El Estado de Plata se ha unido oficialmente a una demanda contra una nueva regla federal que dificulta que inmigrantes de bajos recursos que han utilizado asistencia pública, obtengan un estatus legal.

Este lunes la administración Trump anunció la implementación de la llamada regla final de carga pública, que podría negar tarjetas de residencia y otros beneficios a inmigrantes documentados que usan o podrían usar asistencia pública.

Poco después de conocerse la nueva medida anunciada el lunes, el Fiscal General de Nevada Aaron Ford señaló que su oficina podría unirse a otros estados para interponer una demanda contra la regla, acción que se concretó este miércoles por la tarde.

“Prometí proteger a las familias de Nevada y continuaré protegiendo a nuestras familias de los numerosos ataques de la Administración Trump", señaló Ford en un comunicado. “Este cambio propuesto no solo es mezquino, sino que esencialmente hace que los inmigrantes legales elijan entre mantener su estatus legal y recibir asistencia para satisfacer necesidades básicas, como alimentos, atención médica y vivienda”.

Nevada se unió así a fiscales generales de 13 estados para demandar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por considerar que muchos inmigrantes documentados dejarán de buscar asistencia para ellos o sus familias porque la nueva regla ahora limitará su elegibilidad cuando soliciten un cambio de estatus, dejándolos en peligro de una deportación.

El Director Interino del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) Ken Cuccinelli señaló este lunes que la regla final de carga pública, que entrará en vigor este 15 de octubre, busca garantizar que extranjeros que buscan ingresar y quedarse en la unión americana temporal o permanentemente, sean autosuficientes, en lugar de depender de recursos públicos.

Aunque en octubre pasado ya se había anunciado un borrador en el Registro Federal o Diario Oficial, fue este lunes cuando el gobierno anunció los nuevos cambios, que negarían tarjetas de residencia (green cards) y otros beneficios migratorios a solicitantes que usan estampillas de comida (Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria, SNAP), Medicaid, fondos para la vivienda, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y otros tipos de asistencia pública por un total de 12 meses dentro de un período de 36 meses.

Bajo la nueva norma los extranjeros que buscan una extensión de visa, o cambio de estatus, ahora deben comprobar que no han solicitado ni recibido asistencia pública desde que obtuvieron el estatus de no inmigrante que quieren extender o cambiar.

Pero la coalición de fiscales generales indicó que, al ampliar de manera ilegal la definición de carga pública, el DHS violó estatutos federales de inmigración que han estado vigentes durante mucho tiempo y que abarcan a quienes dependen de asistencia en efectivo o requieren atención médica a largo plazo pagada por el gobierno, mas no incluye asistencia temporal para vivienda, salud, alimentación o Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP).

Los fiscales indicaron en la demanda que, bajo los nuevos cambios, funcionarios migratorios ahora podrán, a su discreción, negar visas y residencia permanente a inmigrantes documentados que buscan utilizar este tipo de asistencia en el futuro, incluyendo a residentes permanentes que han utilizado asistencia del gobierno y estuvieron fuera de los Estados Unidos por 180 días, pues “también pueden ser etiquetados como una carga pública cuando solicitan el regreso, perdiendo su estatus potencialmente”.

En el documento, que además de Nevada incluye a fiscales generales de Colorado, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Rhode Island, Virginia y Washington, también se resaltó que, como resultado de la nueva regla, habrá más riesgo de que familias pierdan su hogar, pierdan acceso a alimentación adecuada, cuidado prenatal y a vacunas para los niños, entre otros.

Tras el anuncio del lunes, el Congresista Demócrata por Nevada Steven Horsford indicó que debido a los cambios, médicos y clínicas del programa WIC (Women Infants and Children) han reportado familias que están rechazando los servicios.

“Este es solo el ataque más reciente de la administración Trump hacia las comunidades inmigrantes; quitar atención médica y comida a los niños y las familias”, dijo Horsford. “Todos debemos luchar contra esta política racista y abusiva”.

Lawsuit Against Public Char... by Michelle Rindels on Scribd