Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés que fue publicada en The Nevada Independent.

Funcionarios estatales perdonaron formalmente más de 15,000 condenas por delitos menores de posesión de marihuana durante las tres décadas previas a que se legalizara su uso recreativo en Nevada; aunque falta mucho por hacer para que las personas limpien su historial completamente. 

El pasado miércoles 17 de junio, la Junta de Comisionados de Indultos de Nevada, presidida por el Gobernador Steve Sisolak, votó por unanimidad para aprobar una resolución perdonando el delito que ha sido despenalizado. 

Los historiales muestran que 15,592 personas fueron condenadas por este delito menor desde 1986 hasta finales de 2016, y 31,124 fueron arrestadas. El uso recreativo de marihuana en el Estado de Plata se legalizó en 2017.

"Hoy es un día histórico para quienes fueron condenados por lo que durante mucho tiempo se consideró un delito trivial, y ahora es permitido bajo la ley de Nevada", dijo Sisolak en un comunicado. “Muchos nevadenses han tenido estos delitos menores en sus historiales, en algunos casos clasificados como delitos graves. Esta resolución tiene como objetivo corregir eso y restaurar completamente los derechos que perdieron como resultado de estas condenas".

Pero el perdón es solo un primer paso para eliminar las consecuencias de una sentencia. 

Quienes deseen obtener documentación formal de que han sido indultados, deben conseguir en la corte una copia de su sentencia o de sus antecedentes penales; solicitud que deben enviar por correo junto con un cheque o giro postal de $27 dólares. A los solicitantes se les dice que el proceso durará 45 días.

Después, esa información y una solicitud para el indulto se tienen que mandar por correo a la junta de indultos, que incluye al gobernador, al fiscal general y a los miembros de la Corte Suprema de Nevada. 

El secretario de la junta procesa la información y, si se aprueba, la petición será firmada por la junta de indultos.

Luego, el solicitante recibirá el documento que certifica el perdón y se enviará una copia certificada a la corte donde la persona fue sentenciada.

El sellar los historiales, lo cual impide que la sentencia perdonada aparezca en una verificación de antecedentes penales, es un proceso completamente diferente que no compete a la junta de indultos.

La abogada Kristina Wildeveld testificó que el proceso es "extremadamente tedioso" y algunos abogados cobran hasta $2,500 por el servicio, lo que a veces requiere que el solicitante comparezca personalmente en la corte. 

Wildeveld solicitó que se tomen medidas para garantizar que el proceso sea más automático.

El juez Mark Gibbons señaló que recientemente hubo un solicitante que fue indultado por un robo menor que cometió en el pasado, y ahora necesitaba sellar su historial para obtener un certificado de enfermería. 

Gibbons explicó que se sentía "conmocionado" por los obstáculos que tuvo que atravesar, y que casi perdió una oferta de trabajo que tenía en aquel entonces.

El Fiscal General de Nevada Aaron Ford indicó que sería más conveniente que la corte adoptara una regla en vez de que la Legislatura se encargue de simplificar el proceso.

El abogado Dayvid Figler comentó que Legal Aid of Southern Nevada tiene un paquete para sellar historiales, lo que podría ayudar a las personas a navegar el proceso sin contratar a un abogado. Eso incluye formularios para solicitar la exención de las tarifas.

Sisolak instó a la comunidad legal a "actuar" para ayudar a las personas a completar los pasos para que obtengan todos los beneficios del perdón.

“Hay muchas personas aquí que necesitarán su ayuda. No son competentes para navegar por este sistema legal”, dijo. "Y cuando escucho que se presentaron 15,000 solicitudes, no quiero que sean víctimas de alguien que quiera cobrarles mucho dinero por hacer esto".