Por CLAUDIA LAUER y MIKE CATALINI

Una coalición de fiscales generales de 20 estados, incluyendo Nevada, solicitó a un juez federal que prohíba al Departamento de Justicia (DOJ) retener fondos federales destinados a víctimas de delitos si los estados no cooperan con las acciones de la administración del Presidente Donald Trump contra la inmigración.

El DOJ impuso condiciones a la financiación de la Ley de Víctimas del Delito (VOCA), que otorga a los estados más de $1 billón de dólares anuales para programas de compensación a víctimas y subsidios que financian organizaciones de ayuda a víctimas. La financiación de la VOCA proviene de multas y sanciones en casos judiciales federales, no de fondos de impuestos.

Durante el año fiscal 2024, se asignaron más de $24 millones en fondos de VOCA a 58 organizaciones en Nevada. La mayoría eran agencias “multiservicio” u organizaciones contra la violencia doméstica y familiar. Casi 57,000 personas recibieron servicios en el año fiscal 2024, en su mayoría mujeres.

La demanda presentada el lunes en el tribunal federal de Rhode Island busca impedir que el Departamento de Justicia imponga condiciones que recortarían fondos a un estado o beneficiario si este se rehúsa aplicar las leyes de inmigración civil, niega a autoridades migratorias federales acceso a instalaciones, o no avisa previamente fechas de liberación de individuos que quizá busca el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debido a su estatus migratorio.

Nevada no tiene prohibiciones en la cooperación entre autoridades policiales y funcionarios de inmigración, aunque el estado fue incluido en una lista de jurisdicciones "santuario" la semana pasada, y el Departamento de Justicia no ha explicado por qué.

La demanda solicita que se eliminen las condiciones, argumentando que la administración y la agencia están excediendo su autoridad constitucional y administrativa.

La demanda también argumenta que los requisitos no están permitidos ni especificados en la VOCA, y que podrían interferir con políticas creadas para asegurar que víctimas y testigos reporten delitos sin temor a la deportación.

“El Presidente Trump está perjudicando a las víctimas y sobrevivientes de delitos en Nevada”, declaró el Fiscal General de Nevada, Aaron Ford. “Es despreciable que el Presidente Trump esté utilizando fondos vitales para maniobras políticas. Está poniendo a las víctimas y sobrevivientes de delitos en situaciones aún más precarias cuando lo que merecen es ayuda para recuperar un sentido de normalidad”.

Cada estado y territorio tienen un programa de compensación a víctimas que sigue directrices federales, pero en gran medida está establecido bajo leyes estatales para proporcionar ayuda financiera a víctimas de delitos, incluyendo el reembolso de gastos médicos, pago de la limpieza de la escena del crimen, y asesoramiento con los costos funerarios para víctimas de homicidio. VOCA cubre el costo de casi el 75 por ciento de los pagos de los programas de compensación estatal.

En Nevada se presentaron más de 2,500 solicitudes de indemnización a víctimas bajo este programa durante el año fiscal 2024, por un total de casi $6 millones. La mayoría se pagaron a mujeres que fueron víctimas de agresión.

Los fondos también se utilizan para pagar otros servicios, incluyendo paquetes para pruebas de violación, y financiamiento de subsidios a organizaciones de recuperación de violencia doméstica, entre otros.

Defensores argumentan que el sistema necesita proteger a las víctimas independientemente de su estatus migratorio y asegurar que reportar un delito no conduzca a amenazas de deportación. También dicen que las comunidades marginadas, como los inmigrantes recién llegados, son más propensas a ser objetivos de delitos.

El Departamento de Justicia no ha comentado al respecto.

La administración Trump ha intentado retener o retirar otros fondos federales o subvenciones, diciendo que los beneficiarios y programas ya no se alinean con sus prioridades. En abril, canceló casi $800 millones en subsidios del DOJ, algunos de las cuales se otorgaron a organizaciones de servicios a víctimas y sobrevivientes.

Varios fiscales generales dijeron que las condiciones de la VOCA parecen ser otra forma en que la administración se está enfocando en las llamadas jurisdicciones santuario que limitan la cooperación con autoridades federales de inmigración, aunque no hay una definición clara de lo que es un estado o ciudad santuario.

A principios de mes, la administración Trump publicó una lista actualizada de estados, ciudades y condados que considera jurisdicciones santuario, incluyendo Nevada. 

Después de que el estado fue incluido en la lista de estados santuario, el Gobernador Republicano Joe Lombardo publicó en X que “Nevada no es un estado santuario y nunca será una jurisdicción santuario bajo el Gobernador Lombardo”.

Hasta el lunes por la tarde, los procuradores estatales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Hawai, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin — todos Demócratas — se habían unido a la demanda.

Esta noticia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.