Un juez de un tribunal federal de Las Vegas ordenó suspender, al menos hasta octubre, una ejecución programada para julio, diciendo que el acusado merece más tiempo para evaluar si el método de muerte viola sus derechos constitucionales. 

El juez Richard Boulware dijo que, debido a que el Departamento de Correccionales de Nevada (NDOC) tenía tres meses para establecer protocolos para la ejecución de Zane Floyd, Floyd debería tener al menos ese tiempo para considerar si el proceso viola la protección de la Octava Enmienda contra castigos crueles e inusuales.

Floyd, quien fue condenado por matar a cuatro personas y herir a una quinta dentro de una supermercado de Las Vegas en 1999, originalmente iba a ser condenado a muerte este 26 de julio. La suspensión de la corte federal retrasa esa fecha al menos hasta la semana de octubre 18.

Charles Daniels, director del NDOC, dijo que la agencia había presentado ocho diferentes protocolos de inyección letal para tener en cuenta las próximas fechas de caducidad de ciertos medicamentos.

El abogado de Floyd argumentó que, como uno de los fármacos incluidos en los protocolos, la ketamina, se usaría por primera vez en una ejecución, necesitaban más tiempo para considerar la inyección experimental.

Si la ejecución se lleva a cabo, será la primera en Nevada desde 2006. Otra ejecución que estaba programada para 2018 se retrasó en medio de fuertes desafíos legales de compañías farmacéuticas que no querían que sus productos se usaran para la pena capital. El acusado, Scott Dozier, murió por suicidio a principios de 2019.

Daniels dijo que los costos podrían aumentar debido al retraso de una ejecución y agregó que esa demora también podría permitir más tiempo para que NDOC lleve a cabo capacitaciones de personal, dijo Daniels.

La presión del gobierno para condenar a muerte a Floyd se produce pocos meses después de que la Asamblea aprobó un proyecto de ley para eliminar la pena de muerte en Nevada.

La iniciativa avanzó más de lo que ha ocurrido en 20 años de esfuerzos por terminar con la pena capital, pero terminó siendo descartada sin una audiencia en el Senado, después de que el Gobernador Steve Sisolak expresó su preocupación por eliminar la opción de castigo en casos extremos y dijo que el proyecto de ley no tenía camino a seguir.

Las compañías farmacéuticas se están preparando para una pelea similar a la que hubo hace tres años con el caso de Dozier.

En una carta a la fiscalía general de Nevada, la farmacéutica multinacional Hikma está pidiendo que devuelva inmediatamente todos los productos dentro de siete días hábiles y que se confirme por escrito que el NDOC no usará ni intentará usar los medicamentos para aplicar la pena capital.

La Ketamina, también conocida como Special K, es un anestésico de uso frecuente en entornos veterinarios cuyos efectos lo convierten en un fármaco de abuso común. Hikma dice que los fiscales generales o los gobernadores estatales deben firmar una declaración jurada, certificando bajo pena de perjurio que no se utilizará para la pena capital.

Hikma alega que el estado es muy consciente de la oposición de la empresa al uso de sus productos para aplicar la pena de muerte, y que el gobierno estatal "obtuvo clandestinamente la Ketamina de Hikma para usarla en una ejecución", lo que violó la ley estatal y federal.

"El Estado de Nevada está intentando nuevamente usar la medicina de una manera ilegal para efectuar una forma brutal de justicia", dijo en un comunicado Jen Shomshor, abogada de la Unión Americana para las Libertades Civiles de Nevada (ACLU). "Productos farmacéuticos como este se desarrollaron para ayudar a salvar vidas".