Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés que aparece en la página de The Nevada Independent.

Una regla propuesta por la administración Trump que podría poner en riesgo a que inmigrantes que reciben beneficios públicos pierdan su estatus legal está teniendo un “efecto desalentador” para quienes desean comprar un seguro de salud en el mercado estatal, dijo la semana pasada su directora ejecutiva.

Funcionarios del mercado estatal de seguros explican que este año algunos inmigrantes están eligiendo ya sea renunciar a la compra de un seguro de salud, o están pagando cientos de dólares en primas no subsidiadas por temor a que recibir subsidios en el seguro de gastos médicos de parte del gobierno podría poner en riesgo su capacidad de permanecer en el país legalmente.

En octubre la administración Trump anunció un borrador de la regla de “carga pública” que penalizaría a inmigrantes legales por recibir ayuda de programas financiados por los contribuyentes, incluyendo Medicaid y el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP) [conocido también popularmente como programa de estampillas] pero no por los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

El mercado no tiene una cifra exacta de cuántos inmigrantes han sido disuadidos a la hora de comprar pólizas o aceptar subsidios, pero ha reunido informes anecdóticos basados en llamadas recibidas a través de su centro de atención telefónica y en informes de organizaciones asociadas.

Pero Heather Korbulic, directora ejecutiva del mercado de seguros, dijo que la mayoría de las personas se han sentido cómodas al inscribirse una vez que entienden que los subsidios del mercado no están incluidos en el borrador de la regla.

"Me da alivio que la mayoría de las personas solo están confundidas, y una vez que entienden que nuestros subsidios no están incluidos, se sienten cómodos al inscribirse", dijo Korublic. "Pero eso requiere cierta asistencia en persona".

Rosa Alejandre, gerente del programa navegador del mercado de seguros, dijo que el mercado está trabajando para contrarrestar cualquier miedo o malentendido por medio de resaltar que recibir subsidios a través del mercado no descalifica a nadie a la hora de obtener o renovar su estatus legal.

“Creo que parte de la confusión que ha habido es que algunos consumidores están pensando que los planes de compra son parte de los beneficios públicos, y realmente queremos aclarar en ese respecto”, dijo Alejandre. “Las pólizas no son afectadas por la regla de carga pública”.

El mercado de seguros de salud, que inició su período de inscripción este 1 de noviembre y finaliza el 15 de diciembre, está considerando añadir información en sus páginas de Internet en inglés y en español para enfatizar este punto y está planeando informar a los agentes de seguros médicos para recordarles que los subsidios del mercado no están incluidos en la regla propuesta.

El borrador de la regla, publicado el 10 de octubre por el Departamento de Seguridad Nacional, propone ampliar la definición existente de lo que el gobierno considera una “carga pública” — en otras palabras, alguien que probablemente se convierta en dependiente del gobierno federal al recibir asistencia — para determinar si un inmigrante debe ser admitido en los Estados Unidos, prolongar su estancia o ser aprobado para convertirse en residente legal permanente a través de una tarjeta verde o green card. (Algunos inmigrantes, incluyendo refugiados y asilados, están exentos de ser considerados una carga pública).

Las autoridades de inmigración actualmente deben considerar una variedad de factores para determinar si es probable que alguien se convierta en una carga pública, incluyendo, como mínimo, la edad del individuo, su salud, situación familiar, bienes, nivel académico y habilidades.

Para formular su fallo, entre esos factores, los funcionarios de inmigración también observan si un inmigrante está recibiendo ayuda de cualquier programa de beneficios en efectivo — incluyendo la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) [conocido popularmente como welfare] el Ingreso Suplementario del Seguro Social (SSI) o cualquier otro programa federal, estatal o local de beneficios en efectivo.

En virtud de la regla propuesta, alguien puede ser considerado automáticamente una carga pública si él o ella recibe uno o más beneficios públicos, y el Estado amplía la definición de tales beneficios para incluir no sólo los programas de asistencia en efectivo, sino Medicaid en casos de no emergencia, el Programa de Subsidio de Bajos Recursos Parte D de Medicare, SNAP, y varios programas de vivienda.

La norma propuesta no incluye subsidios recibidos para adquirir un seguro a través del mercado de los seguros médicos o beneficios recibidos mediante el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP). Asimismo, la norma sólo aplica a las prestaciones que recibió un inmigrante y no a las que obtuvieron otros miembros de su familia, incluyendo los niños.

La propuesta también amplía las categorías de inmigrantes sujetos a la regla de carga pública para quienes tratan de ingresar legalmente a los Estados Unidos o solicitan una tarjeta de residencia y también para quienes buscan extender una visa vigente o cambiar de visa.

La regla está siendo sometida a un período de comentarios de 60 días que terminará el 10 de diciembre.

“Sigue siendo una regla propuesta”, aclaró Alejandre. “Nada ha cambiado, y tenemos que seguir adelante con lo que está vigente actualmente”.