Esta nota fue traducida y editada al español para mayor claridad a partir de una versión en inglés que aparece en The Nevada Independent.

El Centro Nacional de Explotación Sexual publicó un video en el que ataca, y pide un fin, a la industria de la prostitución legal de Nevada, que tiene décadas de antigüedad.

El video de dos minutos presenta a mujeres quienes afirman haber sido secuestradas, vendidas a cambio de sexo o traficadas cuando eran niñas en Nevada, donde los burdeles son legales en algunos condados que tienen poca población.

La publicación del video se produce varios meses después de que una mujer quien dice que fue traficada sexualmente a través de un burdel de Nevada, presentó una demanda federal para anular la legalización de la industria del sexo en el estado.

El video inicia con Rebekah Charleston — la mujer en el centro de esa demanda — quien hace una aguda evaluación de la situación: "Tengo un mensaje para cualquier mujer que esté escuchando: Nevada no es seguro para las mujeres".

El video continúa describiendo la historia de la prostitución legalizada en Nevada y, al igual que la demanda federal, alega que fomenta el mercado ilegal del sexo.

"La desigualdad, la pobreza y el abuso llevan a las mujeres a la prostitución", dice Charleston en el video. “Para abolir el tráfico sexual, debemos eliminar la demanda de prostitución. Para decirlo con franqueza, debemos detener cualquier sistema que condone la compra de seres humanos para el sexo".

Varias organizaciones que buscan combatir la explotación sexual, como Corazones Valientes, Despertar, Grito del Éxodo y Mundo sin Explotación, también participaron en la publicación del video.

En abril, el Fiscal General de Nevada Aaron Ford presentó una moción para desestimar la demanda federal, rechazando la afirmación de que los burdeles legales crean un conflicto entre las leyes estatales y federales.

A principios de esta semana, los demandantes presentaron una oposición a la moción del estado para desestimar la demanda.

Jason Guinasso, el abogado con sede en Reno que representa a Charleston y a los otros demandantes dijo que el estado debe presentar una respuesta antes del 28 de mayo. A esto le seguirá una audiencia judicial y una decisión acerca de si el caso puede continuar, dijo.