos ha dado seguimiento, o cómo coordina esos esfuerzos con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los EE.UU.  

En respuesta a una solicitud de comentarios, una portavoz de la agencia dijo que la denuncia presentada en junio contra la residente de Nevada alega "varias imprecisiones y actos ilícitos que reflejan negativamente su carácter moral".  

¿Cómo se revoca la ciudadanía? 

El proceso es complejo y requiere que el gobierno federal tenga "pruebas más allá de toda duda razonable" de que alguien violó las leyes contra el fraude en la naturalización.

Eso incluye obtener la ciudadanía sin cumplir los requisitos, como vivir en los EE.UU. por un periodo requerido, o falsificación deliberada de hechos que habrían afectado que se concediera la naturalización.

También se puede retirar la ciudadanía a quien la haya obtenido mediante servicio militar pero no recibió una baja honorable, o si es miembro del Partido Comunista.

Para iniciar un proceso de cancelación, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los EE.UU. primero debe recomendar al DOJ que se revoque el estatus de una persona por motivos penales o civiles. Después, los fiscales, incluyendo los federales, pueden decidir presentar la queja en un tribunal federal. Estos casos suelen tardar años y se pueden extender a lo largo de varias administraciones presidenciales.

Debido a esa complejidad, Michael Kagan, director ejecutivo de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV), dijo que no le preocupa mucho que ciudadanos naturalizados terminen en las iniciativas de revocación por parte del gobierno federal.

Kagan comparó estos esfuerzos con una "guerra psicológica" destinada a generar incertidumbre entre los ciudadanos naturalizados acerca de su estatus legal.

"La revocación de la ciudadanía, desde el punto de vista legal, es un procedimiento muy limitado que se usa solo en circunstancias verdaderamente excepcionales", dijo Kagan. "Aunque ha habido un aumento de casos en todo el país, desalentaría a la mayoría de los ciudadanos naturalizados a que sientan algún tipo de pánico por esto."  

Kagan agregó que los dos casos en Nevada fueron "llamativos" y reflejan el tipo de instancias a las que normalmente se daba seguimiento bajo gobiernos anteriores. 

En el primer caso, la acusada solicitó la ciudadanía varias veces usando distintos nombres, y el segundo involucró a un hombre con varios cargos de agresión a los que se declaró culpable en 2024. Debido a que los casos fueron presentados recientemente, Kagan indicó que no está claro si los acusados los están apelando.   

Otro asunto que Kagan mencionó es que los acusados en casos civiles, como la mujer del caso de junio, no tienen derecho a que se les asigne un abogado si no pueden pagar uno. 

Los casos civiles tampoco tienen un plazo de caducidad, lo que significa que una denuncia se puede presentar décadas después del presunto delito. Esto podría tener implicaciones significativas para los acusados: En el caso de la mujer de Nevada quien solicitó la ciudadanía con un nombre falso, también podría afectar la ciudadanía de su hijo, para quien ella presentó una petición.  

"Creo que quieren que los ciudadanos naturalizados se sientan como si no fueran bienvenidos, inquietos e inseguros", dijo Kagan. "El carácter sagrado de la ciudadanía es fundamental, y no deberías tener que sentir ansiedad por tu ciudadanía".

Una editora de The Nevada Independent en Español tradujo esta noticia con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.