Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés que aparece en The Nevada Independent.

El Fiscal General Aaron Ford ha incluido a Nevada en un informe para apoyar la conservación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán.

Ford es uno de los 22 fiscales generales quienes expresan su apoyo a Ramos v. Nielsen, un caso presentado en marzo por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y la Red Nacional de Organización de Jornaleros, entre otros, que se encuentra ahora ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.

El informe, presentado el jueves, apoya a los inmigrantes que durante mucho tiempo han tenido un estatus legal a través de TPS, pero que se enfrentarán a la deportación después de que la administración Trump optara por eliminar el programa para beneficiarios de ciertos países bajo el argumento de que las condiciones han mejorado lo suficiente como para que puedan regresar.

"Nevada es el hogar de más de 4,000 beneficiarios del Estatus de Protección Temporal quienes son trabajadores, miembros que contribuyen a nuestra comunidad en general", dijo Ford en un comunicado este viernes. “Ante circunstancias extremas, buscaron refugio y consuelo aquí. Mientras esta Administración ha atacado a esta población y al programa que los protege, mi oficina ha presentado este informe para mostrar su apoyo a estas 4,000 personas que llaman a Nevada su hogar, y continuaremos dando prioridad a la seguridad y bienestar de nuestras familias".

La participación de Ford es un contraste con su predecesor, el Republicano Adam Laxalt, quien no emitió ninguna declaración pública ni anunció ninguna acción con respecto al TPS. El Gobernador Steve Sisolak también intervino para respaldar el informe, y calificó a los beneficiarios de TPS como una parte vital del estado.

"Proteger el programa de TPS no es una táctica de negociación, es una promesa hecha a los miles de beneficiarios de TPS para quienes el hogar significa Nevada", dijo Sisolak. "Mi administración siempre defenderá a los más vulnerables de nuestro estado, incluyendo nuestros amigos y vecinos que huyeron de la enfermedad, la violencia, el hambre y otras condiciones que ponen en peligro la vida".

En 2017, la administración Trump anunció que cancelaría o daría una extensión final acerca del estatus legal a cientos de miles de beneficiarios de TPS de Yemen, Nepal, Haití, El Salvador, Nicaragua y Honduras. Bajo el programa, quienes habían estado viviendo en los Estados Unidos cuando sus países de origen se vieron afectados por desastres naturales o conflictos importantes, y estaban en peligro si volvían a sus hogares, podían vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos.

Pero mientras que el programa está diseñado para ser temporal y la administración de Trump dice que las condiciones que impulsaron las designaciones iniciales en los países ya no existen, muchos beneficiarios, especialmente cientos de miles originarios de El Salvador quienes han estado cubiertos bajo la protección durante casi dos décadas, dicen que han establecido demasiadas raíces en el país como para que los envíen de regreso a su tierra natal.

Unos 270,000 niños ciudadanos estadounidenses tienen al menos un padre con TPS, y los beneficiarios pueden elegir entre regresar a su país y desplazar a sus hijos de sus raíces, o quedarse con ellos en los Estados Unidos ilegalmente y correr el riesgo de ser deportados.

Los demandantes en Ramos v. Nielsen alegan que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) promulgó cambios al TPS sin cumplir con los requisitos legales e ignoró otras condiciones adversas que han surgido en los países con designación de TPS, lo que genera un retorno inseguro.  

Actualmente, un mandato preliminar a nivel nacional está impidiendo que DHS cancele las protecciones de TPS para beneficiarios de Haití, El Salvador, Nicaragua y Sudán.

Uno de los demandantes es Orlando Zepeda, quien se unió en agosto pasado a una gira en autobús por todo el país, incluyendo Las Vegas, para abogar por la residencia legal permanente para los beneficiarios de TPS.

De origen salvadoreño, Zepeda es padre de una hija de 12 años y de un hijo de 15 años, quien tambien forma parte de la demanda.

"Es muy importante que la administración sepa que lo que está haciendo está mal", dijo Zepeda a The Nevada Independent en Español en una entrevista luego de que los integrantes del recorrido encabezaran una conferencia de prensa frente al letrero de Bienvenidos a Las Vegas. “Son familias que merecen estar aquí porque los niños han nacido aquí y necesitan a sus papás”.

Nota: Steve Sisolak ha donado $2,200 a The Nevada Independent. Vea aquí la lista de todos nuestros donadores.