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El Centro de Detención Port Isabel del ICE en Los Fresnos, Texas el lunes 25 de junio del 2018. Funcionarios federales dicen que las familias que han sido separadas a raíz de la política de “cero tolerancia” serán reunificadas en este centro. (Foto: Luz Gray).

Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés que aparece en The Nevada Independent.

Mientras el Gobernador Steve Sisolak anunció el cierre de las escuelas de Nevada el 15 de marzo, Jessica Chavez recibió una llamada de su hermana de 17 años, quien estaba asustada porque su padre había sido detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) cuando salió a comprar alimentos y artículos de limpieza como se aconseja por el brote del COVID-19.

En una entrevista con The Nevada Independent este viernes, Chavez, de 29 años, dijo que habló el jueves con su padre, quien tiene una audiencia esta semana. Ella y su familia tienen la esperanza de que el juez dictará libertad bajo fianza.

Mientras tanto, Chavez y sus dos hermanos están preocupados porque su padre, un trabajador de Las Vegas quien no tiene antecedentes penales, según su abogada Sarah Pérez, se encuentra en el Centro de Detención de Henderson en la misma zona que el resto de la población carcelaria, y no con otros inmigrantes arrestados por ICE.

La angustia de la familia se ve agravada por la pandemia del COVID-19, que hasta este jueves suma 420 casos confirmados en todo el estado. 

Los médicos contratados por el Departamento de Seguridad interna notificaron a los legisladores el viernes que hay un “riesgo inminente para la salud y la seguridad de los inmigrantes detenidos”, también avisaron al público en general y argumentaron que la agencia debería considerar la liberación de todos los que no representen un riesgo para la seguridad pública.

La sobrepoblación, las condiciones insalubres y una ventilación insuficiente hacen que las instalaciones sean vulnerables al brote de enfermedades. Los profesionales de la salud también consideran que las instalaciones tienen un tratamiento médico mediocre y tardado, sin suficientes médicos certificados en su personal y falta de acceso a especialistas.

Abogados y activistas de inmigración en Las Vegas también han expresado su preocupación por la propagación de la pandemia entre los detenidos por ICE; quienes en su mayoría reúnen los requisitos para llevar su caso en la Corte de Inmigración utilizando alternativas como la liberación bajo fianza.

“La detención de inmigrantes es un sistema civil y la gran mayoría de los detenidos por ICE no tienen antecedentes penales violentos”, dijo la abogada de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV) Paloma Guerrero en una entrevista. “Son miembros de nuestras comunidades que ICE está poniendo en riesgo directo simplemente porque creen que la ley de inmigración es de alguna manera más importante que la seguridad pública”.

Históricamente, el propósito de la detención de inmigrantes era asegurarse que la gente compareciera en las audiencias de inmigración y “no para que fuera represivo”, explicó Guerrero.

La detención masiva de inmigrantes y solicitantes de asilo no siempre ha sido parte de la política de los Estados Unidos. En 1980, ICE detuvo a menos de 1,700 personas diariamente. Hoy en día, la agencia está deteniendo a más de 37,000 personas en todo el país, incluyendo a más de 400 en Nevada.

Después de que varios abogados, grupos legales e interesados en el tema enviaron el pasado martes una carta a funcionarios de la oficina local de ICE en Salt Lake City instando a la agencia a suspender las operaciones de campo y liberar a los detenidos no obligatorios, ICE anunció el miércoles de la semana pasada que retrasaría la aplicación de “quienes no representan un riesgo para la seguridad pública”.

La carta, que firmó la Clínica de Inmigración de UNLV, urgió a ICE a dar prioridad a la liberación de quienes son considerados de alto riesgo por su salud y solicitó responder a estas peticiones y a otras inquietudes antes del 31 de marzo.

Funcionarios de ICE no respondieron de inmediato a una solicitud de The Nevada Independent para comentar acerca del tema ni aclararon si van a liberar a detenidos quienes no tengan antecedentes penales.

Liberar detenidos para prevenir el brote del COVID-19

Este martes, ICE reportó que un hombre de 31 años bajo su custodia resultó positivo para el nuevo coronavirus. 

El detenido se encuentra en la cárcel del Condado Bergen en Hackensack, Nueva Jersey, ha sido puesto en cuarentena, está recibiendo atención, y que dicha dependencia ha suspendido la entrada al centro “hasta que haya más información disponible”.

El Proyecto Marshall informó la semana pasada que ICE confirmó el primer caso de COVID-19 en un empleado en un centro de detención de Nueva Jersey, lo que podría ser señal de más que pudieran surgir.

Para los infractores que no tienen un cargo criminal y son considerados de “bajo riesgo” para la seguridad pública, los activistas dicen que ICE podría utilizar alternativas a la detención, como revisiones por teléfono o video.

Amanda Gilchrist, directora de relaciones públicas de CoreCivic, la empresa privada que opera el Centro de Detención del Sur de Nevada, dijo en un correo electrónico el viernes que se está examinando al personal de la instalación para detectar la exposición o los síntomas del virus; monitoreando su temperatura y su historial de visitas a zonas donde se ha producido un brote del COVID-19.

Gilchrist agregó que sé ha pedido a los empleados a seguir recomendaciones que incluyen evitar el contacto cercano con personas que están enfermas, no tocarse la cara y lavarse las manos bien y frecuentemente.

ICE indica en su página de Internet que sus pruebas para detectar el virus cumplen con las normas de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) que recomiendan examinar a las personas con síntomas del COVID-19 y dar seguimiento a quienes han tenido una posible exposición al contagio.

El sitio en línea también reconoce que el aislamiento en casa recomendado por el CDC no siempre se puede practicar dentro de sus instalaciones, por lo que algunos lugares utilizan “unidades” o mantienen a las personas con síntomas similares en las mismas celdas o áreas, como una posible alternativa.

Grupos de activistas siguen instando a los funcionarios públicos a que hagan todo lo posible para liberar a los detenidos que reúnen los requisitos para métodos alternativos de detención, y así poder alcanzar un nivel más manejable de internos en caso de que haya un brote del COVID-19 en sus instalaciones.

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