Por Moriah Balingit  Associated Press

WASHINGTON (AP) — Sindicatos que representan a millones de maestros y empleados escolares han demandado al gobierno del Presidente Donald Trump por sus iniciativas contra los inmigrantes, argumentando que los arrestos cerca de los campus escolares están aterrorizando a los niños y sus maestros, lo que lleva a algunos estudiantes a abandonar sus estudios.

Al inicio del segundo mandato de Trump, su gobierno dijo que permitiría hacer arrestos de inmigrantes en las escuelas, lugares que durante mucho tiempo se consideraron fuera de límites. La demanda interpuesta por dos de los sindicatos de maestros más grandes del país, la Asociación Nacional de Educación (NEA) y la Federación Estadounidense de Maestros (AFT), alega que esa acción violó la ley. 

A la demanda también se unieron maestros de una escuela preescolar en Oregón, donde agentes enmascarados rompieron la ventana de un automóvil y sacaron de su auto al padre de un estudiante poco después de que el niño fuera dejado en la escuela. 

La presencia policiaca llevó a la escuela a implementar un cierre de emergencia, durante el cual los maestros pusieron música para que los estudiantes no pudieran escuchar el alboroto exterior.

La maestra Lauren Fong, quien imparte clases al niño cuyo padre fue arrestado ese día, dijo que le inquietaba la decisión de las autoridades de confrontar al padre en el estacionamiento de la escuela, que es propiedad privada.

Los docentes se están uniendo a una demanda presentada en abril por un sindicato de trabajadores agrícolas de Oregón y un grupo de iglesias, que impugnan la decisión del gobierno de Trump de abrir también las casas de culto a operativos de los agentes migratorios. La demanda actualizada se presentó el martes en un tribunal federal en Eugene, Oregón. 

La Subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que los agentes de inmigración usan su propio criterio al hacer arrestos en escuelas o iglesias.

"Los agentes necesitarían la aprobación de un supervisor secundario antes de que se pueda tomar cualquier acción en lugares como una iglesia o una escuela", manifestó McLaughlin. "Esperamos que estos casos sean extremadamente raros".

En una entrevista en agosto, la Superintendente del Distrito Escolardel Condado Clark, Jhone Ebert, dijo que ella y el Jefe de la policía escolar, Henry "Mike" Blackeye, hablaron con funcionarios federales de inmigración acerca de limitar sus operaciones antes del primer día del año escolar.

“Pueden hacer sus acciones en otras partes de nuestra comunidad, pero … según lo que han indicado hoy, no las van a hacer en ninguna de nuestras escuelas”, dijo Ebert en ese momento. “Ellos entienden que nuestra labor es educar a todos los niños de los grados K-12 aquí en el sur de Nevada”.

Sin embargo, defensores de los padres y directivos de las escuelas dijeron que han visto que los padres tienen menos interacciones con las escuelas por temor al Servicio de Inmigración y Aduanas o ICE.

En la sesión legislativa 2025 el Gobernador Republicano Joe Lombardo vetó un proyecto de ley (AB217) patrocinado por la Asambleísta estatal Demócrata Cecelia Gonzalez, que habría prohibido a escuelas o empleados escolares permitir que agentes de inmigración estuvieran en instalaciones escolares o compartir información sobre los alumnos con funcionarios migratorios.

Gonzalez, quien es maestra, dijo en redes sociales que ella presentó la iniciativa para proteger a estudiantes que tienen miedo de ir a la escuela debido a redadas de ICE.

La iniciativa recibió el apoyo del sindicato de maestros Asociación de Educación del Estado de Nevada.

Durante casi tres décadas, se instruyó a los agentes de inmigración a evitar "lugares sensibles" como escuelas, hospitales y lugares de culto, excepto en circunstancias extraordinarias. Según un memorando de 2021, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podría "cumplir (su) misión policial sin negar o limitar el acceso de las personas a la atención médica necesaria, el acceso de los niños a sus escuelas, el acceso de los desplazados a alimentos y refugio, el acceso de las personas de fe a sus lugares de culto".

Un día después de que Trump asumió el cargo, el DHS revocó el memorando y en su lugar instó a los agentes a usar "sentido común" al hacer operativos cerca de escuelas e iglesias. En un comunicado, funcionarios explicaron la razón de la medida: "Los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de los Estados Unidos para evitar el arresto".

La demanda describe varios casos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) portando máscaras y realizando arrestos en y alrededor de terrenos escolares e iglesias. 

En Los Ángeles, agentes de la Patrulla Fronteriza que iban enmascarados se acercaron a un automóvil estacionado junto a una preparatoria y, a punta de pistola, le ordenaron a un niño de 15 años con discapacidades que saliera mientras buscaban a un hombre vinculado a pandillas. Lo esposaron y no lo liberaron sino hasta que descubrieron que tenían a la persona equivocada.

La demanda incluye testimonios de maestros anónimos que reportan haber visto un aumento en la ansiedad y una disminución en la participación y asistencia de estudiantes que son inmigrantes o hijos de inmigrantes.

Maestros de preparatoria en Pensilvania y Virginia dijeron que algunos estudiantes dejaron de asistir en la primavera por temor a ser arrestados en la escuela.

Un patólogo del habla en una primaria de California dijo que los padres inmigrantes dudaban en inscribir a sus hijos a servicios de educación especial porque significaría dar más información a la escuela. Una maestra de preparatoria en Texas para estudiantes que aprenden inglés dijo que la inscripción en sus clases ha disminuido drásticamente.

Líderes en iglesias con gran población inmigrante que entablaron la demanda también describieron un aumento en la ansiedad y una disminución en la asistencia a misa.

Los abogados argumentan que la decisión de Trump de abrir las iglesias a la aplicación de la ley migratoria viola los derechos de la Primera Enmienda de los feligreses porque les hace temer demasiado asistir a la iglesia. 

Revocar el memorando de lugares sensibles, dice la demanda, viola la Ley de Procedimiento Administrativo, que prohíbe a las agencias implementar políticas que sean "arbitrarias, caprichosas, un abuso del criterio personal o de algún otro modo no apegado a la ley".

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La reportera de The Nevada Independent, Rocío Hernández, contribuyó a esta nota.

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Esta noticia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.