Un reporte estatal muestra que al menos 16 compañías de seguros en Nevada podrían haber violado la ley federal de paridad en salud mental y adicciones el año pasado, lo que agregó barreras para quienes buscan servicios de salud mental en comparación con los que solicitan cuidados de salud física.

Lo anterior surge mientras Nevada ha ocupado constantemente el último lugar en salud mental en general. 

Desde 2008, la ley federal requiere que los planes provean cobertura para el tratamiento de salud mental y el consumo de sustancias de la misma manera que la atención médica.

El segundo reporte anual, que redactó la División de Seguros de Nevada para el mercado de seguros privados que supervisa, encontró que las compañías de seguro rechazaron más solicitudes para servicios de salud mental y adicciones que para los de  tratamientos médicos, y documentaron tasas de reembolso más bajas para solicitudes de salud mental que para reclamos de salud física, entre otros.

El informe es la primera parte de un proceso de un año de duración para evaluar y garantizar el cumplimiento de las leyes de paridad en materia de salud mental.

El Senador estatal Demócrata Fabian Doñate, quien preside el Comité Senatorial de Salud y Bienestar, dijo que el reporte es una "inquietante confirmación" de cómo el mercado de seguros de Nevada a menudo no provee un acceso justo a la salud mental. 

Doñate agregó que los problemas descritos en el informe agotan las redes de proveedores y obligan a las familias a pagar servicios más caros fuera del sistema.

Las 16 aseguradoras señaladas por infracciones incluyen a United Healthcare Insurance Co., Aetna Health Inc., SilverSummit Health Plan, Health Plan of Nevada Inc y Sierra Health and Life Ins Co. Tres de los planes, Health Plan of Nevada, Molina Healthcare of Nevada y SilverSummit Health Plan, han administrado contratos de atención médica con el estado, lo que significa que brindan cobertura con Medicaid.

En una declaración a The Nevada Independent, la Asociación de Planes de Salud de Nevada, que representa a 10 compañías, indicó que desconocía las conclusiones del reporte hasta que este medio de comunicación la contactó. Algunas aseguradoras dijeron que concertaron reuniones con los reguladores estatales para analizar el documento.

Katrina Green, una madre soltera quien vive en North Las Vegas, dijo que durante años enfrentó frecuentes rechazos y demoras para tratamientos de salud mental y que ella considera que la mayoría de eso se debió al seguro.

Green añadió que tener un apoyo neutral y capacitado de terceros para resolver estos problemas le habría ayudado a sobrellevar sus relaciones interpersonales y la muerte de uno de sus hijos.

Un punto de partida para la rendición de cuentas

El Comisionado de Seguros de Nevada, Ned Gaines, señaló que, si bien las aseguradoras juegan un papel en las dificultades con el acceso a la salud mental, no son los únicos factores en contra.

La escasez persistente de proveedores en Nevada y el saturado sistema de salud conductual hacen que obtener el servicio sea más difícil. Enfocarse en los hallazgos del reporte por sí sólo tampoco resolverá el problema, escribió Gaines en respuesta a preguntas de The Nevada Independent.

Idealmente, planteó Gaines, la atención médica, mental y el abuso de sustancias sería equitativa en términos de conveniencia, disponibilidad de citas y tiempos de espera. Además, habría precios comparables para servicios de igual duración, sin necesidad de buscar tratamientos fuera de la red, independientemente de la especialidad o el tipo de proveedor.

David Lloyd, director de políticas de la organización de salud mental Inseparable, indicó que el estado no está cumpliendo con ese objetivo.

Lloyd citó datos del Research Triangle Institute (RTI) Internacional que muestran que, en 2021, pacientes de Nevada tuvieron que acudir 20 veces más a servicios de salud conductual para pacientes hospitalizados con padecimientos agudos que a servicios de salud física para enfermos hospitalizados.

La negación de servicios de salud mental más rutinarios puede tener consecuencias potencialmente mortales y mayores tasas de visitas a salas de emergencia, hospitalizaciones y mayores costos de tratamientos de salud física. Dar menos importancia a la salud mental también contribuye a la falta de proveedores. señaló Lloyd.

Revisar que se cumpla la paridad en materia de salud mental bajo la ley federal es un reto debido a factores como requisitos de autorización previa, dijo Kaye Pestaina, directora de protección de pacientes y consumidores en el grupo de investigación de políticas de salud KFF.

Próximos pasos

Aunque se encontraron irregularidades, la ley estatal no determina ninguna sanción inicial para las compañías de seguro que figuran en la lista y se requiere una investigación adicional. Los funcionarios calcularon que esas inspecciones de paridad quizá se extenderán hasta 2027. 

Cuando se conozcan esos resultados, el estado podrá tomar medidas, como multas, que pueden alcanzar un máximo de $50,000 dólares.

Los clientes de seguros que tienen dificultades para obtener servicios de salud mental pueden presentar una queja con la división.