Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés.

Legisladores están considerando un proyecto de ley que podría ayudar a los nevadenses que enfrentan desalojo de vivienda al simplificar un proceso para evitar el pago de tarifas en los tribunales.

Cuando alguien recibe un aviso de desalojo, debe presentar una notificación sumaria ante la corte, lo que cuesta $71 dólares en el Condado Clark.

Durante una audiencia legislativa este viernes para la iniciativa de ley AB107, Bailey Bortolin, directora de políticas de la Coalición de Proveedores de Servicios Legales de Nevada, dijo que la tarifa puede representar una dificultad para quienes enfrentan desalojo de vivienda.

“Es un verdadero impedimento si la razón por la que usted está allí es porque en primer lugar no tenía suficiente dinero para pagar la renta”, dijo Bortolin.

El estado ya tiene una ley que permite a los nevadenses renunciar a los pagos que se requieren para enjuiciar o defender una acción civil, pero Bortolin dijo que esa ley es inadecuada.

“En general, nuestro sistema de exención de tarifas permite que muchas personas, miles de personas, procedan cada año, pero no especifica a quién se debe aplicar”, dijo Bortolin. "Y lo que hemos encontrado son resultados inconsistentes en todo el estado".

El proyecto de ley ampliaría los requisitos para quienes pueden solicitar la exención de sus tarifas, incluyendo cualquier cliente de un programa de asistencia legal, cualquier beneficiario de un programa estatal o federal de asistencia pública, o cualquier persona que "tenga gastos para las necesidades de la vida que superan sus ingresos".

Bortolin también señaló que los tribunales no soportarían la carga de las tarifas exentas y que los proveedores de asistencia legal en el estado pagarían las tarifas de las presentaciones de la acción civil.

Durante la audiencia, defensores de la justicia penal señalaron que el proyecto de ley facilitaría combatir los desalojos de vivienda en un momento donde muchos nevadenses pasan por dificultades financieras.

“La pobreza nunca debe ser castigada forzando un acceso desigual a la justicia”, dijo Liz Davenport de la Unión Americana para las Libertades Civiles de Nevada (ACLU). "La ley actual no da a los tribunales de Nevada un estándar claro y objetivo para otorgar exenciones de tarifas y, además, no brinda una guía clara al solicitante".