La Alcaldesa de Las Vegas, Shelly Berkley, dijo que apoyó que la policía de Las Vegas firmara un convenio para ayudar a hacer cumplir la ley federal de inmigración.

Berkley dijo que apoya la decisión de la Policía Metropolitana de Las Vegas (Metro) de entrar en un acuerdo conocido como 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aunque agregó que ella no presionó al Alguacil Kevin McMahill de ninguna manera de antemano para que se uniera al programa.

Las asociaciones 287(g) delegan en oficiales locales de policía la ejecución de tareas federales de inmigración. 

"Eso dependía del Alguacil [Kevin] McMahill, y yo apoyé su decisión", dijo Berkley durante una conferencia de prensa el martes.

McMahill firmó el acuerdo con ICE tan solo un día después de que se incluyó a la Ciudad de Las Vegas en una lista, ahora eliminada, de jurisdicciones santuario que publicó el Departamento de Seguridad Nacional. La designación, cuestionada por Berkley y el Gobernador Joe Lombardo, podría haber puesto en riesgo perder millones de dólares en fondos federales.

Según el convenio, a ciertos agentes de Metro se les permitiría retener a personas indocumentadas durante dos días adicionales para que ICE las tome en custodia para una detención más prolongada.

El acuerdo también requiere que todo el personal de Metro que participe en el programa informe a ICE cualquier encuentro con personas que afirmen tener ciudadanía estadounidense, reporte que debe ser emitido dentro de una hora después del reclamo.

Aunque Berkley dijo que no le pidió directamente a McMahill que firmara el acuerdo 287(g), ella indicó que tuvo varias conversaciones con el alguacil y que apoya la decisión que él tomó.

La alcaldesa señaló que la colaboración era básicamente igual a la política anterior de Metro, la cual estipulaba que los oficiales le debían notificar a ICE acerca de personas nacidas en el extranjero condenadas por ciertos delitos, desde agresión hasta robo menor, tanto durante el registro como durante la puesta en libertad.

“Cuando se arresta a alguien que está aquí ilegalmente y está en la cárcel, es nuestra responsabilidad notificar a ICE que están ahí y que tienen X número de días para recoger a esta persona”, dijo Berkley.

Pero el costo de los programas 287(g) puede ser elevado. En 2011, por ejemplo, el Condado Maricopa, en Arizona, enfrentó un déficit de $1.3 millones después de implementar el programa durante solo tres meses.

Según el nuevo acuerdo, Metro estará obligado a cubrir todos los costos de personal, incluyendo horas extras.

Berkley dijo que no estaba de acuerdo con que se considere a Las Vegas como una ciudad santuario, pero que, si Las Vegas lo fuera, ella defendería el derecho de la ciudad para ser una entidad santuario.

Aunque dicho término no tiene una definición legal, generalmente se refiere a ciudades y estados que otorgan protecciones legales a personas indocumentadas, como impedir que funcionarios pregunten acerca del estatus migratorio.

Nevada no tiene establecidas ese tipo de leyes.

“El gobernador, el alguacil [y] yo — fuimos firmes y muy claros en cuanto al hecho de que no somos una ciudad santuario”, dijo Berkley.

Aunque Berkley hizo declaraciones a la prensa, un portavoz de la Ciudad de Las Vegas dijo que Berkley no se comunicó directamente con el DHS ni con otras autoridades después de la designación de santuario. Ella también sostuvo que "no quiere a los federales aquí".

La solicitud para unirse al 287(g) marca un cambio para McMahill, quien había declarado que Metro solo se uniría al programa si el gobierno federal aprobaba una ley que requiera. También afirmó que Metro corría el riesgo de perder hasta $30 millones en fondos federales si se consideraba no estar en cumplimiento con las leyes de inmigración.

Esta nota fue traducida del inglés por una editora de The Nevada Independent en Español con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.