Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés, misma que aparece en The Nevada Independent.

Las posibilidades de que la ejecución del preso condenado a la pena capital, Scott Dozier, se realizara este miércoles como él mismo esperaba, se desvanecieron después de una controversia de última hora que presentó el fabricante de uno de los fármacos que se utilizarán en el proceso.

A sólo unas horas de que se realizara la ejecución de Scott Dozier la noche del miércoles en la Prisión Estatal de Ely, la Jueza de Distrito Elizabeth González ordenó al estado no usar el sedante midazolam para dar muerte al reo condenado a la pena capital.

“Los demandantes han establecido una probabilidad razonable de que la reputación de la empresa resulte perjudicada, lo que afectará sus relaciones con inversores y con los clientes”, leyó González como parte de un comunicado.

Los abogados del estado indicaron que esa medida impediría la ejecución del miércoles, pero dijeron que están interesados ​​en hacer un llamado de emergencia a la Suprema Corte de Nevada, cuyo portavoz, Michael Sommermeyer dijo poco antes del mediodía que el tribunal aún no había recibido ninguna solicitud, pero que está abierto a lo que suceda y que “todo es posible” en términos de abordar el asunto el miércoles.

Tres horas después de la audiencia, el Departamento de Correcciones de Nevada anunció que la ejecución se había pospuesto y que no se llevaría a cabo sino hasta nuevo aviso.

González dijo que impondría una suspensión de 60 días, hasta el 9 de septiembre, para actualizar la información que ambas partes puedan recabar en torno al caso, y ordenó al estado no destruir ni utilizar el fármaco hasta que concluya la audiencia preliminar. El fallo no impedirá directamente que la ejecución se lleve a cabo, pero un abogado para el estado dijo durante la audiencia que la ejecución no se efectuaría el miércoles si el uso del medicamento había sido bloqueado.

Este martes, Alvogen, una compañía farmacéutica estadounidense que produce midazolam, presentó  una demanda procurando una orden temporal del estado que usa el medicamento como parte de una combinación de tres sustancias que contienen la inyección letal.

Todd Bice, abogado que representa a Alvogen, dijo que el estado había participado en la “definición” del subterfugio, argumentando que el fabricante del medicamento no estaba consciente de que su producto sería utilizado en dicha ejecución hasta que fue contactado por un periodista el sábado pasado. Bice sostuvo que las objeciones de la empresa, expresadas en cartas que se enviaron a las autoridades estatales durante la primavera y fueron publicadas en Internet, no se referían necesariamente a la propia pena de muerte, sino a las consecuencias para la compañía al verse asociada con la ejecución.

“Lo que enfrentamos aquí es un grave daño a nuestra reputación”, afirmó Bice. “Este uso es completamente incompatible con nuestra firma”.

Bice dijo que en abril la compañía había enviado cartas a funcionarios estatales, incluyendo al jefe del departamento de correcciones y al gobernador, pidiéndoles que no usen ningún producto de Alvogen en futuras ejecuciones y que devuelvan a la compañía cualquier cantidad del medicamento. Bice agregó que que la compañía incluyó una advertencia en su sitio web informando que el medicamento no fue aprobado ni destinado a ser utilizado en ejecuciones.

El fiscal general adjunto Jordan Smith, en representación del estado y hablando por videoconferencia desde Ely, dijo que la demanda se debió principalmente a la mala cobertura de los medios para Alvogen y que la carta enviada por la compañía no tenía fuerza legalmente vinculante.

Smith también rechazó las acusaciones de evasivas, diciendo que el estado había comprado abiertamente las drogas a un mayorista, Cardinal Health, y que Alvogen era "demasiado inepto" para rastrear la venta de productos que podrían usarse en una ejecución.

"El Departamento de Correcciones de Nevada no tenía órdenes de ocultar la venta por parte de Cardinal Health, no hay razón para ocultar la venta de Alvogen. Lo había comprado abierto y honestamente", dijo. "No hubo piratería, ni gran conspiración. Se conectaron, lo ordenaron y apareció al día siguiente".

La decisión se une a la ya de por sí larga saga de Dozier, un hombre de 47 años quien se ha quejado de la vida monótona en prisión, que ya no le importaba lo doloroso que sería su deceso y que desafió al estado a que lo mate. El midazolam se ha usado en varias ejecuciones prolongadas donde los presos han presentado contorsiones y falta de aire; Dozier ha dicho que realmente no le importa si eso le sucede a él.

Alvogen, junto con el fabricante de la droga paralizante que también forma parte del cóctel químico, argumentó que el estado trató de ocultar que planeaba comprar midazolam para la ejecución, incluyendo pedir el envío del medicamento a Las Vegas en lugar de al penal de Ely para así ocultar dicho propósito. El estado dijo que filtrar fármacos por Las Vegas es una práctica normal porque ahí es donde se encuentra la farmacia central.

Maya Foa, un activista contra la pena de muerte quien ha trabajado en torno a temas como la cadena de suministro de medicamentos para ejecuciones, dijo a The Nevada Independent que la decisión del estado de retener la información de que tenía previsto utilizar midazolam hasta justo una semana antes de la ejecución, tenía como fin evitar que las compañías farmacéuticas expresen objeciones.

Dozier fue condenado por homicidio después de que el cuerpo desmembrado y decapitado de Jeremiah Miller, de 22 años de edad, fuera encontrado en un contenedor de basura en un complejo de apartamentos de Las Vegas. Los fiscales dicen que Dozier atrajo a Miller a Las Vegas con la promesa de que podría ayudarle a conseguir ingredientes para hacer metanfetaminas; luego le disparó y le robó los $12,000 dólares en efectivo que Miller traía para pagar las sustancias.

Un amigo de Dozier lo puso en evidencia y también llevó a la policía hasta donde se encontraba otro cuerpo que, dijo, ayudó a Dozier a tirar a las afueras de Phoenix. Dozier fue declarado culpable en Arizona por el homicidio en segundo grado de Jasen Greene, quien fue su compañero de habitación una sola vez, antes de ser encontrado culpable y condenado a la pena de muerte en Nevada.

Después de que su intento de revocar la sentencia de Arizona sufrió un revés, Dozier inició formalmente la petición en Nevada para que procediera su ejecución.

Pero cuando el estado, que lucha para obtener medicamentos debido a que existe todo una maraña de políticas anti-ventas de medicamentos para ejecuciones por parte de las compañías farmacéuticas, anunció que iba a utilizar la nueva combinación de diazepam, fentanilo y cisatracurio, surgió la oposición.

Los defensores públicos a nivel federal que representan a Dozier sostuvieron que la sustancia paralizante no tiene ningún propósito útil; solo sirve para enmascarar señales de que los otros dos medicamentos no están funcionando y que Dozier en realidad sufriría un dolor insoportable.

La objeción desencadenó una orden judicial que llegó hasta la Suprema Corte de Nevada, que finalmente prohibió el uso de la sustancia paralizante. Todo el proceso retrasó ocho meses la ejecución que en un principio se había programado para noviembre.

El protocolo de ejecución indicaba primero la aplicación de midazolam para adormecer a Dozier hasta dejarlo inconsciente. A continuación, los ejecutores le darían una dosis letal del fentanilo opiáceo, y luego el cisatracurio paralizante para evitar la respiración.

La ejecución de Dozier sería la número 13 que Nevada ha llevado a cabo desde que se revocó la prohibición a nivel nacional de la pena de muerte en los años setenta. Todos, excepto uno de los reos ejecutados, fueron voluntarios que por cuenta propia renunciaron a la posibilidad de apelar su condena.

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