Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés que aparece en The Nevada Independent.

La lucha que ha durado décadas en Nevada para aumentar significativamente fondos para los grados escolares K-12, se ha dado en juntas escolares y en la legislatura. Pero aunque ha habido incrementos a lo largo del camino, ahora la batalla va rumbo a la corte.

Este miércoles, una coalición de padres de familia presentó una demanda contra el Estado de Nevada, en un intento por desbloquear más dinero. 

La queja sostiene que el estado no ha cumplido su obligación constitucional de brindar recursos suficientes para las escuelas públicas, perjudicando así a  los niños.

“A estas alturas es evidente que los poderes políticos del Estado de Nevada no son capaces de remediar las profundas debilidades constitucionales del sistema de educación pública en todo el estado, y por lo tanto esta demanda, aunque desafortunada, es necesaria”, indica la demanda.

La queja fue presentada contra el Departamento de Educación de Nevada, el Superintendente Estatal Jhone Ebert y la Junta de Educación del Estado de Nevada. 

Educar a Nevada Ahora (Educate Nevada Now), un grupo en defensa de la educación, está apoyando el litigio como co-asesor.

El litigio abre un nuevo capítulo en la búsqueda por mejorar el rendimiento de 500,860 estudiantes de Nevada, incluyendo 70,000 quienes están aprendiendo inglés como segundo idioma, y casi dos tercios que califican para almuerzos gratis o a bajo costo.

Durante años, Nevada ha tenido un rendimiento estudiantil mediocre. Para el octavo grado, sólo el 30 por ciento de los alumnos en general logró un nivel de destreza en el examen de matemáticas.

Los estudiantes se desempeñan un poco mejor en la prueba estandarizada de lectura, aunque sólo el 46 por ciento de los niños de tercer grado son competentes en dicha materia.

“De calificaciones de rendimiento al tamaño de los grupos, de la calidad de los maestros a los recursos viables para el aprendizaje del estudiantado, el Estado les ha fallado a sus niños de edad escolar”, afirma la demanda.

Felicia Ortiz, miembro de la Junta Estatal de Educación de Nevada, dijo que la demanda no le sorprende. Pero cuestionó la lógica de nombrar al departamento de la educación y a la junta estatal como demandados porque no pueden controlar los ingresos como lo puede hacer el gobernador o la legislatura.

“No tenemos ninguna autoridad sobre la financiación”, dijo, agregando que la junta estatal no pretende tomar fondos de otras áreas del estado para costear la educación, sino que piden que crezcan los ingresos en general para el estado. “Créame, si pudiéramos, ya lo habríamos hecho”.

Nevada no ha ignorado la financiación de la educación. El ex Gobernador Brian Sandoval encabezó un esfuerzo para aprobar un paquete de impuestos de $1.1 billones de dólares en 2015, y los legisladores aprobaron más de dos docenas de programas educativos.

Después, el Gobernador de Nevada Steve Sisolak realizó una campaña ligada al desarrollo de esas inversiones en educación. En un gesto simbólico, Sisolak ha estado donando su sueldo a las escuelas.

Durante su primera sesión legislativa ya como gobernador en 2019, los legisladores agregaron $62.2 millones de dólares para la financiación de la educación K-12. También aprobaron un proyecto de modernización de la fórmula de financiación de Nevada que data de 1967.

Pero esa nueva fórmula no incluye recursos adicionales para estudiantes de educación especial, niños que están aprendiendo inglés como segundo idioma, que viven en hogares de bajos ingresos o que están inscritos en programas GATE o de educación de alumnos dotados y talentosos. 

Los defensores de la educación criticaron la nueva fórmula de financiación al considerarla esencialmente inútil sin una inyección de dinero.

La demanda de los padres también alega que el estado ha rechazado múltiples estudios que recomiendan que Nevada aumente su gasto por alumno en alrededor de $3,000 por estudiante, por año.

Amanda Morgan, directora legal de Educar a Nevada Ahora, dijo que un numeroso grupo de personas trató de hacer un cambio durante la Legislatura de 2019, pero que se retiró sin satisfacer su petición.

“Tenemos una nueva fórmula de financiación, pero falló en abordar el problema fundamental con la última fórmula de financiación”, dijo. “Estamos abrumadoramente decepcionados”.