La primera orden del día del 119º Congreso fue retomar un antiguo proyecto de ley que aprobó la Cámara de Representantes el año pasado: el Acta Laken Riley, llamada así por una estudiante de la Universidad de Georgia asesinada en 2024 por un inmigrante que ingresó ilegalmente a los EE.UU. y tenía antecedentes de un arresto previo.

El proyecto ordenaría la detención de inmigrantes indocumentados que hayan sido acusados ​​de robo o hurto.

El año pasado, 37 Demócratas, incluidos todos los que representan a Nevada en el Congreso, votaron con todos los Republicanos de la Cámara para aprobar el proyecto; esta vez, la legislación logró el apoyo de 48.

Acta Laken Riley

Durante años, la razón por la que el Congreso no ha podido aprobar una legislación sobre inmigración desde la era del Presidente Donald Reagan — indica que la prioridad de los Demócratas había sido otorgar una vía hacia la ciudadanía para residentes indocumentados con años de vivir en los EE.UU., mientras que la de los Republicanos fue aumentar la aplicación de las leyes fronterizas y de inmigración.

Muchos Demócratas aún consideran que la protección de los Dreamers — beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) — es una excepción. Pero la política migratoria está cambiando, como lo demuestra el hecho de que los tres Demócratas de la Cámara de Representantes de Nevada votaron nuevamente a favor del Acta Laken Riley después de haberla apoyado el año pasado.

Quienes se encuentran ilegalmente en los EE.UU. ya están sujetos a deportación cuando se les condena por un delito grave. Pero el Acta Laken Riley requeriría que oficiales del orden detengan a inmigrantes indocumentados acusados ​​o arrestados por delitos no violentos — independientemente de si han sido condenados o no.

Ese cambio ha preocupado a defensores de la inmigración como Make the Road, que dice que el proyecto de ley le daría capacidad a fiscales generales anti inmigrantes y aumentaría incidentes de perfiles raciales.

Michael Kagan, profesor de derecho migratorio en la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV) advirtió que el proyecto de ley otorga un gran poder a las fuerzas del orden locales y limita el debido proceso.

“Eso separará a los padres de sus hijos debido a viejos casos de robo en tiendas”, escribió Kagan. “Y traiciona el principio básico de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, la idea de que todos deberían tener su juicio en la corte”.

Los cambios de política relacionados con inmigrantes indocumentados — ya sean del congreso o del poder ejecutivo — tienen el potencial de afectar a Nevada, que tiene el mayor porcentaje de trabajadores indocumentados en su fuerza laboral de cualquier estado.

En el Senado, una gran mayoría bipartidista (84-9) — incluyendo las Senadoras Demócratas por Nevada Jacky Rosen y Catherine Cortez Masto — votó a favor de avanzar con el debate acerca del proyecto.

Cuando se le preguntó si le preocupa el debido proceso, Cortez Masto señaló que los indocumentados seguirán manteniendo sus derechos más amplios como inmigrantes en los centros de detención, incluido el acceso a un abogado.

Varios Demócratas — incluidos los de Nevada que votaron a favor en la Cámara de Representantes — esperan que el proceso de enmienda en el Senado se utilice para proteger a los Dreamers o a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) del nuevo estándar legal de detención.

Cortez Masto agregó que también espera que haya un proceso de enmienda sólido; esa decisión depende del liderazgo Republicano en el Senado.

La Congresista Demócrata por Nevada Dina Titus, quien suele hablar de la frecuencia con la que se forman familias de estatus mixto en su distrito, dijo que apoyaría un proceso de enmienda que ofrezca más protecciones a Dreamers y beneficiarios del TPS, pero se mantuvo firme en su apoyo al proyecto de ley.

El impacto

El Acta Laken Riley transfiere a los estados una importante autoridad federal para aplicar la ley de inmigración. Eso permitiría a fiscales generales solicitar una orden de la corte para la deportación de cualquier individuo, aun cuando autoridades federales de inmigración no busquen una detención o deportación.

Si la iniciativa se aprueba como está, la tendencia partidista de los fiscales generales sería muy relevante para determinar qué tan severos serán los distintos estados al solicitar detenciones y deportaciones.

El Fiscal General Demócrata de Nevada, Aaron Ford, podría encontrarse en desacuerdo con la administración Trump y tener cierta discreción a la hora de iniciar o no varios casos.