Legisladores buscan prohibir que entidades privadas manejen cárceles en Nevada

Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés que aparece en The Nevada Independent.
A dos años de que el ex Gobernador de Nevada Brian Sandoval vetara un proyecto de ley para prohibir el uso de cárceles manejadas por entidades privadas en Nevada, legisladores volvieron a abordar el tema de romper vínculos con compañías que encarcelan a personas por ganancias.
La Asambleísta Demócrata Daniele Monroe-Moreno, ex oficial de correccionales quien patrocinó el proyecto de ley AB183 y uno similar en 2017, quiere que Nevada ponga fin a sus contratos con cárceles privadas dentro de tres años, argumentando que están motivadas por sus resultados y tienen un componente disuasivo para rehabilitar a los prisioneros.
"¿Nuestro trabajo es simplemente poner en la cárcel a las personas que cometen delitos y dejarlos allí, simplemente para sacarlos de las calles?", preguntó a los miembros del Comité Judicial de la Asamblea durante una audiencia este jueves. "¿O como funcionarios electos nuestro trabajo es... dar atención al crimen que pone a alguien allí, pero también tratar de asegurarnos de que la persona que dejamos regresar a la sociedad sea una mejor persona?"
Como una forma de abordar el hacinamiento y la pérdida de una unidad de vivienda de la prisión durante un proyecto de remodelación, Nevada contrató al proveedor Corecivic en 2017 para alojar a 200 reclusos en una cárcel privada en Arizona. El estado planea traer a los reclusos de regreso a Nevada este año.
Monroe-Moreno señaló que el contrato no es una oferta y en realidad le cuesta al estado $7,752 dólares más al año por recluso anualmente; dinero que, según ella, sería mejor gastar mejorando las condiciones en las prisiones estatales.
El proyecto de ley también prohibiría a los gobiernos locales que renten sus instalaciones a compañías de prisiones privadas, una idea que, según dijo, se manejó en North Las Vegas, que tiene una cárcel vacante.
La propuesta también obtuvo el apoyo de la Unión Americana de Libertades Civiles de Nevada (ACLU) y grupos progresistas, incluyendo el Proyecto de Liberación Masiva de la Alianza de Liderazgo Progresista de Nevada (PLAN).
Entre otras cosas, el representante de ACLU Nick Shepack dijo que la entrega de servicios penitenciarios a compañías privadas dificulta que los legisladores ejerzan la supervisión de las instalaciones.
Monroe-Moreno señaló que el estado tiene acuerdos interestatales que le permiten enviar a los reclusos a prisiones públicas en otros estados cuando sea necesario, y sugirió que podría ayudar al estado a abordar cualquier aumento en la población penitenciaria.
La Asambleísta Republicana Jill Tolles cuestionó si una prohibición de prisión privada encaja con el esfuerzo de Nevada por encontrar enfoques innovadores para reducir la reincidencia, y si podría limitar la capacidad del estado para contratar un proveedor en el futuro que podría hacer cosas buenas para los reclusos.
Monroe-Moreno dijo que le parecía que es responsabilidad del estado implementar enfoques innovadores dentro de sus instalaciones públicas, pero agregó que el proyecto de ley no excluiría la posibilidad de contratos más pequeños, como los que tienen un programa de recuperación de las drogas, pero no los que involucran servicios correccionales centrales.
Nadie declaró en oposición a la prohibición de las cárceles privadas, aunque durante los comentarios una persona dijo que quería que el proyecto de ley entrara en vigor más pronto.
Los defensores de la iniciativa reconocieron que existen deficiencias en el sistema penitenciario, incluyendo la remuneración de los funcionarios de las cárceles, pero argumentaron que un sistema público es mejor a largo plazo por razones prácticas y filosóficas.
"El sistema penitenciario de Nevada no es perfecto", dijo Shepack. "Lo veo en este comité todo el tiempo, trabajando duro para hacer que sea un mejor sistema. Pero creemos firmemente que los gobiernos estatales y locales están mejor equipados y deben ser los únicos responsables de retener a los presos de Nevada".
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