A dos semanas de que el Departamento de Seguridad Nacional anunciara el fin de un programa que había permitido vivir el sueño americano a miles de inmigrantes nicaragüenses, la noche de este lunes la dependencia dio a conocer que el estatus de protección temporal para miles de haitianos también ha sido cancelado.

De acuerdo con un informe del Centro para el Progreso de America (Center for American Progress) en Nevada, 6,300 personas de El Salvador, Honduras, y Haití están amparadas por el TPS, y unos 5,200 niños nevadenses nacidos en los Estados Unidos tienen padres originarios de El Salvador, Honduras, y Haiti quienes están amparados por el TPS.

Por última vez, unos 60,000 haitianos protegidos por el TPS podrán extender su permiso hasta julio del 2019, lapso que deberán aprovechar para abandonar el país o buscar otras opciones legales que les permitan permanecer y trabajar de manera permanente en los Estados Unidos.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado indicando la decisión de Elaine Duke, secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de poner fin al programa por considerar que Haití ha hecho un progreso considerable.

En enero del 2010 Haití fue sacudido por un terremoto cuyas consecuencias fueron devastadoras, por lo que Janet Napolitano, Secretaria del DHS, dio a conocer en un comunicado la designación de un TPS por 18 meses a nacionales haitianos que estuvieran en Los Estados Unidos a partir del 12 de enero de 2010.

“Con base en toda la información disponible, incluidas las recomendaciones recibidas como parte de un proceso de consulta interinstitucional, la Secretaria interina Duke determinó que esas condiciones extraordinarias pero temporales causadas por el terremoto de 2010 ya no existen. Por lo tanto, según el estatuto aplicable, la designación actual de TPS debe ser terminada”, indicó el documento.

El DHS informó también que Duke había discutido el asunto recientemente en una reunión con el Ministro de Asuntos Exteriores de Haití, Antonio Rodrigue, y con Paul Altidor, Embajador de Haití en Los Estados Unidos.

La agencia indicó que, desde el terremoto del 2010, el número de personas desplazadas en Haití bajó en un 97 por ciento, y que debido a los pasos que ha tomado para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y sus preparativos para cuando se termine su designación del TPS, el país está en condiciones seguras de recibir “niveles tradicionales de ciudadanos retornados”.

De acuerdo con el comunicado, este año el Departamento de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) llevó a cabo a lo largo del país talleres, paneles de discusión, teleconferencias y foros informativos con beneficiarios del TPS para Haití y sostuvo juntas con miembros del gobierno de esa nación.

El 22 de mayo de este año, John Kelly, el entonces Secretario del DHS, había dado a conocer en un comunicado que la extensión del TPS para Haití sería por un periodo limitado de seis meses, “tiempo que debería permitir a los haitianos beneficiarios del TPS residentes en EEUU el tiempo suficiente para conseguir los documentos y hacer los preparativos necesarios para su salida final”.

El Estatus de Protección Temporal o TPS, ha permitido que inmigrantes provenientes de 10 países — Honduras, El Salvador, Haití, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria y Yemen — se queden en los Estados Unidos en lugar de regresar a sus lugares de origen, afectados por epidemias, conflictos armados, o desastres naturales.

Algunas de las protecciones que otorga ese programa temporal incluyen que sus beneficiarios no sean removidos de Estados Unidos, puedan obtener autorización de empleo y de viaje, y no sean detenidos debido a su estatus migratorio. 

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS, por sus siglas en inglés) es quien se encarga de otorgar esa designación.

Nicaragua, Honduras y El Salvador

El pasado 6 de noviembre nicaragüenses y hondureños cubiertos por el TPS recibieron noticias de cambios en el programa.

DHS informó a través de un comunicado que una vez terminada la última extensión para Nicaragua el próximo 5 de enero de 2018, habrá un período adicional de 12 meses, hasta el 5 de enero de 2019, para permitir que los inmigrantes puedan regresar de manera ordenada a su país, durante ese tiempo busquen opciones legales que les permitan obtener un estatus de estancia permanente si son elegibles, o, bien, para preparar su partida.

La dependencia señaló que la decisión de terminar con el TPS para Nicaragua se tomó tras haber determinado que ya no existen las condiciones por las que se otorgó la protección, y agregó que el gobierno nicaragüense no había solicitado la extensión del programa.

Con respecto a Honduras, la secretaria Duke concluyó que se necesita más tiempo para obtener información adicional y así tomar una decisión. Aunque la designación del TPS para ese país centroamericano se extendió hasta el 5 de julio del 2018, se dejó abierta la posibilidad de que también sea cancelada.

“Dada la información disponible actualmente para la secretaria adjunta”, indica el comunicado del DHS, “es posible que la designación del TPS para Honduras será terminada al finalizar la extensión automática de seis meses con un retraso apropiado”.

La dependencia también hizo un llamado a que el Congreso actúe para promulgar una solución permanente no solo para Nicaragua, sino para los otros países amparados por el TPS.

De acuerdo con un reporte publicado este mes por el Servicio de Investigación del Congreso, actualmente 57,000 hondureños y 2,550 nicaragüenses están amparados por el TPS, que según la oficina del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) tiene el objetivo de proporcionar alivio humanitario de carácter temporal sin conducir a un estatus de residencia legal permanente.

Luego e darse a conocer la noticia para los beneficiarios nicaragüenses del TPS, Hugo Martínez, Canciller de El Salvador, dijo que se había reunido con Duke en Washington para abogar por el TPS para sus compatriotas, y que su gobierno aprovechara este tiempo para hacer más gestiones con el Congreso.

“Para el caso de El Salvador no se anuncia una decisión. Se estará esperando en el margen hasta el 7 de enero del próximo año”, señaló el Canciller salvadoreño Hugo Martínez en una entrevista telefónica con El Noticiero de Canal 6. “Nosotros vamos a enfocarnos en nuestra estrategia en los próximos meses hacia el Congreso, pidiéndoles que busquen una salida definitiva a través de una legislación”.

Tirso Sermeño, Cónsul General de El Salvador en Las Vegas, comentó a The Nevada Independent en junio pasado que los beneficiados del programa sienten temor ante la posibilidad de tener que dejar los Estados Unidos y la inseguridad de no saber qué va a suceder.

“Comenzó con el TPS a los haitianos y después los centroamericanos, como nicaragüenses, hondureños y salvadoreños”, dijo el cónsul. “Cuando John Kelly menciona que aquellos beneficiarios del TPS pudieran empezar a prepararse para regresar a sus países de origen, comienza lógicamente la preocupación de la comunidad”.

El funcionario agregó que el Presidente Donald Trump decide otorgar o cancelar el programa y que no es una decisión que depende de las autoridades salvadoreñas.

Piden que se extienda el TPS

Ante los recientes cambios en el programa de protección temporal que durante años ha amparado a casi una docena de países, políticos, activistas y grupos de trabajadores ya se habían unido a mediados del 2017 para solicitar la extensión del TPS.

Casi 7,000 personas en Nevada son beneficiarias del llamado TPS, forman parte de la fuerza laboral del estado, y han vivido en el país por unos 20 años.

El pasado 7 de noviembre la Senadora Demócrata por Nevada Catherine Cortez Masto emitió un comunicado en el que llamó a que el Congreso actúe por una solución permanente, e indicó que el gobierno “usa libro de tácticas de campaña en contra del TPS”.

“La cruel decisión de la administración Trump separará a padres de sus hijos ciudadanos estadounidenses, dañaría nuestra economía, y amenaza las vidas de miles de comunidades por todo el país”, indicó Cortez Masto. “No pararé de luchar hasta que las miles de familias amenazadas por esta decisión sean protegidas de esta administración xenofóbica”.

La Congresista Jacky Rosen señaló a través de un comunicado que la decisión del gobierno al cancelar el TPS para miles de nicaragüenses “separará a los padres de sus hijos nacidos en los Estados Unidos y pondrá en peligro las vidas de quienes han huido de la guerra, el hambre, y la opresión política”.

La tarde de este martes la Congresista Demócrata Dina Titus destacó a través de un boletín de prensa que los Republicanos no han creado un plan integral de reforma migratoria para abordar el TPS, DACA  (Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y otros programas para mantener juntas a las familias que cumplen con la ley.

“La administración Trump continúa con sus insensibles acciones antiinmigrantes e inhumanas con esta última decisión”, señaló Titus. “Estas personas huyeron de circunstancias inimaginables, construyeron nuevas vidas y han contribuido a las comunidades en Nevada por casi 20 años, generando un estimado de $269 millones para nuestra economía anualmente”.

En eso coincidió la secretaria tesorera del Sindicato de la Unión Culinaria Local 226, Geoconda Argüello-Kline, quien es originaria de Nicaragua. En una entrevista telefónica concedida a The Nevada Independent en español el 7 de noviembre de este año, resaltó las contribuciones de los trabajadores amparados con el TPS y dijo que se tiene que buscar un sistema que resulte en una residencia.

“Los trabajadores de los casinos saben darle servicio a los turistas cuando vienen. Ellos están sintiendo que cualquier día les pueden quitar sus permisos de trabajo”, comentó Argüello.

La líder sindical indicó también que la decisión de eliminar el TPS para los nicaragüenses era un ataque masivo a los inmigrantes y que entendía su preocupación por que ella salió de Nicaragua en 1979 con destino a los Estados Unidos por razones políticas y obtuvo protección con un permiso que había que renovar constantemente. Después obtuvo asilo político y, finalmente, la residencia.

“Esa decisión es increíblemente cruel”, dijo Argüello. “Y ahora queriendo desestabilizar a esas familias… Eso es un gran estrés, estarles diciendo ‘te vamos a sacar, no sabemos si dentro de seis meses, o dentro de un año’. ¿Cómo duerme esa familia? Ellos contribuyen a que este país sea más fuerte”.