Esta nota fue traducida al español y editada a partir de una versión en inglés.

La maestra de primaria en Las Vegas, Kristan Nigro, dijo que en los últimos años ha enfrentado comportamiento estudiantil extremo y, en ocasiones, violento. Una vez alguien se portó mal, hizo destrozos en el salón, y golpeó a un compañero en la cara con un libro. Después ese mismo estudiante le arrojó unas tijeras y por poco le da en la cara.

En ambos incidentes, Nigro señaló que la persona recibió poca o ninguna acción disciplinaria.

“Todos los días vivíamos con miedo”, dijo Nigro.

El pasado jueves, Nigro dijo ante legisladores que su experiencia es un ejemplo del "fracaso total" de una iniciativa de 2019 que, según críticos, ha impedido que maestros corrijan a estudiantes.

“No está funcionando y no hay rendición de cuentas”, dijo Nigro sobre ese proyecto de ley conocido como AB168. “No es justo que un estudiante pueda entrar a un salón de clases y ser violento y problemático sin ninguna consecuencia”.

Nigro fue una de varios maestros de todo el estado que testificaron a favor de los proyectos de ley AB285 y AB194, los cuales eliminarían algunas restricciones sobre prácticas disciplinarias excluyentes; como suspensiones y expulsiones. Esas medidas se implementaron en 2019.

La maestra de jardín de niños de East Las Vegas, Jessica Jones, se conmovió cuando contó acerca de sus retos con estudiantes que han sido violentos con ella y sus compañeros de clase.

“Cuando los niños se sienten inseguros en la escuela, no se pueden concentrar, su asistencia y sus calificaciones empiezan a bajar”, dijo Jones. “Lo mismo ocurre con el personal cuando los maestros se sienten inseguros. No se pueden concentrar en enseñar o apoyar a nuestros estudiantes”.

Los proyectos de ley surgen casi un año después de que una maestra de preparatoria en el Condado Clark fue brutalmente atacada por un estudiante.

Desde entonces, sindicatos como la Asociación de Educación del Estado de Nevada, la Asociación de Educación del Condado Clark (CCEA) y el Gobernador Joe Lombardo, presionaron para que se eliminen las 'secciones más estrictas' de la ley.

“Esta legislación se aprobó con las intenciones correctas, pero cuatro años después, la falta de recursos y de una implementación adecuada solo han contribuido a la crisis de violencia en nuestras escuelas hoy en día”, dijo la Presidenta de la CCEA, Marie Neisess.

Lombardo y senadores Republicanos también están trabajando en dos proyectos de ley por separado que harán cambios a la legislación de 2019.

El gobernador está patrocinando AB330, su propio proyecto de ley acerca del tema, al que partidarios llaman "Acta de Soporte y de Escuelas Más Seguras". 

Dicha iniciativa cuenta con el apoyo de los superintendentes de 17 condados y requeriría la expulsión de un estudiante que cometa agresión que resulte en daño físico a un maestro, o de quien venda o distribuya cualquier sustancia controlada. Este jueves, Lombardo testificó en persona en la Legislatura acerca del proyecto de ley.

Pero algunos grupos comunitarios advierten a los legisladores que no deben eliminar las protecciones enfocadas a que los niños permanezcan en las escuelas y así evitar que caigan en el sistema de justicia penal.

Antecedentes del impulso por la justicia restaurativa

En 2019, los legisladores aprobaron AB168, un proyecto con la meta de reformar las prácticas disciplinarias de los estudiantes para abordar los altos índices de suspensiones y expulsiones que afectan a los estudiantes de color.

Los partidarios de AB168 esperaban cambiar esas tendencias al requerir que las escuelas provean un plan de acción basado en los principios de justicia restaurativa (intervenciones sin castigos y apoyo para mejorar el comportamiento de los estudiantes) antes de expulsarlos; con ciertas excepciones.

La Asambleísta estatal Demócrata Angie Taylor, quien patrocina el AB285 este año, afirmó que el proyecto de ley de justicia restaurativa de 2019 ha causado retos no deseados.

La iniciativa AB285 eliminaría los requisitos de justicia restaurativa en escuelas públicas. En lugar de eso, Taylor propone que las escuelas establezcan planes de disciplina progresiva basados ​​en la justicia restaurativa.

El proyecto también elimina el requisito de que las escuelas presenten un plan de justicia restaurativa antes de retirar a un estudiante de un salón de clases o de la escuela, o de suspenderlo o expulsarlo.

Un segundo proyecto de ley liderado por la Asambleísta estatal Demócrata Selena Torres y otros patrocinadores permite la “suspensión, expulsión parcial o permanente de un alumno de cualquier edad que cometa una agresión en contra de” un empleado de la escuela o un compañero de estudios mientras se encuentre dentro de las instalaciones escolares”. Esto incluye a estudiantes con discapacidad.

La ley actual sólo permite la “suspensión y expulsión” de estudiantes involucrados en esos incidentes, e impide que las escuelas expulsen permanentemente a alumnos menores de 11 años en determinadas circunstancias.

Los distritos escolares de los condados Clark y Washoe confirmaron el jueves pasado que están a favor de ambos proyectos de ley.

Preocupaciones de la comunidad

Opositores a los proyectos recientes cuestionaron qué significarán esos cambios para ciertos estudiantes a quienes las políticas de justicia restaurativa buscaban proteger para que no caigan en el "paso de la escuela a la cárcel"; refiriéndose a las prácticas que expulsan a los alumnos y en consecuencia los encaminan hacia el sistema de justicia penal.

Samuel Song, investigador en violencia escolar y justicia restaurativa, indicó que la AB194 perjudicará a estudiantes de familias de color, a los que provengan de hogares con un nivel socioeconómico más bajo, a quienes tengan discapacidades y a los jóvenes LGBTQ.

Taylor agregó que ni ella ni los maestros quieren que se expulse a los niños, pero que sí quieren que las aulas y los maestros estén seguros, y que ella está abierta a encontrar un equilibrio entre esas preocupaciones.