Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés.

Encontrar un abogado que los represente en una corte de inmigración puede ser un desafío para quienes enfrentan procesos de deportación y que a menudo no tienen los medios económicos para buscar asesoría legal por su cuenta.

En un intento por cerrar esa brecha, asambleístas de Nevada aprobaron este miércoles la iniciativa AB376, que asigna $500,000 en fondos estatales para que la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV) amplíe sus servicios legales sin costo para los inmigrantes.

El proyecto de ley se aprobó en la Asamblea con los Republicanos votando en contra. Este martes, la Asambleísta Demócrata Selena Torres, una de las patrocinadoras de la iniciativa, la presentó durante una audiencia junto a la Líder Demócrata de la Mayoría en el pleno, Teresa Benitez-Thompson, quien calificó la asignación de fondos como un "uso inteligente del dinero".

“Tenemos personas en la comunidad que están haciendo un gran trabajo quienes están dando servicios pro bono a nuestra comunidad inmigrante, y sabemos que tenemos poblaciones necesitadas, entonces, ¿Cómo podemos ayudar a nuestros ayudantes? Y la respuesta fue, que se consiga más apoyo para la Clínica de Inmigración de UNLV”, dijo Benitez-Thompson.

Nevada tiene la población per cápita más grande de inmigrantes indocumentados en los EE.UU.

Michael Kagan, director de la Clínica de Inmigración de UNLV, dijo que los fondos se utilizarían  para crear una oficina de defensa comunitaria fuera del campus de UNLV destinada a ser más accesible para la comunidad.

El dinero también se usaría para contratar a dos nuevos abogados como parte del Immigrant Justice Corps, un programa de becas para graduados de la escuela de derecho interesados ​​en ejercer las leyes de inmigración.

Otra sección de la AB376 requiere limitar en la mayor medida posible las interacciones de la policía estatal o local con las autoridades federales de inmigración con el propósito de hacer cumplir la ley de inmigración. 

La propuesta también incluye limitar la aplicación de la ley de inmigración en las escuelas públicas, colegios y universidades, centros de atención médica y juzgados.

Varios grupos apoyaron el proyecto de ley, incluyendo el Sistema de Educación Superior de Nevada, el Centro de Ayuda Legal del Sur de Nevada y la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU de Nevada).

El proyecto de ley también tuvo la oposición de la Asociación de Jefes y Alguaciles de Nevada, miembros del Partido Estadounidense Independiente y el Partido Republicano de Nevada.

Torres aclaró que las agencias locales pueden optar por salirse de las políticas modelo elaboradas por la oficina del fiscal general.

Durante años, defensores de los derechos de los inmigrantes en Nevada han luchado para poner fin a las órdenes de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que es cuando la policía local retiene a los inmigrantes indocumentados sin otra razón legal que permitir que las autoridades federales los aprehendan. Los defensores argumentan que esa práctica viola los derechos constitucionales de los inmigrantes.

Algunas agencias de Nevada continúan participando en el programa 287(g), una asociación formal con ICE, que abarca el Condado Nye, que continúa la práctica informal de detener a inmigrantes por infracciones menores y los registra en una base de datos de las autoridades federales.

La AB376 aún debe pasar por el Senado antes de que finalice la sesión legislativa este lunes.

Kagan, el director de la Clínica de Inmigración de UNLV, dijo que los procedimientos de deportación le cuestan dinero a Nevada porque las familias separadas por la deportación terminan dependiendo del estado para obtener más recursos.

Kagan agregó que cuando las personas evitan la deportación y obtienen un permiso legal para trabajar, pueden ser autosuficientes y pagar sus impuestos.

El funcionario de la clínica de imigracion señaló que ese es el único lugar al que pueden acudir quienes enfrentan la deportación, ya que la mayoría no tiene los medios para contratar un abogado, especialmente en el caso de los menores no acompañados que llegan a la frontera y quienes a menudo enfrentan los procedimientos de inmigración solos.

Kagan añadió que el dinero asignado al proyecto AB376 podría impulsar el alcance de la clínica de inmigración a largo plazo.

“Sería el comienzo de algo más grande”, dijo Kagan. “Esto es esencial para la comunidad en la que vivimos, para nuestros vecinos y, en general, porque valoramos el hecho de que cuando la familia de alguien esté en peligro, no esté sola”.