Esta nota fue traducida y editada al español para mayor claridad a partir de una versión en inglés, misma que aparece en The Nevada Independent.

Demócratas y grupos inmigrantes se están quejando y advierten que la decisión del Departamento de Comercio de incluir una pregunta acerca de la ciudadanía en el censo del año 2020 tendrá un "efecto estremecedor" entre las minorías y perjudicará el presupuesto estatal.

El departamento anunció el lunes que incluiría dicha pregunta en respuesta a una petición hecha en el 2017 por el Departamento de Justicia y a pesar de las críticas de que incorporar la pregunta podría resultar en un censo con omisiones y en una reducción de apoyo federal y representación para estados con grandes poblaciones de inmigrantes indocumentados. Nevada, que tiene la proporción más alta de residentes indocumentados de todos los estados en el país, con un estimado de 7.6 por ciento, podría resultar particularmente afectada.

"Si no nos cuentan, seremos invisibles", dijo Ben Monterroso, director ejecutivo del grupo de apoyo a los inmigrantes Mi Familia Vota. "Y si somos invisibles, nuestros problemas no serán tomados en cuenta, y creo que es precisamente lo que esta administración racista está tratando de hacer con esa pregunta".

Aunque una pregunta básica acerca de la ciudadanía parece inofensiva, muchos inmigrantes y grupos progresistas han advertido que cualquier tipo de cuestionamiento acerca de la ciudadanía podría asustar a un porcentaje significativo de los encuestados inmigrantes al realizar el censo.

"¿Qué va a suceder si en mi casa soy ciudadano pero tengo a alguien que es mi hermano o mi hermana, que resulta que no tiene documentos?" Dijo Monterroso. "Si doy esa información ¿Van a venir después a buscar a mi familia, o no? ¿Será mejor que no diga nada? Esa es la confusión que esto creará, y esa confusión va a incidir de manera perjudicial en nuestra comunidad porque nuestra comunidad es una de estas comunidades difíciles de contar".

Un conteo bajo, a su vez, podría desequilibrar el conjunto de datos de base utilizados por el gobierno federal y los gobiernos estatales.

"Si tenemos un mal censo, eso significa que el trabajo que hago para el estado, incluyendo la distribución de ingresos en las ciudades y los poblados, será menos preciso", dijo el Demógrafo Estatal Jeff Hardcastle.

Para subrayar los riesgos asociados con omisiones en el conteo poblacional, Hardcastle mencionó un estudio del 2015 elaborado por la Universidad George Washington que encontró que los 16 principales programas de subvención federal basados en datos del censo le dieron a Nevada un promedio de $1,611 dólares por persona.

"Por cada persona sin contar, se estarían perdiendo esos 1,611 dólares", dijo.

Además de la elevada proporción de los habitantes del estado que están en el país ilegalmente, uno de cada cinco residentes de Nevada nació en otro país. Aunque varios Republicanos, entre ellos el Presidente Trump, han expresado su apoyo para incluir la pregunta en el censo, el Gobernador de Nevada, Brian Sandoval, dijo estar preocupado por la manera en que esto podría afectar a las comunidades minoritarias.

"A lo largo de los años, el censo ha ayudado a nuestro país a repartir escaños en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y sirvió como una importante herramienta para determinar algunos fondos federales", dijo el gobernador Republicano en un comunicado. "Estoy preocupado por el impacto que tendría una pregunta acerca de la ciudadanía en la capacidad del censo del 2020 para identificar a minorías y poblaciones mal atendidas y cómo puede afectar a nuestro estado a futuro".

Bases para el cambio

La Constitución de los Estados Unidos requiere que el gobierno federal realice un censo de la población cada 10 años, a fin de repartir escaños en la Cámara de Representantes. Los datos también se utilizan para determinar cómo distribuir más de $675 billones de dólares en fondos para programas federales — desde estampillas de comida para Head Start hasta los subsidios Pell —  y se utiliza para trazar los distritos electorales.

En una  carta enviada el 17 de diciembre del 2017, Ron Jarmin del Buró de Censos — reportado primero por ProPublica — un funcionario del Departamento de Justicia pidió que se incluyera una pregunta acerca de la ciudadanía en el censo del 2020. El funcionario escribió que incluir la pregunta era crucial en la aplicación de la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto de 1965, que protege contra la discriminación racial y de idioma.

La sección 2 prohíbe la redistritación electoral si diluye inadecuadamente el poder de voto de las minorías. Añadir la pregunta del censo, dijo el funcionario, asegura que quienes no son ciudadanos, no afectarían el poder de voto de los ciudadanos.

El Buró de Censos incluyó una pregunta acerca de la ciudadanía en la versión extensa de su cuestionario — que era enviada a un pequeño grupo de participantes —  desde el censo de 1970, pero esto fue suspendido en el 2010. Su reemplazo fue la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS, por sus siglas en inglés) que se envió a un subgrupo aún más pequeño, uno de cada 38 hogares, e incluía preguntas respecto a la ciudadanía y el lugar de nacimiento.

El Departamento de Comercio, que supervisa al Buró de Censos, mencionó la encuesta de la ACS en su justificación para incluir la pregunta acerca de la ciudadanía, añadiendo que había sido parte de los estudios del censo anterior a inicios del siglo XX.

"La pregunta de la ciudadanía será la misma que la que se hacía en la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS)", dijo el Departamento de Comercio en un comunicado. "Las preguntas relativas a la ciudadanía también han sido incluidas en anteriores censos decenales. Entre 1820 y 1950, casi uno de cada censo decenal hizo algún tipo de pregunta sobre la ciudadanía. Hoy en día, las encuestas a la muestra de la población, tales como la Encuesta de Población Actual y la ACS, siguen haciendo una pregunta sobre la ciudadanía".

Pero muchos expertos han advertido que la inclusión de preguntas acerca de la ciudadanía podría desalentar a los inmigrantes legales o indocumentados de contestar los cuestionarios del censo, lo cual artificialmente podría reducir la población de los estados con grandes comunidades de inmigrantes y deshacerse de los datos demográficos que el gobierno estatal y federal utilizan para tomar decisiones sobre dónde invertir recursos.

Vanita Gupta, presidenta de la Coalición de Derechos Humanos y Civiles y ex jefa de gobierno encargado de hacer cumplir la Ley de Derecho al Voto, dijo en una carta a Ross que nunca ha habido necesidad de preguntar la ciudadanía en el censo para exigir el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Derechos Electorales.

"El Departamento de Justicia nunca antes ha necesitado agregar esta nueva pregunta en el censo decenal para hacer cumplir la ley de Derechos Electorales, así que no hay ninguna razón por la que tendría que hacerlo ahora", dijo Gupta.

En un informe presentado en un caso de delimitación federal del 2016, cuatro ex directores del censo — quienes trabajaron bajo el mandato de presidentes Republicanos y Demócratas —  escribieron que el "efecto neto" de agregar una pregunta sobre la ciudadanía sería una "mala recolección de datos censales".

"Para quienes no son ciudadanos habría poco incentivo de compartir su situación real con el gobierno; el resultado sería una reducción de la tasa de respuesta general y un aumento en las respuestas imprecisas", escribieron. "Ambos factores frustrarían la obligación expresa que la Constitución impone al Buró de Censos de los Estados Unidos de obtener un recuento del número total de personas con el fin de repartir los escaños para los estados en la Cámara de Representantes".

Impacto económico

Aunque es imposible calcular cuántas personas podrían evitar responder el censo del 2020 si incluye una pregunta sobre la ciudadanía, muchos expertos predicen que esto generará un conteo bajo en estados con una gran concentración de inmigrantes, incluyendo a Nevada.

"Si la pregunta de la ciudadanía aparece en el censo de los Estados Unidos, podría tener efectos adversos en el presupuesto federal para Nevada", dijo Meredith Levine, directora de política económica para el Centro Guinn de Prioridades Políticas. "Si este fuera el caso, podríamos esperar un impacto negativo en el presupuesto del Estado".

El Centro Guinn estima que los fondos federales constituyeron el 33.1 por ciento del presupuesto de Nevada en el año fiscal 2017, con un gran porcentaje de recursos provenientes de la subvención federal.

"Como  los fondos federales se basan en conteos precisos de población para distribuir recursos, un conteo bajo significaría menos dólares federales para el Estado", dijo Levine. "Esto traspasaría la carga presupuestaria al Fondo General, que se basa en gran medida en el impuesto estatal sobre ventas. Ese impuesto tiende a fluctuar en conformidad con la economía, por lo tanto, si hubiera una desaceleración de la actividad económica, la reducción de fondos federales podría ser considerablemente perjudicial para el presupuesto".

Un reporte Brookings del 2010 calcula que aproximadamente el 31 por ciento de todos los programas federales utiliza los datos del censo para guiar la distribución de recursos, y que las subvenciones basadas en el censo conforman hasta el 75 por ciento de todos los fondos federales.

Connie Lucido, administradora de la Oficina de Procuración, Coordinación y Manejo de Recursos en el estado, reiteró que el gobierno federal utiliza los datos del censo para identificar las necesidades de la comunidad y que cualquier factor que afecte un recuento exacto podría resultar en menores niveles de recursos federales.

"Un censo subrepresentado siempre es preocupante y puede reducir el recurso federal", dijo por medio de un correo electrónico. "Es importante para la Oficina de Gestión de Recursos que todas las poblaciones en Nevada están representadas de manera apropiada a fin de garantizar una asignación precisa de fondos federales".

Levine dijo que los latinos han sido registrados insuficientemente en el censo porque los encuestados potenciales sin documentación temían que la pregunta permitiera que las autoridades federales los localizaran y que eso llevaría a una posible deportación.

Antes de que Ross intentara restablecer la pregunta de la ciudadanía, el Buró del Censo hizo campaña en medios de comunicación en español para atenuar los temores de deportación y alentar a todos los latinos, para así garantizar su representación a través de la participación.

"La pregunta de la ciudadanía, sin embargo, aumenta esta ansiedad al institucionalizar la respuesta y proporcionar un mecanismo oficial para identificar a los residentes sin documentación", dijo Levine.

Aun así, el Censo del 2010 dejó fuera a más de 1.5 millones de personas que forman parte de las minorías, incluyendo al 2.1 por ciento de los afro-americanos y al 1.5 por ciento de los hispanos, de acuerdo con la autoevaluación del Buró de Censos de sus procedimientos de conteo.

Una posible pérdida de fondos federales podría afectar no solo al presupuesto estatal, según dijo la Directora del Centro Guinn, Nancy Brune — sino también al Título I y las becas para educación especial en los distritos escolares locales.

"Actualmente los distritos escolares están luchando para hacer frente a las necesidades de la educación especial y atender a estudiantes de escasos recursos", dijo Brune. "Una disminución en los fondos federales podría afectar la necesidad que tiene el estado de servir a nuestros estudiantes que necesitan recursos adicionales".

Los políticos analizan el tema

Los Demócratas de la delegación de Nevada en el Congreso se apresuraron a censurar la decisión de incluir la pregunta de la ciudadanía como parte del censo.

En un comunicado, la Senadora Demócrata Catherine Cortez Masto — quien votó para confirmar a Ross como Secretario de Comercio en el 2017 — se dijo "alarmada" al ver que el Departamento estaba "politizando" el censo, y afirmó que apoyaría una legislación para prohibir que el censo incluya preguntas relacionadas con la ciudadanía.

"Esta decisión intercambia la exactitud de un censo diseñado para proporcionar un completo recuento de toda la población del país por una victoria política para el Presidente Trump",dijo en una declaración. "Este es un ataque directo a las poblaciones de inmigrantes que podrían tener como resultado un bajo conteo y destinar pocos recursos para los distritos minoritarios en todo el país".

El Congresista Demócrata Rubén Kihuen dijo que incluir la pregunta tendría un "impacto adverso" y advirtió que era otro ataque de la administración Trump contra los inmigrantes.

"Incluir una pregunta sobre la ciudadanía en el censo sólo servirá para intimidar a los inmigrantes y hacer que muchos eviten el censo por completo”, dijo Kihuen en un comunicado. "Esto va a aumentar la confusión y erosionar la confianza en lo que ha sido anteriormente un método imparcial para obtener una medición precisa de nuestra población".

La Congresista Jacky Rosen dijo que la pregunta perjudicaría a Nevada.

"La propuesta más reciente de la Administración para incluir una pregunta sobre el estatus migratorio en el censo del 2020 politiza el censo y pone su integridad en entredicho", dijo en un comunicado. "Es evidente que la Administración Trump está buscando asegurar que las comunidades de inmigrantes en Nevada estén desatendidas e insuficientemente representadas durante la próxima década. Yo planeo trabajar con mis colegas en el Congreso para proteger el censo del 2020 de este desafortunado esfuerzo de usarlo como una herramienta para discriminar".

Rosen se sumó a una iniciativa de ley de los Demócratas presentada la semana pasada que prohibirá incluir cualquier tipo de pregunta en el cuestionario del censo que no haya sido presentada ante el Congreso tres años antes del día del censo.

Ella también apoya una iniciativa de ley que formará un grupo de trabajo para revisar las preguntas del nuevo censo decenal y su impacto en las tasas de respuesta de las minorías.

Representantes del Senador Republicano Dean Heller, del Congresista Republicano Mark Amodei y de la Congresista Demócrata Dina Titus no respondieron el martes a solicitudes para comentar al respecto.

Los candidatos Demócratas a la gubernatura también ventilaron el tema en Twitter. El Comisionado del Condado de Clark Steve Sisolak calificó la decisión como "peligrosa e indignante", y la ex comisaria y candidata Chris Giunchigliani lo llamó un “intento flagrante de silenciar a la comunidad inmigrante”.

Una portavoz del Fiscal General del Estado, Adam Laxalt — quien ahora es candidato Republicano para gobernador — no respondió un correo electrónico solicitando comentarios respecto a que si tiene previsto sumarse a una demanda legal presentada el Lunes por el Fiscal General de California Xavier Becerra debido a la inclusión de la pregunta sobre la ciudadanía

Aunque la Casa Blanca todavía no ha respondido al cambio propuesto por el departamento, la campaña del presidente Donald Trump dejó ver que habrá una modificación en un mensaje de correo electrónico enviado a sus simpatizantes la semana pasada, incluyendo una encuesta preguntando si apoyan el deseo del presidente de cuestionar acerca de la ciudadanía en el censo.

"El Presidente quiere saber si usted está de su lado", indicó el mensaje. "¿Cree que el Censo del 2020 de los Estados Unidos debería preguntar si las personas son ciudadanas americanas?"

Los reporteros Humberto Sanchez y Michelle Rindels contribuyeron a esta nota.

Nota: Steve Sisolak y Chris Giunchigliani han donado a The Nevada Independent. Puede ver una lista completa de donantes en este enlace.