Esta noticia fue editada para brevedad a partir de su versión original en inglés.

Advertencia: Este reporte contiene referencias de abuso y conducta sexual inapropiada contra menores, lo que para algunas personas puede resultar angustiante. Si usted o alguien que conoce ha sufrido agresión sexual, comuníquese con la Línea Nacional contra la Agresión Sexual al 800-656-4673 (HOPE) o visite RAINN.org.

Antes de que abogados interpusieran una demanda alegando abusos físicos y sexuales generalizados en centros de detención juvenil de Nevada, inspectores estatales publicaron un informe que identificó problemas del bienestar y seguridad en casi un tercio de las instalaciones para menores que revisaron.

El informe, fechado en diciembre de 2025 y que se presentó ante legisladores en abril, encontró que en nueve de las 25 instalaciones revisadas se detectaron problemas relacionados con seguridad contra incendios, registros de medicamento, toma de huellas dactilares y reportes acerca de negación de derechos a los jóvenes. Los centros inspeccionados incluyen hospitales, hogares grupales, hogares temporales y centros de detención. 

En un caso, el informe señaló que en un hogar temporal había un arma de fuego que estaba cargada y sin seguro y al alcance de menores. La agencia de hogares de acogida indicó que desconocía que el padre tenía un arma. 

"La frecuencia de estas preocupaciones sugiere que se necesita más atención para mejorar el cuidado de los niños en áreas seleccionadas", señaló el reporte.

Aunque la auditoría abarca un grupo diferente de instalaciones a las mencionadas en la demanda federal — que se enfocó en centros de detención juvenil — defensores del bienestar infantil han criticado al estado por no invertir suficiente en los niños, especialmente los que están bajo cuidado gubernamental.

"Estos no son incidentes aislados. Son un patrón. De manera persistente, Nevada invierte poco en la niñez y espera a que se le demande antes de corregir el rumbo", dijo Elisa Cafferata, directora ejecutiva del Children's Advocacy Alliance.

Athar Haseebullah, director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Nevada (ACLU), dijo que las acusaciones "muestran las fallas de un sistema en el cual el propio gobierno es responsable de investigarse a sí mismo".

Todas las nueve instalaciones se encuentran en el sur de Nevada e incluyen a Sandria Foster Care Agency, cuatro centros de Moriah Behavioral Health (Ignite Teen Treatment, LLC Lone Mesa; Ignite Teen Treatment, LLC Bahama Bay; Eden PRTF Edna; y Eden PRTF Dutch Valley) y cuatro Clark County Family Services Advanced Foster Care Homes.

"El único recurso que queda"

Haseebullah agregó que cree que el público mayormente percibe las propias investigaciones que efectúan organismos gubernamentales como "ilegítimas" y que hay frustración cuando estas apenas proveen resultados.

"El único recurso que queda es que surjan demandas civiles", dijo Haseebullah. "El gobierno opera con su propio manual de reglas".

El informe especificó que, si se identifican problemas, las agencias de licencias "se pueden comunicar o dar seguimiento con las instalaciones para garantizar que se cumplan políticas, regulaciones o estatutos".

Haseebullah dijo que, a menudo, se estigmatiza a los menores del sistema de detención juvenil, lo que disminuye el interés público en que se haga justicia y lleva a las autoridades a evitar responsabilidades en lugar de dar atención a los problemas. 

Él también señaló que se presentaron más de 1,500 quejas, muchas de las cuales tal vez no se reportan o se reportan con menos frecuencia debido al miedo. Haseebullah hizo referencia a tácticas que alegaron los 96 demandantes — uno de ellos alegó que un agresor lo amenazó con sodomizarlo si contaba lo ocurrido, diciendo que el demandante no podría caminar durante una semana.

"¿Qué le queda hacer en una situación como esta a una persona detenida, que ya se siente sin esperanza?", dijo Haseebullah.

En el informe de diciembre, los inspectores recomendaron que los legisladores estatales establezcan una política más rigurosa para regular la presentación de quejas.

Los autores del reporte agregaron que algunos empleados de centros de salud autorizados no están obligados a recibir capacitación específica relacionada con niños, y sugirieron que los legisladores podrían considerar exigir ese entrenamiento.

En cuanto a problemas específicos — como el arma cargada y sin asegurar — Hailey Cornelia-Swift, especialista en bienestar infantil en la oficina de la auditoría legislativa, dijo que se le dio atención inmediata asegurando el arma y dando seguimiento, pero que las agencias de licencias son responsables de los permisos y otros asuntos. 

Esas entidades incluyen a la División de Servicios para Envejecimiento y Discapacidades, y el Departamento de Servicios Familiares del Condado Clark, entre otras.

Haseebullah dijo que le preocupa que este tipo de informes no se toman en serio. Agregó que muy pocas veces, si es que alguna, él puede recordar un caso en el que investigaciones internas sin requisitos adicionales hayan resultado en cambios estructurales necesarios para corregir abusos sistémicos de derechos civiles.

"Uno de los mayores fracasos de la sociedad es la falta de capacidad del gobierno para proteger realmente a los niños que dice poder proteger", dijo Haseebullah. "Y, al hacerlo, no hace más que agravar una trayectoria problemática".

Este reporte fue traducido del inglés por una editora de The Nevada Independent en Español con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.