Una jueza criticó el viernes la respuesta del Departamento de Vehículos Motorizados de Nevada (DMV) a solicitudes de registros públicos relacionados con las comunicaciones de esa agencia con funcionarios federales de inmigración, ordenando que proporcione todos los documentos sin redactar para revisarlos y declaraciones juradas sobre su proceso de búsqueda de registros.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles Nevada (ACLU)  presentó una demanda en agosto argumentando que el DMV no divulgó registros públicos relacionados con interacciones con oficiales de inmigración. 

El DMV tardó meses en responder a la solicitud de la ACLU, y el grupo dice que finalmente entregó documentos muy censurados o incompletos sin explicaciones específicas de por qué se omitió cierta información.

La información incompleta plantea más interrogantes acerca de qué datos podría compartir el DMV con funcionarios de inmigración. La agencia tiene prohibido compartir información personal con fines de control migratorio federal según una ley de 2023 (AB407).

Nevada es uno de 19 estados que permiten a personas indocumentadas obtener tarjetas de autorización de manejo, que otorgan privilegios de conducir a quienes no pueden cumplir con los requisitos de identidad para una licencia estándar. No está claro si las comunicaciones eran acerca de tarjetas de autorización de manejo debido a los mensajes censurados, dijo previamente a The Nevada Independent Athar Haseebullah, director ejecutivo de la ACLU Nevada.

La jueza de Carson City, Kristin Luis, también ordenó declaraciones sobre el uso del DMV de la aplicación de mensajería cifrada Signal — que borra los mensajes automáticamente, una práctica que podría violar la ley estatal que requiere el mantenimiento de registros públicos — mencionado en uno de los registros. Luis indicó que todos esos documentos se deberán entregar antes del próximo viernes.

El DMV argumentó que compartió toda la información que encontró en su búsqueda de registros y que cualquier información confidencial fue redactada.

Pero Luis dijo el viernes que “en mi revisión de las redacciones, no lo entiendo”.

Anteriormente, el DMV declaró no haberse comunicado con funcionarios de inmigración, pero registros muestran correspondencia con funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La fiscalía general, que representa al DMV, indicó desconocer cómo la agencia determinó que no interactúa con funcionarios de inmigración.

“Alguien tiene que dejar registrado jurando o afirmando que esto es lo que han hecho, que estos son los pasos que han dado”, dijo Luis. “Me preocupa cómo hemos llegado a esta situación después de la declaración inicial de que ‘no nos comunicamos con inmigración’, y luego tenemos documentos que dicen lo contrario”.

La ACLU también pidió sanciones civiles contra el DMV, algo que Luis expresó que consideraba hacer.

El caso es una de varias demandas que presentó la ACLU acerca de prácticas federales de inmigración en Nevada. Está cuestionando la colaboración de la policía de Las Vegas con ICE, así como una política de la administración Trump relacionada a prácticas de detención de personas que enfrentan la deportación.

“La sociedad merece saber el nivel de comunicación del DMV con ICE”, indicó la abogada de la ACLU, Sadmira Ramic, en la audiencia del viernes.

La ACLU presentó su solicitud inicial de todas las comunicaciones del DMV con ICE en febrero pasado. Transcurrieron meses sin recibir ningún registro, y posteriormente la ACLU delimitó su solicitud y envió una carta de requerimiento a la fiscalía general.

Los registros indican que cierta comunicación con ICE se realizó por fax y Signal. Un correo electrónico muestra a un funcionario de ICE pidiendo a un empleado del DMV que añadiera a alguien a un chat de Signal.

Abigail Pace, abogada de la oficina del fiscal general, argumentó el viernes que los comunicados oficiales del DMV no se hacen por medio de Signal y que el DMV no tiene acceso a las charlas de Signal, mientras que la ACLU planteó que las decisiones judiciales actuales indican que los registros públicos superan lo que se incluye en los servidores del gobierno.

Luis dijo que el correo electrónico que menciona a Signal es “difícil de refutar”.

“No parece un documento misterioso”, señaló Luis. "Lo misterioso es la práctica”.