Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés.

Legisladores han propuesto un proyecto de ley para terminar con las suspensiones de licencias de conducir por multas y tarifas de tráfico menores no pagadas, que generalmente se cobran a los nevadenses de más bajos recursos.

Como lo presentó la Asambleísta Cecelia González, la propuesta AB151 no quitaría las multas de las infracciones, pero eliminaría la capacidad de los tribunales de suspender las licencias de conducir por infracciones de tránsito menores. 

Las licencias de conducir aún se suspenderían por conducir bajo los efectos del alcohol, conducción imprudente o un incidente que provoque la muerte de una persona.

“Las suspensiones de licencias basadas en deudas obligan a tomar una decisión imposible entre dejar de manejar y perder el acceso al trabajo y las necesidades básicas, o seguir conduciendo, con el riesgo de ser arrestado e incluso más multas y tarifas”, dijo González, una de las patrocinadoras principales del proyecto de ley. “Este proyecto de ley busca abordar uno de los muchos ciclos de pobreza y encarcelamiento que tenemos en nuestras comunidades”.

Entre julio de 2017 y junio de 2019, a más de 38,000 nevadenses se les suspendió la licencia de conducir porque no pudieron pagar las tarifas pendientes o las multas relacionadas con una infracción de tráfico, según el Centro de Justicia de Multas y Tarifas. Leisa Moseley, directora estatal del centro, dijo en la audiencia que investigaciones muestran que las personas están dispuestas a pagar pero no pueden.

“Nuestra investigación también muestra que las suspensiones simplemente dificultan que las personas encuentren trabajo, que retengan el trabajo”, dijo Moseley. “Y les impide poder pagar estas deudas y también en muchos casos les impide poder mantener a sus familias. Los atrapó en un ciclo de pobreza".

Aunque AB151 no se enfoca en las órdenes de tránsito que exigen un arresto, Moseley dijo que las suspensiones de licencias y las órdenes "van de la mano". Ella dijo al comité que los cinco códigos postales principales en Las Vegas que tienen el mayor número de órdenes de arresto (89101, 89106, 89108, 89110 y 89130) también son los que tienen las tasas más altas de inseguridad alimentaria y los ingresos medios más bajos. 

Y aunque los habitantes afroamericanos representan el 12 por ciento de la ciudad de Las Vegas, representan el 46 por ciento de las órdenes de tráfico de la ciudad.

En 2019, la Legislatura aprobó uno de los dos proyectos de ley que buscaban despenalizar las infracciones de tránsito menores. El proyecto que se aprobó, AB434, requería que los tribunales hicieran evaluaciones de capacidad de pago y ofrecieran servicio comunitario o un plan de pago. Pero no está claro si las evaluaciones salariales se están aplicando de manera uniforme en todo el estado y si las personas tienen la oportunidad de hacer un servicio comunitario para atender sus multas acumuladas, dijo Moseley.

El proyecto de ley también establece que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) no debe cobrar ninguna tarifa por el restablecimiento de una licencia de conducir ni exigir que alguien se someta a ningún examen físico o mental para ser elegible al restablecimiento de su licencia de conducir.

El portavoz del DMV, Sean Sever, testificó en forma neutral acerca del proyecto de ley y dijo que esa agencia está "dispuesta a absorber" los costos que generaría la iniciativa, pero agregó que habría una gran pérdida de ingresos.

Esta fue la primera audiencia del proyecto de ley y el comité no votó en ese momento acerca de la medida.