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Una pancarta en apoyo al Estatus de Protección Temporal cuelga de un camión estacionado cerca del letrero de "Bienvenidos a Las Vegas" el martes 21 de agosto de 2018. (Foto: Jeff Scheid / The Nevada Independent).

Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés.

Habitantes de Las Vegas quienes participaron en una protesta migratoria en Washington, D.C. De izquierda a derecha: Emily Hernandez, Maria Mendoza, Francis Garcia y Nazareth Jimenez. (Humberto Sanchez/The Nevada Independent).

Tres mujeres de Las Vegas de raíces hondureñas participaron en una protesta en la capital de la nación presionando al Congreso para que otorgue un estatus migratorio permanente al Estatus de Protección Temporal (TPS).

Lo anterior tuvo lugar la semana pasada bajo el marco del primer discurso del Presidente Joe Biden en una sesión conjunta del Congreso en la que promocionó los logros de sus primeros 100 días de gobierno.

En su discurso, Biden también instó a que el Congreso reforme el sistema de inmigración, incluyendo otorgar un camino a la ciudadanía para los DREAMers, como se conoce a quienes fueron traídos al país ilegalmente cuando eran niños, y a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), que permite a personas de países donde hay guerras o desastres quedarse en los Estados Unidos.

Un grupo de cinco habitantes de Las Vegas se encontraba en Washington, D.C para presionar a los legisladores a tomar acción.

Francis García, quien trabaja en la franja de casinos de Las Vegas, su hija Nazareth Jiménez, y María Mendoza, cocinera en el restaurante The Egg and I en Las Vegas, participaron en una breve huelga de hambre.

Las tres mujeres pasaron tres días sin comer y fueron las últimas de una serie de beneficiarios TPS y simpatizantes de todo el país que hicieron el ayuno para resaltar su difícil situación. La protesta duró 43 días en Freedom Plaza, cerca de la Casa Blanca.

“Queremos la residencia permanente”, dijo Mendoza en entrevista, y quien ha vivido en Nevada desde 1997. “Hemos apoyado a este país, hemos trabajado en este país y hemos vivido la mayor parte de nuestras vidas en este país. Así que nuestro mensaje para el Presidente Biden y el Congreso es actuar y darnos la residencia permanente”.

La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley en marzo que daría un camino a la ciudadanía para DREAMers, beneficiarios del TPS y quienes reciben Salida Forzada Diferida (DED).

El TPS y el DED permiten que personas de ciertos países designados permanezcan en los EE. UU. por motivos humanitarios, pero el Senado no ha aceptado el proyecto de ley.

Un grupo de senadores, incluyendo la Demócrata por Nevada Catherine Cortez Masto, están sosteniendo conversaciones informales acerca de un posible compromiso, pero no parecen estar cerca de llegar a un acuerdo.

Las tres huelguistas fueron acompañadas por otros dos habitantes de Las Vegas quienes se unieron como apoyo moral: José López, titular del TPS de Honduras, y Emily Hernández, quien participó en la huelga hace un mes, es ciudadana estadounidense, e hija de un beneficiario TPS salvadoreño.

El hermano de Hernández es un DREAMer amparado por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), programa que permite trabajar y protege de la deportación a inmigrantes traídos ilegalmente a los Estados Unidos cuando eran niños.

"Soy la única ciudadana estadounidense en mi familia", dijo Hernández. "Siempre supe que era mi deber usar mi voz para ellos y hablar sobre este tema y también para los 11 millones de inmigrantes que no tienen un estatus".

El grupo de Las Vegas se reunió en la protesta con un representante de la oficina de Cortez Masto. Miembros de Las Vegas TPS Alliance suelen ir todos los años a D.C. para reunirse con los representantes de Nevada en el Congreso, pero el edificio de la capital ha estado cerrado a los visitantes desde marzo debido a las restricciones por COVID-19.

La Congresista Demócrata por Nevada Dina Titus dijo que espera que Biden extienda el plazo de octubre para los beneficiarios de TPS de Honduras y El Salvador, pero los manifestantes quieren algo permanente en lugar de vivir con la posibilidad de que algún día sean deportados.

Hernández dijo que hasta que se apruebe una ley, ella vive con el temor de que "todavía van a sacar [del país] a nuestros padres".

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