María Mendoza dijo que estaba leyendo su biblia cuando se enteró de la decisión de una corte que podría afectar su futuro y el de más de 300,000 inmigrantes como ella.

“Quería gritar, quería brincar… estaba tan feliz”, dijo Mendoza quien es originaria de Honduras y ha sido beneficiaria del TPS desde 1999.

Este miércoles por la noche Edward Chen, juez de distrito de los Estados Unidos con sede en San Francisco dictaminó bloquear una orden de la administración Trump para terminar con el llamado Estatus de Protección Temporal o TPS para Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador, cuya vigencia tendría que expirar en el 2019. Noticias bien recibidas — si no hay una solución permanente — para miles de beneficiarios quienes han vivido legalmente en los Estados Unidos en muchos casos durante casi dos décadas y que de otra manera tendrían que dejar el país o enfrentar la deportación en meses venideros.

Mendoza indicó este jueves en entrevista al término de una conferencia de prensa pro TPS en Las Vegas, que si bien Honduras no es parte de esta demanda en particular contra el gobierno, ella apoya el movimiento nacional que busca un estatus legal permanente para beneficiarios del TPS, quienes han tenido que renovar su estatus aproximadamente cada dos años.

Activistas y grupos pro inmigrantes continúan realizando eventos a nivel nacional, como foros informativos y una caravana que inició a mediados de agosto en California, visitó Las Vegas y Reno, y tiene planeado concluir en Washington, D.C este 9 de noviembre justo después de la elección para continuar con labores de cabildeo en el Congreso.

Mendoza, quien es cocinera en un restaurante, indicó que decidió venir a los Estados Unidos en busca de una mejor vida y que el TPS le ha permitido trabajar legalmente para sostener a su familia, incluyendo a su hija, quien nació en los Estados Unidos, pronto cumplirá 18 años, e iniciará una carrera universitaria.

La madre inmigrante comentó que estaba preocupada por los constantes cambios en las políticas migratorias de la presente administración, y que, a pesar de que podría quedar expuesta a la deportación si el TPS se llegara a eliminar, ni ella ni su hija se regresarían a Honduras porque ya tienen una vida hecha en este país.

“Si no existiera el TPS para mí, se me cierra la puerta”, dijo. “No me imagino cómo sería la vida… Yo pienso que se va a resolver. Tengo fe en Dios”.

Juez: “ánimo contra inmigrantes no blancos y no europeos”

Chen concedió una solicitud temporal en contra de que la administración Trump termine con las protecciones para esos cuatro países, argumentando que la medida causaría daños irreparables para los beneficiarios y agregó que existía evidencia de que el racismo influyó las decisiones de terminar con las protecciones del TPS para los nacionales de varios de los países.

"Debido a que hay evidencia de que el Presidente Trump y / o la Casa Blanca influyeron en el DHS [Departamento de Seguridad Nacional] en las decisiones del TPS para al menos plantear una cuestión seria sobre el fondo, el problema restante es si existe evidencia de que el Presidente Trump albergue un ánimo contra los no blancos, extranjeros no europeos que influyeron en su decisión (y, por lo tanto, del secretario) de finalizar la designación de TPS", señaló Chen en su dictamen. "Como los demandantes han catalogado, hay evidencia de lo que se refleja en las declaraciones hechas por el presidente Trump antes, durante y después del proceso de toma de decisiones del TPS".

La orden de Chen indica que la administración Trump falló en demostrar qué daño concreto fue causado por permitir que los beneficiarios del TPS permanezcan en los Estados Unidos.

También sugirió que el proceso de decidir si un país merecía una extensión cambió bajo la administración de Trump; de evaluar la condición general de un país, a solo observar si el evento que provocó la designación inicial, como un huracán, todavía tenía un efecto sobre ese país.

El dictamen es efectivo de manera inmediata y requiere que las autoridades migratorias mantengan el TPS para El Salvador, Sudán, Nicaragua y Haití mientras se determina el resultado de una demanda interpuesta en marzo de este año. Otro grupo de demandas que cubren a beneficiarios de los otros 13 países con TPS siguen pendientes en diferentes cortes a nivel nacional.

No está claro qué pasará con el programa a partir de ahora. La orden otorga al gobierno 15 días para explicar cómo continuará el status quo [actual estado de las cosas] para el programa mientras se resuelve la demanda, pero eso podría incluir establecer un plan para que los beneficiarios renueven su estatus, un plan para volver a inscribir a los beneficiarios automáticamente, u otra cosa, según Mayra Salinas, abogada de la Clínica de Inmigración de la UNLV.

El gobierno también podría apelar la medida cautelar. Salinas dijo que los beneficiarios del TPS no necesitan tomar medidas inmediatamente, sino que deben estar atentos a las actualizaciones.

"Necesitan prestar atención en las próximas semanas para ver cómo responde el gobierno", dijo Salinas.

Diez beneficiarios de TPS de esos cuatro países, junto con cinco hijos ciudadanos estadounidenses cuyos padres dependen del TPS demandaron al gobierno en los primeros meses de este año por haber cancelado el TPS. Están respaldados por la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) la Red Nacional de Organización de Jornaleros y la firma de abogados Sidley Austin.

Los demandantes argumentaron que la interpretación de la administración Trump de las reglas del programa es inconstitucional.

Chen indicó que los demandantes también expresaron serias preocupaciones de que la medida de la administración estuvo “basada en un ánimo contra inmigrantes no blancos y no europeos en violación de la Protección Igualitaria garantizada por la Constitución”.

Lucha por solución permanente

El año pasado el gobierno anunció que cancelaría u otorgaría una extensión final sobre el estatus legal a cientos de miles de beneficiarios de TPS de 10 países quienes han estado viviendo en los Estados Unidos luego de que sus lugares de origen se vieran afectados por desastres naturales o conflictos importantes, y que estaban en peligro si regresaban a sus hogares.

Aunque el TPS está diseñado para ser temporal y el gobierno argumenta que las condiciones de los  países en cuestión han mejorado hasta el punto de que la protección no es necesaria, la orden de la corte hace referencia a correos electrónicos internos del gobierno para afirmar que la terminación se produjo a pesar de que todavía se consideraba que los países están en malas condiciones.

Muchos beneficiarios, especialmente los cientos de miles de salvadoreños que han contado con la protección durante casi dos décadas y constituyen la mayoría de beneficiarios, dicen que han establecido muchas raíces en este país como para que sean enviados de regreso. Cerca de 200,000 niños ciudadanos estadounidenses tienen al menos un padre con TPS, lo que significa que la terminación del programa podría conducir a que esas familias tengan que separarse.

Donis Hernández es originario de El Salvador y ha estado amparado por el TPS desde el 2001, cuando un terremoto devastó ese país centroamericano que ya había sufrido una brutal guerra civil, y cuando el entonces Presidente George W. Bush extendió protecciones para salvadoreños radicados en los Estados Unidos quienes muy probablemente no podrían regresar a salvo a su país.

Hernández dijo que vio como positivo el dictamen de Chen, pero que cuando se enteró de la cancelación del TPS para los salvadoreños a principios de 2018, le preocupó el futuro de su familia, por lo que decidió unirse al Comité TPS Nevada Camino a la Residencia y participar en algunos recorridos de la caravana nacional.

Hernández dijo en entrevista al finalizar la rueda de prensa del jueves que su familia es de estatus mixto, pues su hija de 14 años nació en los Estados Unidos, y su hijo, de 19, es beneficiario de DACA; programa que canceló la administración Trump en septiembre de 2017 y que, al igual que el TPS, también ha sido objeto de un flujo constante de demandas, pleitos y discusiones.

“Parte de la Jornada de la Justicia que se inició el 19 de agosto es un paso más que nos está dando frutos ahorita”, dijo Hernández, “Pero también nos da más energía para seguir más en la lucha para que nos lleve a una residencia permanente”.

Hay varios proyectos de ley en el Congreso que darían a los activistas lo que piden, residencia legal permanente, pero no han avanzado.

“Ya no podemos regresar a nuestros países… no están preparados para recibirnos”, dijo Hernández, quien vende productos en línea, trabaja en la construcción y es dueño de su propia casa. “Me entró, no miedo, sino tristeza de saber tanto que hemos aportado para este país y digan de la noche a la mañana ‘¿Sabes qué? Te tienes que salir”.