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Un grupo de personas escuchan a expertos en temas de inmigración durante una reunión en la Iglesia Católica Santa Ana. Martes, 28 de noviembre del 2017. (Foto: Jeff Scheid / The Nevada Independent).
Gobernador de Nevada, Brian Sandoval, en Carson City el 14 de febrero del 2017. (Foto: David Calvert).

El Gobernador de Nevada, Brian Sandoval, expresó este viernes su apoyo a soluciones permanentes para miles de inmigrantes protegidos por un programa que durante años les ha permitido trabajar en los Estados Unidos y les ha brindado alivio contra la deportación.

Varios legisladores en Washington también se unieron al llamado presentando propuestas de ley en el Congreso.

Los líderes en el Congreso y el presidente Trump han estado trabajando en un gran acuerdo de inmigración que podría incluir a los beneficiarios del TPS, aunque los presuntos comentarios despectivos que el presidente hizo el jueves han añadido incertidumbre.

Unos 200,000 inmigrantes de El Salvador, algunos de los cuales han vivido en este país por más de dos décadas, se enteraron este lunes que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) decidió poner fin al Estatus de Protección Temporal o TPS para El Salvador y “retrasar la terminación por 18 meses. La designación terminará el 9 de septiembre de 2019”.

La dependencia indicó en un comunicado que la decisión se tomó tras una revisión de las condiciones originales relacionadas con el temblor que azotó a esa nación centroamericana en el 2001, determinando que ya eran inexistentes.

TPS, Nevada, y el Congreso

Minutos después de haber participado en un evento de la Asociación Nacional de Gobernadores este viernes en Las Vegas, Sandoval dijo a reporteros que apoyaría que el Congreso extienda las protecciones para los beneficiarios salvadoreños del TPS.

"Son personas que han vivido, trabajado y contribuido a nuestra sociedad de una manera muy positiva, por lo que me gustaría encontrar una forma en la que puedan permanecer en los Estados Unidos”.

Jacky Rosen, Congresista Demócrata por Nevada, dio a conocer este miércoles en un comunicado que copatrocinó la propuesta de ley American Promise Act, presentada el 3 de noviembre del 2017.

Patrocinado por Nydia Velázquez, Congresista Demócrata por Nueva York, dicho proyecto de ley, que también es copatrocinado por la Congresista Demócrata por Nevada Dina Titus, contempla establecer residencia legal y proveer un camino a la ciudadanía para beneficiarios del TPS.

Una pareja se toma de las manos durante un foro informativo acerca de DACA en el Centro Comunitario del Este de Las Vegas. Martes 5 de septiembre del 2017. (Foto: Jeff Scheid/ The Nevada Independent).

"Esta legislación traerá un alivio inmediato a los miles de beneficiarios de TPS en Nevada y en todo el país que están preocupados de que perderán la vida que han construido por décadas en los estados unidos", indicó Rosen en el comunicado. 

Este viernes un portavoz de Mark Amodei, Congresista Republicano por Nevada, reiteró a este medio a través de un correo electrónico que el TPS es un tópico nuevo para su oficina y que Amodei continúa estudiando el estatus de refugiado de personas que fueron desplazadas hace 17 años debido al temblor del 2001 en El Salvador.

“También estamos viendo cómo el estatus de esas personas se ha manejado específicamente durante este tiempo además de las regulaciones existentes que les permiten residir aquí”, indicó Amodei.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, el Senador Republicano Dean Heller no respondió este viernes a una solicitud de comentarios por parte de The Nevada Independent, pero este martes hizo una declaración para el periódico Reno Gazette-Journal que parecía abogar por un compromiso sobre inmigración.

“Nuestro sistema de inmigración está fundamentalmente roto, y esta es otra razón por la cual el Congreso debe unirse en una solución que dé prioridad a la seguridad fronteriza y al mismo tiempo preserve la oportunidad para las personas que vinieron a este país en busca de una vida mejor”, dijo.

La Senadora Demócrata por Nevada, Catherine Cortez Masto, dio a conocer en un comunicado que este viernes se reunió en Las Vegas con beneficiarios del TPS y que, junto con unos 25 senadores Demócratas, firmó una carta dirigida a Kirstjen Nielsen, Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para solicitar que se revierta la decisión de poner fin al TPS para El Salvador.

“Necesitamos soluciones permanentes para proteger las familias con TPS”, dijo Cortez Masto en su comunicado. “Y precisamente el Proyecto de Ley de Seguridad para Países Bajo Represión y Emergencia (SECURE Act, por sus siglas en inglés) haría eso”.

Un portavoz del Congresista Demócrata por Nevada, Rubén Kihuen, señaló en un mensaje a The Nevada Independent este lunes que Kihuen apoya el TPS y una extensión para los beneficiarios del programa, y que no ha firmado ninguna de las cinco propuestas de ley actuales porque antes desea revisarlas.

En septiembre pasado Kihuen firmó una carta bipartidista junto con otros 116 miembros del Congreso pidiendo que se extienda el TPS para El Salvador y Honduras. En noviembre del 2017 también firmó una carta solicitando la renovación del TPS para cinco países, incluyendo El Salvador.

Kihuen resaltó las contribuciones culturales y económicas de los beneficiarios del TPS en un comunicado de prensa este lunes, y criticó la decisión del gobierno de cancelar la protección para los salvadoreños, calificándola como cruel y de poca visión.

El Congresista Republicano por Colorado, Mike Coffman, se sumó a la lista de legisladores en Washington que apoyan soluciones permanentes para quienes están amparados por el TPS.

Este miércoles, Coffman presentó la propuesta de ley TPS Act of 2018, que otorgaría residencia legal permanente a inmigrantes de unos 13 países que cuentan con TPS o que ya perdieron el estatus.

Personas caminan en el Strip de Las durante marcha por los trabajadores, la unión y la inmigración. Lunes 4 de mayo del 2017. (Foto: Jeff Scheid).

Coffman indicó que si se aprueba su plan, cuyos detalles dio a conocer a través de Univision Noticias, el TPS se extendería por tres años para quienes están inscritos actualmente, después de tres años los beneficiarios que califiquen podrían solicitar la residencia permanente, y unas 50,000 tarjetas de residentes se deducirían para este programa de forma proporcional anualmente.

El proyecto no representa agregar más solicitudes a la cuota anual de 480,000 tarjetas de residencia que cada año otorga el gobierno estadounidense, sino que propone redestinar las 50,000 tarjetas que se sortean cada año a través de una política migratoria que Trump quiere cancelar y que se conoce como Programa de Visas de Diversidad, o lotería de visas.

“Esta legislación ayudará a aquellos que han vivido y trabajado en los Estados Unidos, bajo el TPS durante muchos años, para tener un estatus legal que les daría un camino a la residencia permanente legal y quitar el miedo a ser deportados”, señaló Coffman en su comunicado.

Legisladores de ambos partidos han presentado ante el Congreso otros proyectos de ley en busca de ofrecer una solución migratoria para beneficiarios del TPS: Aspire-TPS Act, Esperer Act, Secure Act, y American Promise Act.

Aspire-TPS Act: Patrocinada por Yvette Clarke, Congresista Demócrata por Nueva York. Presentada el 14 de noviembre del 2017. Contempla un permiso de trabajo con duración de seis años y no incluye un camino a la residencia o la ciudadanía.

Esperer Act: Patrocinada por Carlos Curbelo, Congresista Republicano por Florida. Presentada el 31 de octubre del 2017. Contempla provisiones para ajuste de estatus solo para beneficiarios del TPS de Haití, Honduras, Nicaragua, o El Salvador.

Secure Act: Patrocinada por Chris Van Hollen, Senador Demócrata por Maryland. Presentada el 16 de noviembre del 2017. Es el único proyecto de ley ante el Senado. Contempla a todos los países que hayan recibido designación del TPS o que la lleguen a recibir en el futuro.

Negociaciones y controversias

Los ánimos se encendieron este jueves cuando, en una reunión bipartidista con legisladores en la que se abordó el tema del TPS, Trump se refirió a Haití, El Salvador y naciones africanas como “shithole” o huecos de mierda.

Pero este viernes Trump dijo en su cuenta de Twitter que era un invento de los Demócratas y que no había usado términos despectivos.

En sus declaraciones de este viernes a reporteros, Sandoval dijo que, si bien estaba al tanto de que el presidente estaba disputando el uso de la calumnia para describir a Haití y otros países africanos, los comentarios, de ser ciertos, no eran un mensaje "positivo" para el resto del mundo.

Los cambios en el TPS

El Salvador no es el único país que ha sido parte de cambios en su designación del TPS. El pasado 6 de noviembre el DHS anunció el fin de ese programa para miles de inmigrantes nicaragüenses, y dos semanas después, el 20 de noviembre, la cancelación para Haití.

El DHS informó que una vez terminada la última extensión para Nicaragua este 5 de enero, habrá un período adicional que concluirá el 5 de enero del 2019, para permitir que los inmigrantes de ese país busquen alternativas legales que les permitan permanecer y trabajar en los Estados Unidos, o iniciar su retorno a Nicaragua de manera ordenada.

En su anuncio del pasado noviembre, el DHS dio a conocer una prórroga automática de otros seis meses para Honduras, indicando que aún no se ha tomado una decisión definitiva para ese país.

De acuerdo con datos recientes del Pew Research Center, cerca de 195,000 salvadoreños y 57,000 hondureños con TPS están protegidos de la deportación.

Los aportes económicos de los inmigrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras abarcan tanto a sus países como a los Estados Unidos, pues no solo sostienen a sus familias en este país, sino que muchos de ellos envían dinero a los seres queridos que dejaron en su tierra natal.

Según lo indica un reporte del Center for American Progress, unos 4,800 trabajadores en Nevada son beneficiarios del TPS para El Salvador. Un 30.7 por ciento de ellos trabajas en las industrias de hotelería y servicios alimenticios, y habría una pérdida anual de $255.3 millones de dólares en el Producto Interno Bruto del Estado de Plata sin los trabajadores salvadoreños con amparados por el TPS.

El reportero Riley Snyder contribuyó a esta nota.

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