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El Senador estatal Aaron Ford, observa procedimientos judiciales en relación a esfuerzos de destitución centrados en las Senadoras estatales Nicole Cannizzaro y Joyce Woodhouse en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas el miércoles 7 de febrero de 2018. (Foto: Daniel Clark / The Nevada Independent).

Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés publicada en The Nevada Independent.

Los principales fiscales en Nevada dicen que creen que la información personal de residentes actuales y anteriores de Nevada se está usando para presentar solicitudes fraudulentas de beneficios por desempleo, aunque afirman que no pueden revelar muchos detalles acerca de su investigación en curso.

Un grupo de trabajo de COVID-19 que incluye al Fiscal General de Nevada Aaron Ford y al Fiscal de los EE. UU. Nick Trutanich emitió un comunicado este martes instando al público a protegerse y denunciar casos de sospecha de fraude. También emitieron una lista de consejos acerca de cómo evitar el robo de información personal.

"El Grupo de Trabajo contra el Fraude COVID-19 está comprometido a proteger la integridad del programa de beneficios de desempleo", dijo Trutanich en un comunicado. "Continuaremos trabajando estrechamente con nuestros socios y colegas encargados de hacer cumplir la ley en el Grupo de Trabajo para salvaguardar el programa para nevadenses que enfrentan situaciones difíciles".

Las autoridades dicen que las personas generalmente se enteran de la situación cuando reciben una carta del Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación de Nevada (DETR) acerca de una solicitud que nunca presentaron, o su empleador recibe una correspondencia similar.

Quienes sospechen que son víctimas de fraude de desempleo deben presentar una queja a través del Centro de Quejas de Delitos por Internet (IC3) del FBI, en www.ic3.gov y en DETR’s Fraud Report.

El grupo de trabajo estatal, integrado por investigadores y fiscales locales, estatales y federales, dijo que está trabajando con el DETR para evaluar el problema.

El Maestro Especial designado por la corte, Jason Guinasso, identificó al fraude como uno de varios factores — junto con fallas informáticas, falta de orientación para los demandantes y falta de capacitación del personal del centro de llamadas por contrato — que ha "constipado el sistema" y ha obstruido el flujo en el procesamiento de varios de las casi 900,000 solicitudes iniciales de desempleo presentadas en Nevada desde que comenzó la pandemia.

Kimberly Gaa, administradora de la División de Seguridad de Empleo, dijo que su agencia calcula que hay más de 100,000 solicitudes fraudulentas enviadas al programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA).

Pero además del testimonio de Gaa en una presentación judicial, los detalles de la sospecha de fraude han estado en secreto, y Guinasso dijo en la corte este lunes que no podía dar más detalles a un juez acerca de sus conclusiones, excepto en una audiencia a puerta cerrada.

El abogado Mark Thierman, en representación de los solicitantes del PUA que experimentaron retrasos en el pago, dijo que el miedo a un fraude eclipsa la urgencia de pago a quienes están desesperados.

Thierman agregó que sería mejor cumplir de manera inadvertida algunas de las solicitudes ilegítimas, que continuar reteniendo las prestaciones para grandes grupos de personas que están padeciendo sin sus beneficios.

"Este tipo de tácticas de miedo, “...”, de fraude en el aire, sin explicarlo ... no es razón por la cual el sistema deba fallar y no pagar", dijo.

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