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Un atardecer en las Montañas Ruby visto desde Elko el martes 6 de febrero del 2018. (Foto: Jeff Scheid / The Nevada Independent).

Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés publicada en The Nevada Independent.

Eloisa Mendoza, quien dirige Elko Hispanic Services, está acostumbrada a días lentos y constantes en su oficina, donde ayuda con trámites de inmigración y traducciones a miembros de la comunidad inmigrante latina.

Eso cambió repentinamente en el 2018, cuando varios de sus clientes se empezaron a presentar en su oficina, preocupados porque no estaban recibiendo por correo sus tarjetas de residencia permanente, visas y permisos de trabajo.

“Fue una pesadilla, en verdad lo fue”, dijo Mendoza.

También parece haber sido algo intencional. 

Cuando empezaron a averiguar, los miembros de la comunidad y Mendoza identificaron un factor común mediante el número de rastreo de los envíos: los documentos federales llegaron a la oficina de correos de Salt Lake City, Utah, pero nunca fueron entregados a la oficina postal de Elko.

El lapso creó confusión y pánico e incluso a algunas personas les costó su empleo y hasta $1,000 dólares en tarifas adicionales de solicitudes.

Citando la falta de asesoría o guía de la oficina de correos de Elko y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), Mendoza se comunicó con la oficina de la Senadora Demócrata por Nevada Catherine Cortez Masto para exponer la situación; con algunas denuncias que datan de septiembre del 2017.

Una carta con fecha de junio de 2020 de la Oficina del Inspector General dirigida a la oficina de la Senadora, explica que ya se había iniciado una investigación y se determinó que una empleada de la oficina postal en Salt Lake City desechó intencionalmente los documentos federales de inmigración que se habían extraviado.

La empleada acusada, Diana K. Molyneux, fue expulsada inmediatamente del trabajo y el caso fue retomado por la oficina del fiscal federal del Distrito de Utah.

La empleada fue acusada formalmente de dos cargos de retraso o destrucción del correo, y un juicio de caso penal está pendiente después de que este 6 de abril se canceló una audiencia debido a la pandemia del COVID-19. Por ahora no se ha anunciado una nueva fecha.

“Me complace ver que el inspector general estuvo al tanto”, dijo Cortez Masto en una entrevista con The Nevada Independent. "Hicieron una investigación exhaustiva".

La pena por el delito que viola el Título 18 Sección 1703 del Código de los Estados Unidos, incluye una multa o encarcelamiento que no exceda los cinco años, o ambas sanciones.

La abogada principal de Molyneux, Wendy Lewis, dijo en un correo electrónico a The Nevada Independent que su cliente se ha declarado no culpable de los cargos, pero no respondió a una solicitud de comentarios acerca del motivo de las supuestas acciones de su cliente.

Mendoza dijo que se sintió aliviada al ver que el caso se resolvió, pero no sin antes haberle causado estrés a miembros de la comunidad y a ella.

“Fue desgarrador”, dijo Mendoza. “Ver su estrés me estresó y hubiera querido tener una varita mágica y haber podido arreglarlo, pero no fue así. Mi prioridad fue ayudar a estas personas ... a calmarlas, y entonces, para calmarlas, tuve que calmarme yo y decir: 'OK,, sabes qué, aquí hay una solución, lo podemos hacer”.

El daño estaba hecho

Solicitantes por primera vez de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) se vieron especialmente afectados porque el programa fue revocado el mismo mes en que se presentaron las primeras quejas en septiembre de 2017, y aún no han podido presentar la solicitud de nuevo.

“Algunos de estos jóvenes nunca se pudieron recuperar”, dijo Mendoza. "Todavía están a la espera, tratando de encontrar una manera de trabajar legalmente aquí en los Estados Unidos ... dos años después y todavía estamos luchando para ver cómo pueden obtener su permiso para trabajar".

El número exacto de personas afectadas es incierto, pero Mendoza dijo que trabajó con al menos 60 en su área y estimó que "cientos y cientos" de correos deben haber sido desechados por la empleada de la oficina postal antes de ser detectados.

Un representante de la oficina de la Senadora Cortez Masto dijo que la legisladora recibió quejas de dos docenas de electores en Elko.

Esperanza García Ayala, de 27 años, una beneficiaria de DACA quien ha vivido en Elko durante 13 años, estuvo entre los afectados.

Esperanza Garcia Ayala junto a la Senadora Demócrata por Nevada Catherine Cortez Masto durante el viaje de la senadora a Elko, donde inmigrantes latinos hablaron con ella acerca de los documentos perdidos en 2018. (Foto cortesía de García Ayala).

Aunque solicitó dos veces la renovación de DACA en el mismo año, lo que costó $500 adicionales, todavía no ha recibido su tarjeta de autorización de empleo a tiempo para mantener su trabajo como especialista en desarrollo en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de la División de Servicios para Adultos Mayores y Discapacitados de Nevada.

García Ayala había estado trabajando con niños menores de 3 años con retraso en su desarrollo o discapacidades, sin costo para sus familias.

Una compañera de trabajo le sugirió que se pusiera en contacto con la oficina de Cortez Masto para obtener ayuda.

“Estaba muy indecisa, estaba muy asustada”, dijo García Ayala. "Cuando se trata de estos temas, realmente no quieres hablarlos tan abiertamente ... simplemente no sabes qué va a pensar la gente".

Cortez Masto destacó la importancia de escuchar a los electores.

“Por eso es tan importante que la gente se comunique con mi oficina”, dijo. “El objetivo y la prioridad de mi oficina son los servicios a los votantes, ayudar a los nevadenses y a las personas en nuestro estado, asegurándonos de que obtengan el apoyo que necesitan donde podamos brindarlo a nivel federal”.

Un representante de la Senadora pudo apoyar a García Ayala para que solicitara otro permiso del USCIS, que esta vez deberá entregarse a la oficina de correos de Reno, y así, por fin, pudo volver a solicitar su puesto laboral después de dos meses de estar desempleada y perder sus ingresos.

Hace poco García Ayala se convirtió en madre y está en proceso de solicitar una visa de residencia permanente, misma que, como mencionó, requiere mucho tiempo y dinero, sobre todo considerando la controversia reciente del aumento de tarifas implementado por el USCIS.

Mendoza sigue ayudando a la comunidad hispana de Elko y recuerda la responsabilidad que sintió durante este tiempo.

“Estoy agradecida de que la comunidad hispana tuvo la suficiente fe en mí para que vinieran aquí y tuvieran fe de que podríamos encontrar la solución juntos”, dijo Mendoza.

USA v. Diana K. Molyneux by Jazmin on Scribd

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