El Gobernador Joe Lombardo firmó como ley su paquete insignia de justicia penal a unas semanas del cierre de la sesión legislativa especial. La iniciativa dará luz verde a la reactivación de un tribunal para abordar los delitos cometidos exclusivamente en el Strip o franja hotelera de Las Vegas, y también ampliar protecciones en torno a actividad de cumplimiento de leyes migratorias.

El proyecto, cuya aprobación se hizo pública el lunes por la tarde, es una versión renovada de la iniciativa SB457 de Lombardo contra el crimen, la cual se estancó en los últimos días de la sesión legislativa de 2025. Además de implementar un tribunal para el corredor turístico, la medida establecerá penalidades más severas para ciertos robos y un programa de custodia transitoria para reclusos no violentos.

Un cambio de último momento al proyecto de ley también prohibirá que los distritos escolares permitan la aplicación de leyes de inmigración en planteles de escuelas públicas sin una orden legal, y requerirá aprobación legislativa para la expansión de centros de detención.

Las más de 70 páginas de la legislación marcan las reformas de justicia penal más detalladas en Nevada desde 2019, cuando la Legislatura de mayoría Demócrata aprobó cambios importantes en el código penal del estado, incluyendo la reducción del umbral de delito grave, de $1,200, a $750 dólares. Esos cambios provocaron la molestia de Lombardo, quien, en su candidatura por la gubernatura en 2022, criticó a los Demócratas por ser "blandos con el crimen".

La nueva ley es una victoria para Lombardo, quien fue alguacil del Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas, mientras busca la reelección en 2026 frente al probable aspirante Demócrata, el Fiscal General Aaron Ford.

A pesar de anuncios sobre inmigración, Lombardo dijo que el proyecto permite “que las fuerzas del orden hagan lo que deben para mantener nuestras escuelas seguras” mientras cumplen con un acuerdo que el estado tiene con la administración Trump sobre la aplicación de la ley migratoria.

"La AB4 no es una política santuario ilegal. De hecho, refuerza las leyes contra el robo, violencia doméstica y manejar bajo la influencia del alcohol, delitos alimentados por la epidemia de adicciones que los cárteles han infligido en nuestro país", dijo Lombardo en X. 

Un portavoz de Lombardo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios acerca de la aprobación del proyecto de ley.

A pesar de enfrentar un fuerte rechazo por parte de legisladores Demócratas y Republicanos durante la sesión legislativa de 2025, el proyecto simplificado enfrentó pocos obstáculos en la sesión especial. Legisladores de ambos partidos consideraron que la iniciativa ayudaría a abordar el aumento de la delincuencia en el Strip, mientras que reduciría la presión sobre el sistema penitenciario mediante acuerdos de custodia alternativos.

Aunque defensores del proyecto advirtieron que el tribunal del corredor turístico ayudará a garantizar la seguridad de visitantes y de quienes trabajan en el Strip, ha enfrentado al rechazo de grupos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Nevada o ACLU, a quienes les preocupan restricciones a las garantías individuales.

Grupos progresistas también han expresado preocupación por la falta de participación pública en el proceso legislativo, especialmente por la restricción para dar testimonio por teléfono en las audiencias de la Asamblea durante la sesión especial, y por el respaldo de la industria turística al proyecto.

"Los principales Demócratas y el gobernador parecen aterrados ante la idea de enfadar a las grandes corporaciones de casinos y, en un estado que funciona como una ciudad empresarial, ese temor se hace más evidente cuando se acercan las elecciones", dijo a The Nevada Independent Athar Haseebullah, director ejecutivo de la ACLU de Nevada, en un comunicado.

El proyecto de ley también ha generado preocupaciones fiscales. Una nota del Departamento Correccional de Nevada (NDOC) señala que le costaría unos $2 millones de dólares en los años fiscales 2026 y 2027, pero la agencia calcula que la iniciativa podría reducir su población carcelaria en casi 300 personas al año.