Los arrestos, detenciones y deportaciones han sido una práctica habitual en todas las administraciones presidenciales, pero el Presidente Donald Trump está buscando aumentar ese estándar, permitiendo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realice redadas en más sitios y amplíe los lugares donde se pueden realizar deportaciones expeditas o aceleradas.

La administración Trump ha establecido un objetivo de 75 arrestos por día en cada oficina de campo — más de siete veces lo establecido durante los cuatro años anteriores en la oficina de campo de la agencia en Salt Lake City, que tiene jurisdicción en Nevada, Utah, Idaho y Montana.

Esa meta significa que, quienes están ilegalmente en los EE.UU. pero que no han sido condenados por ningún delito, tienen más probabilidades de ser arrestados que antes.

ICE divide el país en áreas de responsabilidad y tiene sedes en varias oficinas locales. Desde septiembre de 2020 hasta octubre de 2024 — lo que en su mayor parte abarca la duración de la administración Biden — la oficina de ICE en Salt Lake City, que es responsable de Nevada, expulsó a casi 7,500 personas. Más de 5,000 tenían condenas penales.

Sin embargo, desde el arresto hasta la detención, pasando por procedimientos judiciales y la deportación, la mayoría de los inmigrantes indocumentados tendrán algún tipo de recurso jurídico en cada etapa del proceso. A continuación, presentamos un vistazo a sus opciones.

Arresto

Una política con años de vigencia ordena que ICE dé prioridad a la detención de criminales violentos, pero la definición de “criminal” cada vez es más amplia — la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump considera que cualquier persona que haya ingresado al país ilegalmente es un delincuente, a pesar de que es una ofensa civil — significa que esa distinción no necesariamente se respeta. El 27 de enero, por ejemplo, ICE detuvo a 1,179 personas, pero sólo la mitad fueron arrestadas debido a un crimen.

ICE tiene la autoridad de iniciar una acción contra alguien siempre y cuando pueda demostrar que su presencia en los EE. UU. es ilegal. La forma más común en que esa agencia encuentra a una persona indocumentada y comienza procedimientos para su detención y expulsión es a través de las cárceles. 

En Las Vegas, el Departamento de Policía Metropolitana notifica a ICE cuando registra y vuelve a notificar cuando libera a una persona nacida en el extranjero acusada de delitos violentos, violencia doméstica, conducir bajo la influencia, o diversos cargos de robo.

Con esa información, ICE puede retirar de la cárcel a una persona potencialmente deportable, pero Metro no le aplica una retención migratoria — es decir, mantener a un inmigrante indocumentado en la cárcel durante 48 horas adicionales después de una fecha de liberación — a un detenido únicamente por el hecho de ser indocumentado.

Hace unos días, el Alguacil Kevin McMahill afirmó que Metro nunca ha visto que ICE vaya por más del 40 por ciento de los detenidos que el departamento ha notificado que tiene en la cárcel. Entre el 31 de enero y el 5 de febrero, ICE retiró a cuatro personas del Centro de Detención del Condado Clark.

Una política que destaca en la administración de Trump es que ICE está realizando arrestos colaterales en lugar de solo procesar el registro de las personas que busca en cualquier acción de cumplimiento o redada.

“Buscan a [ciertos] individuos”, dijo Juan de Pedro, el principal abogado de inmigración de De Castroverde Law Group en Las Vegas. “Y si hay alguien más, se trata de detenidos colaterales — personas a las que pueden detener siempre y cuando sepan o descubran que esa persona está aquí indocumentada o ilegalmente”.

De ahí, ICE debe presentar una notificación para comparecer ante un tribunal de inmigración — el equivalente en materia migratoria de una acusación formal — explicando a un juez de inmigración por qué creen que la persona es deportable.

De Pedro aconseja a los inmigrantes indocumentados que tengan a la mano documentos importantes — pasaportes, actas de nacimiento, actas de matrimonio y otros — en un lugar seguro. 

Cada agente de ICE tiene la facultad de decidir si realiza o no un arresto o presenta cargos — y si bien no es un método de defensa final, tener una solicitud pendiente en el sistema de inmigración ocasionalmente puede mantener a los inmigrantes indocumentados fuera de la mira de ICE.

Detención 

Los inmigrantes arrestados por ICE son detenidos en la red de cárceles del condado y prisiones con fines de lucro de la agencia. Actualmente, en Nevada hay cuatro instalaciones.

Aquellos con arrestos o condenas penales por delitos violentos, hurto y robo después de la aprobación en enero de la Ley Laken Riley — suelen estar sujetos a una detención obligatoria y no tienen posibilidad de salir bajo fianza.

Pero muchas personas contra las que ICE inicia procedimientos no están sujetas a una detención obligatoria. Pueden ser liberadas a discreción de esa agencia — generalmente debido a falta de camas o de recursos en los centros de detención — o si un juez de inmigración fija una fianza.

Michael Kagan, quien dirige la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada, Las Vegas o UNLV, que defiende a personas en procesos de deportación, dijo que la fianza promedio en el Tribunal de Inmigración de Las Vegas es de $5,000 dólares.

Los inmigrantes indocumentados pueden permanecer detenidos durante años si no se les concede la libertad bajo fianza mientras sus casos avanzan en instancias de inmigración. 

Tribunales

A diferencia de los ciudadanos estadounidenses que enfrentan cargos, los inmigrantes indocumentados no tienen garantizado el derecho a un abogado financiado por los contribuyentes. Pero si la persona intenta contratar un abogado, el tribunal de inmigración generalmente pospondrá los procedimientos para darle tiempo de encontrar uno.

Esta es la parte del proceso que puede durar años, debido a un largo retraso en los tribunales de inmigración.

Primeramente, un inmigrante se declarará culpable de los cargos que ICE ha presentado como motivo de su deportación — la primera acusación es que la persona detenida no es ciudadana estadounidense. 

Después, un juez determinará si se justifica la deportación. Si se confirma la acusación, el inmigrante puede solicitar que se le exima de la deportación — dando una razón legalmente sustentada por la que no debería ser deportado, como el asilo.

Obtener una audiencia inicial, contratar a un abogado y recibir una decisión inicial sobre la posibilidad de deportación lleva de uno a dos años en Las Vegas, destacó De Pedro.

Deportación

Si se emite una orden de expulsión y finaliza el proceso de apelación, el siguiente paso es la deportación, pero la logística y política de ese proceso son dos situaciones separadas.

Se calcula que hay más de un millón de personas en los EE.UU. que tienen órdenes de deportación vigentes que aún no se han ejecutado, ya sea por discreción ejecutiva o porque se desconoce su paradero.

Y la deportación es una operación compleja que requiere numerosos vuelos a distintos países, lo que significa que no siempre se puede realizar con rapidez.

La administración Trump y el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, están procurando activamente un acuerdo para que venezolanos y otras personas de países que se niegan a aceptar deportados puedan ser enviados a El Salvador. Actualmente, los EE.UU. sólo tiene un acuerdo de ese tipo con Canadá.

Una forma en que la administración Trump busca acelerar el proceso de deportación es ampliando el uso de una herramienta procesal llamada “expulsión acelerada”, proceso que se amplió en 2004 para su uso dentro de un radio de 100 millas de una frontera internacional.

Trump amplió la definición en enero para incluir a inmigrantes indocumentados en cualquier parte del interior de los EE.UU. que no puedan probar que han estado en el país por más de dos años, lo que hace que esos nevadenses ahora estén sujetos a dicha deportación.

Pero la capacidad de demostrar que se ha estado presente en la unión americana durante más de dos años puede significar la diferencia entre un proceso completo en un tribunal de inmigración y una deportación expedita.

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