En medio de crecientes preocupaciones por el aumento de la aplicación de leyes migratorias en Nevada, un grupo de legisladores latinos visitó el jueves el centro de detención migratoria más grande del estado y describió las condiciones como higiénicas y bien organizadas, pero expresó preocupación porque los detenidos no estaban recibiendo el debido proceso.

La visita de casi dos horas al Centro de Detención del Sur de Nevada, una instalación privada en Pahrump, fue encabezada por su personal administrativo. 

Los legisladores observaron que los detenidos tenían acceso a servicios médicos y teléfonos, y que la mayoría se alojaban en dormitorios compartidos en lugar de celdas individuales. Pero a los custodios; empleados de la empresa privada CoreCivic, no se les permitió responder preguntas de los detenidos acerca de sus casos con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), indicó el liderazgo del Caucus Legislativo Latino de Nevada.

“Hemos estado escuchando acerca de las condiciones realmente inhumanas de los migrantes durante este tiempo, la falta de poder localizarlos, la falta de transparencia, así que queríamos verlo con nuestros propios ojos”, dijo a The Nevada Independent la Asambleísta estatal Demócrata Cecelia González, presidenta del caucus.

González agregó que los legisladores estatales se encuentran en una posición difícil debido a la naturaleza federal de la aplicación de la ley migratoria. En esta sesión legislativa, González y otros legisladores latinos aprobaron varias iniciativas para establecer barreras adicionales en torno a la aplicación de las leyes de inmigración — como un proyecto para restringirlas en escuelas — pero el Gobernador Republicano Joe Lombardo las vetó. 

La visita ocurrió a pocas semanas de que el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas estableció un acuerdo formal con ICE en junio y que algunos negocios locales han cerrado o han limitado sus actividades por temor a ser blanco de ataques durante acciones de control migratorio.

Desde el inicio del segundo mandato del Presidente Donald Trump y su posterior ofensiva contra la inmigración, la población del Centro de Detención de Pahrump se ha incrementado significativamente. 

Durante la visita de los legisladores, en el centro había 458 detenidos por ICE, más del doble de los 200 detenidos de ICE registrados ahí en octubre de 2024. Por otra parte, reporteros del New York Times informaron que entre finales de enero (cuando Trump asumió el cargo) y mediados de junio, Nevada registró un aumento del 289 por ciento en arrestos de ICE en comparación con el mismo período en 2024 — el undécimo mayor aumento interanual en los EE. UU.  

Personal del centro de detención informó a los legisladores que los detenidos por ICE representan cerca del 40 por ciento de la población de las instalaciones, lo que también incluye a casi 631 detenidos del Servicio de Alguaciles de los EE.UU. — personas arrestadas por una agencia federal. 

Hasta junio de 2025, poco menos de la mitad de los detenidos por ICE no tenían antecedentes penales fuera de presencia ilegal en el país, según datos de ICE. En octubre de 2024, cerca del 60 por ciento de los detenidos en el centro por esa agencia federal, tenían antecedentes penales. La presencia no autorizada en los EE.UU. es una infracción civil, no constituye un delito penal.

Todos los detenidos por ICE en el centro en 2024 y 2025 eran hombres, según datos del Departamento de Seguridad Nacional. Funcionarios tampoco proveyeron información adicional a los legisladores acerca de dónde se encontraban detenidos mujeres y niños detenidos por ICE.

La visita hizo poco para aclarar la cifra de habitantes de Nevada detenidos en comparación con otros estados. Funcionarios de inmigración indicaron a los legisladores que tendrían que presentar una solicitud de registros públicos federales.

La población en el centro es mayormente transitoria, con una estancia promedio de 40 días, según dijo a los legisladores personal del recinto. Un grupo de 12 detenidos con los hablaron los legisladores había vivido en todo el país, desde California hasta Idaho, y algunos comentaron que los detuvieron mientras iban en bicicleta o incluso al llevar a sus hijos a la escuela. 

González señaló que los legisladores hablaron con algunas personas de Nevada, incluyendo un hombre de Las Vegas que dijo haber sido detenido en un elevador mientras esperaba su cita en la corte. Oficiales de ICE le dijeron que ya no podría asistir al tribunal y que su única opción era procesar su propia deportación. Antes, el hombre batalló para pagar un abogado, al que habría tenido que pagarle más de $8,000 dólares, según González.

“El tema recurrente aquí es la falta de derechos”, dijo la legisladora.

Durante mucho tiempo, ICE ha recurrido a contratistas privados.

Hasta el 2023, CoreCivic contrató a unos 230 empleados en el Centro de Detención del Sur de Nevada, según una auditoría de la empresa, y más del 90 por ciento de las personas detenidas por ICE estaban recluidas en instalaciones privadas, de acuerdo con datos de 2023 compilados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.

Pero los legisladores destacaron una aparente desconexión entre personal de prisiones privadas y el de ICE. Con base en lo que el personal del centro dijo a los legisladores, funcionarios de ICE solo visitan las instalaciones privadas dos o tres veces por semana.

Los integrantes del Caucus Latino manifestaron su preocupación porque, si el personal de los centros de detención no tiene pleno conocimiento de los procesos de ICE, los detenidos podrían enfrentar dificultades adicionales para tener acceso a apoyo legal y otros recursos. En muchos casos, al personal de los centros de detención no se le permitió traducir para los detenidos.

“¿Cómo pueden las personas tener acceso a recursos o comunicarse si ni siquiera saben que ahí cuentan con eso?”, cuestionó González.