A cinco años de la pandemia, la tasa de ausentismo crónico en Nevada sigue siendo más alta de lo habitual. Se considera que un estudiante es crónicamente ausente cuando pierde el 10 por ciento o más de los días escolares en un año académico.

Si la situación no se atiende, podría costarle al sur de Nevada (donde viven la mayoría de los estudiantes) billones de dólares en salarios perdidos y mayores costos por encarcelamiento y servicios sociales durante los próximos 20 años. 

Lo anterior es parte de lo que indica un estudio de la firma de investigación Applied Analysis que encargó Strenghten our Children, una organización sin fines de lucro en Reno que aborda cuestiones como el ausentismo o faltas crónicas a clases y el acceso a la educación preescolar y a centros de cuidado infantil.

“Es muy fácil para quienes no han hecho investigación decir que es un problema de la escuela o de los padres, y la realidad es que es un problema de todos, y todos nos debemos involucrar y encontrar una solución, o todos vamos a pagar por el problema”, dijo Mike Kazmierski, fundador y director ejecutivo de Strengthen our Community.

Aunque el Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD) ha registrado una mejora en su tasa de ausentismo crónico (31 por ciento en el año escolar pasado) todavía es más alta que su tasa del 22 por ciento previa a la pandemia, según datos del Departamento de Educación de Nevada.

La falta crónica a clases se asocia con un nivel educativo inferior al promedio, lo que resulta en menos ingresos y contribuciones fiscales a lo largo de la vida de esos estudiantes en comparación con sus compañeros, y en una mayor dependencia de programas sociales; lo que conlleva un aumento en el costo de dichos servicios. También se asocia con una mayor probabilidad de encarcelamiento.

Si persiste la tasa de ausentismo crónico de 2024, el análisis anticipa que el problema podría costarle al sur de Nevada $610 millones en pérdidas económicas y costos sociales durante la vida de la Generación 2025 del CCSD, lo cual se traduciría en $14.4 billones para las futuras generaciones del CCSD durante los próximos 20 años.

"Si no los involucramos en la educación, su vida económica va a estar en gran riesgo y, en última instancia, eso genera otros problemas como el crimen y las drogas y todos los que se asocian con la falta de capacidad para básicamente pagar un alquiler y alimentar a la familia", dijo Kazmierski.

Desde la pandemia, las escuelas de Nevada han intensificado sus esfuerzos para contactar a estudiantes con ausentismo crónico. Eso incluye llamarlos, visitarlos en su domicilio, y realizar programas de mentoría.

Kazmierski afirmó que no hay una solución sencilla para ese problema. Su organización identificó 15 áreas que podrían reducir las barreras. Estas incluyen:

• Ampliar en las secundarias la presencia de Communities in Schools, una organización nacional enfocada en la prevención de la deserción escolar
• Implementar una póliza para no usar el teléfono en áreas de enseñanza
• Ampliar servicios de guardería infantil antes y después de la escuela
• Aumentar el apoyo a la salud mental

La Senadora estatal Demócrata Angie Taylor está patrocinando el proyecto de ley SB444, que requeriría que los distritos escolares adopten reglas para limitar el uso de celulares por parte de los estudiantes.

La organización de Kazmierski está recaudando $4.2 millones para agregar coordinadores de Communities in Schools en cada secundaria en el Distrito Escolar del Condado Washoe y apoyar a centros de recursos familiares locales.

Kazmierski confía en que la organización alcance su meta, pero dijo que no es una solución permanente. Añadió que apoya la iniciativa AJR1 de la Asambleísta estatal Demócrata Natha Anderson, que es una propuesta de reforma constitucional estatal del sistema de impuesto predial de Nevada que se alinea con una de las recomendaciones de la Comisión de Financiamiento Escolar.

Activistas dicen que ese cambio no afectaría a los propietarios actuales de vivienda y que contribuiría a generar más ingresos para las escuelas. Pero la propuesta enfrenta retos, ya que leyes similares han fracasado a lo largo de los años.

“Nuestro estado no valora la importancia de educar a nuestros hijos”, dijo Kazmierski. “La solución permanente es que nuestra Legislatura intervenga y diga: 'Esto es algo que consideramos importante y lo vamos a hacer'”.