Funcionarios de ambos partidos han rechazado durante mucho tiempo la idea de que Nevada sea un “estado santuario” — término que se refiere a estados que prohíben a las fuerzas y agencias del orden judicial colaborar con la aplicación de leyes migratorias federales, aunque el concepto no tiene una definición legal clara.

Pero una orden ejecutiva reciente ha puesto más presión en funcionarios para que fundamenten esa afirmación.

El 28 de abril, el Presidente Donald Trump pidió al gobierno federal publicar una lista de jurisdicciones santuario dentro de los próximos 30 días y retener fondos si se considera que obstruyen actividades de control migratorio.

Si se llega a incluir a Nevada, el efecto podría tener un gran alcance, ya que casi el 30 por ciento de la financiación estatal proviene de fuentes federales.

En 2017, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) incluyó al Condado Clark en los primeros lugares de "jurisdicciones que no cooperan" por no llevar a cabo detenciones de inmigración, poniendo al condado en riesgo de perder cientos de miles de dólares en subsidios federales, aunque el condado finalmente los conservó. 

La acción de la administración Trump generó el rechazo del entonces Alguacil Joe Lombardo, quien señaló que ICE había colocado arbitrariamente al Condado Clark en una lista de jurisdicciones santuario a pesar de que su departamento era parte de un programa que colaboraba con ICE.

En 2017, ICE también enlistó al Condado Washoe entre las jurisdicciones que limitaron su colaboración con la agencia.

“Nevada no es un estado ni una jurisdicción santuario”, declaró la oficina del Gobernador Joe Lombardo a The Nevada Independent este mes. “Nevada seguirá cumpliendo la ley federal bajo el liderazgo del Gobernador Lombardo”.

¿Es Nevada un “estado santuario”?

“Estado santuario” no tiene una definición legal, y la orden de Trump tampoco detalla sus criterios para llamar así a un estado.

Algunos grupos han dicho que las políticas de una jurisdicción santuario generalmente incluyen leyes que impiden a funcionarios preguntar sobre estatus migratorio, restringen la presencia de centros de detención de inmigrantes o reducen la capacidad de la policía para realizar arrestos por violaciones civiles federales de inmigración, como a través de los Acuerdos 287(g) que otorgan dichas facultades a oficiales locales de policía.

Nevada no tiene leyes como esas, a pesar de esfuerzos previos para promulgarlas. Las jurisdicciones de todo el estado han reafirmado esta postura.

• Las Vegas: En marzo, la Alcaldesa de Las Vegas, Shelley Berkley, dijo que “la Ciudad de Las Vegas no es una ciudad santuario” y que la ciudad “hará todo lo que se supone que debemos hacer según la ley”.
  • Berkeley indicó que apoyará la posición del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD), mismo que informó que no ejecutará leyes federales de inmigración fuera de sus cárceles, pero notificará a ICE sobre ciertas personas nacidas en el extranjero que sean arrestadas y acusadas.
• Reno: La Ciudad de Reno no está designada oficialmente como jurisdicción santuario, informó esa dependencia en un comunicado.
• Henderson: La Ciudad de Henderson también indicó a The Nevada Independent que no es una jurisdicción santuario.
  • Según documentos de esa política pública, el departamento de policía alertará a autoridades federales si un inmigrante indocumentado ingresa a su cárcel, independientemente de los cargos que se le imputen, pero no colaborará con deportaciones. El Centro de Detención Henderson también es un centro de detención de ICE.
• North Las Vegas: La Ciudad de North Las Vegas precisó que no se identifica como una jurisdicción santuario.
• The Nevada independent se comunicó con la Ciudad de Sparks, el Condado Washoe y el Condado Clark para solicitar comentarios sobre su postura en torno a las políticas santuario, pero no recibió respuesta antes de que se publicara este reporte. 

¿La medida ejecutiva de Trump perjudicará a Nevada?

La amenaza de Trump de retener la financiación podría poner en riesgo los billones de dólares que recibe el estado cada año para Medicaid, infraestructura, desarrollo de la fuerza laboral y otros programas.

La orden ejecutiva también fortalecería los controles de elegibilidad que previenen que inmigrantes reciban beneficios federales como Medicaid o el Programa de Seguro Médico para Niños.

Según el Alguacil de LVMPD, Kevin McMahill, quien no concedió una entrevista a The Nevada Independent, esa agencia policial tiene en riesgo casi $30 millones en fondos para programas y personal si se determina que el departamento no cumple con las normas. 

Dicha entidad no tiene suficientes recursos para apoyar tareas de inmigración más allá de las limitadas actividades de cumplimiento que ya realiza en cárceles del Condado Clark, señaló McMahill. 

Sin embargo, el alguacil agregó que si el gobierno federal aprueba una ley que los obligue a hacerlo, se sumarán a un programa 287(g), que delega a agentes policiales locales la realización de tareas de control migratorio.

Arma política

En 2017, el entonces Líder de la Mayoría en el Senado estatal, Aaron Ford, fue uno de varios patrocinadores de una controvertida iniciativa que habría impedido que la policía estatal y local asignara recursos a la aplicación de leyes federales de inmigración. El proyecto de ley no recibió una audiencia.

Desde entonces, Ford se ha distanciado de políticas de estado santuario, especialmente con la publicación de sus políticas modelo de inmigración, lo que dio inicio a un debate en vía internet entre Lombardo y Ford, quienes buscan la gubernatura en 2026.

Ford descartó interpretaciones de que estaba intentando convertir a Nevada en un estado santuario.

El tema ha llegado a la actual sesión legislativa.

La Asambleísta estatal Demócrata Cecelia González presentó el proyecto de ley AB217, que prohibiría a distritos escolares y a sus empleados el acceso a instalaciones escolares o a registros de estudiantes para fines de control migratorio.

El proyecto AJR9, que pide al Congreso limitar la aplicación de la ley migratoria en lugares sensibles, también sigue avanzando en la sesión.

Los Republicanos presentaron medidas para reforzar la coordinación entre fuerzas de seguridad locales y funcionarios federales de inmigración, pero esos proyectos no lograron abordarse en una audiencia en la Legislatura de mayoría Demócrata.