Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés que aparece en The Nevada Independent.

Un juez del Condado Clark le ha concedido al Alguacil Joe Lombardo su solicitud para reducir en un 10 por ciento la población carcelaria de su jurisdicción, luego de que él escribió que "el efecto dominó del brote [de COVID-19] en la cárcel pondrá en peligro a todos en la comunidad".

La orden de la juez Linda Bell, con fecha de este jueves, concede a Lombardo la flexibilidad de liberar a quienes están cumpliendo condena por una violación técnica de sus términos de libertad condicional (una que no resultó en un nuevo delito, como no cumplir con su hora de llegada) y aquellos que ya han cumplido al menos el 75 por ciento de su sentencia.

También autoriza la liberación de internos con un alto riesgo de desarrollar COVID-19 porque son mayores de 65 años, o tienen un problema de salud subyacente.

La orden excluye la liberación de personas que están cumpliendo condena por un delito violento o por conducir bajo la influencia.

"La capacidad de reducir la población carcelaria de esta manera ayudará al alguacil en sus responsabilidades con la salud y la seguridad de los internos", escribió Bell. "Al mismo tiempo, tanto el alguacil como yo reconocemos la prioridad de mantener a nuestra comunidad segura y las decisiones acerca de la liberación de los reclusos deben tener en cuenta cualquier riesgo potencial de daño a la comunidad".

En una conferencia de prensa este viernes por la tarde, oficiales de LVMPD dijeron que el jueves por la noche empezaron a poner en libertad a los internos y que este viernes por la tarde esperaban liberar al grupo completo de hasta 290 personas.

Las autoridades dijeron que las personas puestas en libertad no tendrán que pagar fianza, y su liberación será permanente, lo que significa que no tendrán que presentarse en la cárcel más tarde, como sucede cuando caduca la orden de 30 días.

Bell señaló que los internos ya condenados podrían ser supervisados usando dispositivos electrónicos, como GPS.

La policía también informó este viernes que algunas de las personas en libertad estarán sujetas a arresto domiciliario, pero no la mayoría.

Cuando se preguntó si los internos tendrían un lugar a dónde ir —objeción que plantean opositores de liberaciones anticipadas — el Asistente del Alguacil, Chris Jones, dijo que LVMPD se aseguraría de que así fuera.

La solicitud y la orden llegaron a un día de que el Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD), que dirige el Centro de Detención del Condado Clark, reveló que cuatro internos habían dado positivo por COVID-19 desde mediados de marzo; todos ellos habían estado en el mismo módulo de vivienda.

Eso incluyó a un interno de 31 años quien este domingo ingresó al Centro Médico Universitario para hospitalización.

Esos internos son los primeros reportados en instituciones correccionales dentro de Nevada en dar positivo al virus.

El registro de Lombardo indicó que dos de los internos quienes dieron positivo están en salas de aislamiento de flujo de aire negativo, pero el departamento solo tiene 10 de esas habitaciones.

El alguacil también reveló que seis miembros del personal comisionados habían resultado positivos para COVID-19, 26 miembros del personal de la cárcel están en cuarentena, y 17 están en aislamiento.

"Un brote generalizado de COVID-19 en la prisión arriesgaría la vida del personal de la cárcel y sus familias, así como de los internos, y representaría una carga adicional para los hospitales del área y la comunidad médica", dijo LVMPD en la solicitud. "Después de equilibrar los riesgos, el alguacil cree en este momento que una reducción inmediata del tamaño de la población carcelaria en hasta un 10 por ciento es vital, ya que esto permitirá un mayor distanciamiento social para minimizar el potencial de propagación de COVID-19".

Los funcionarios de la agencia señalaron que ya habían reducido la población de las dos cárceles que opera, y tienen alrededor de 2,900 internos; mientras que la capacidad de dormitorios es de casi 4,200.

La orden señaló, sin embargo, que Lombardo necesitaba reducir aún más la población para garantizar la salud y la seguridad.

"No fue una decisión fácil reducir la población de internos. Como alguacil, mi mayor preocupación es la seguridad de la comunidad", dijo en la conferencia de prensa. "La pandemia ha presentado una situación en la que tuve que equilibrar la seguridad pública y la salud del personal de LVMPD y de los internos".

La noticia fue bienvenida para Jennifer Gómez, cuyo esposo Víctor ha estado en el Centro de Detención del Condado Clark desde diciembre esperando su cita en la corte en una acusación ante un gran jurado; aunque ella no ha escuchado si su esposo será elegible para ser dejado en libertad, él toma medicamentos para controlar su presión arterial alta y convulsiones.

"Me da gusto que haya algunos esfuerzos en curso, pero realmente necesitamos controlar mejor los procedimientos en el interior", dijo.

Su esposo denunció procedimientos inadecuados de saneamiento y dijo que, si bien esta semana se les dieron cubrebocas a los internos, los deben reutilizar a diario.

En sus llamadas telefónicas, Víctor Gómez le dijo a su esposa que está tratando de mantener una actitud positiva, pero tiene miedo de contraer la enfermedad.

"Estamos asustados", dijo Jennifer Gómez. "No solo son nuestros seres queridos, sino que siguen siendo personas. Sí, uno se equivoca, pero no se merece estar sufriendo y no poderse proteger".

Nota actualizada a las 2:58 p.m. para agregar detalles de la conferencia de prensa.