Esta nota fue traducida al español y editada a partir de una versión en inglés.

Varios grupos de Nevada en defensa de los inmigrantes presentaron una queja federal de derechos civiles la semana pasada contra dos centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del Condado Nye por supuesto abuso verbal, represalias y negligencia médica.

Organizaciones como Arriba Las Vegas Workers Center, Progressive Leadership Alliance of Nevada (PLAN) y la Clínica de Inmigración de UNLV, (Universidad de Nevada, Las Vegas) se unieron a grupos activistas de California para presentar la queja.

Dichos grupos interpusieron el reclamo a nombre de cinco personas que denunciaron malos tratos mientras estuvieron en el Centro de detención del Condado Nye y en el Centro de Detención del Sur de Nevada en Pahrump. Según la carta, tres de esas cinco personas permanecen bajo custodia y dos fueron deportadas.

La denuncia, enviada a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU. (DHS), ICE, CoreCivic (empresa privada que administra el Centro de Detención del Sur de Nevada) y la Oficina del Alguacil del Condado Nye, dice que cinco personas que fueron retenidas en el Centro de Detención Otay Mesa Center en San Diego, fueron transferidas a Nevada en noviembre de 2022 como represalia por solicitar atención médica.

La queja también sostiene que, una vez en las instalaciones de Nevada, el abuso continuó — incluyendo confinamiento solitario — y que el hospital local “se niega a dar tratamiento a personas bajo custodia de ICE”.

“Un oficial del ICE aquí ya me dijo que 'no me podrán atender en Nevada'”, dijo en el documento Erik Mercado, una de las personas nombradas en la denuncia, quien tiene condiciones médicas graves, y permanece detenido por ICE en la cárcel del Condado Nye. “Básicamente sólo están esperando, con la esperanza de que eventualmente me puedan deportar para no tener que gastar dinero en mi atención médica”.

El portavoz de CoreCivic, Ryan Gustin, indicó en un comunicado a The Nevada Independent que la empresa niega las afirmaciones y acusaciones de la carta.

“La realidad es que brindamos un ambiente seguro, humano y apropiado para quienes nos confían en estas instalaciones y nos esforzamos constantemente para brindar un estándar de atención aún mejor”, se lee en el comunicado.

Gustin agregó que las instalaciones de CoreCivic, incluyendo los centros de detención de Otay Mesa y el Sur de Nevada, brindan atención médica y servicios de salud mental a los inmigrantes detenidos, así como acceso a “recursos legales mientras se preparan para los próximos pasos en su proceso migratorio”.

“Todas nuestras instalaciones de inmigración son monitoreadas muy de cerca por nuestros socios gubernamentales de ICE, y se deben someter a procesos regulares de revisión y auditoría para garantizar un nivel de vida y atención adecuados para todos los detenidos”, dijo Gustin.

Los grupos piden una investigación sobre los procedimientos en cuanto a las supuestas "transferencias por represalias" y negligencia médica; y que se cancelen los contratos de detención en los centros de Otay Mesa, Sur de Nevada, y el Condado Nye.

La denuncia también pide que las tres personas restantes bajo custodia reciban la atención médica necesaria y se considere su liberación.

Un portavoz de Freedom for Immigrants, una organización sin fines de lucro con sede en California, señaló que si no hay respuesta o acción de las partes involucradas antes del 9 de marzo, los grupos planean solicitar la intervención de las Senadoras Demócratas por Nevada Jacky Rosen y Catherine Cortez Masto.

Ambas legisladoras mandaron por su parte cartas al DHS en 2020 y 2022 exigiendo acceso a asesoría legal e investigaciones sobre las condiciones de seguridad en el Centro de Detención del Sur de Nevada.

Cortez Masto recorrió el Centro de Detención del Sur de Nevada en septiembre de 2020 después de que 25 detenidos demandaron a dichas instalaciones por preocupaciones relacionadas con COVID-19 y condiciones de vida. En ese entonces, Cortez Masto indicó que las instalaciones lucieron limpias durante su visita, pero que seguía sin estar satisfecha con el trato general a los migrantes.

En su carta de 2022, Rosen afirmó que el centro de detención con sede en Nevada “rutinariamente” transfería a los detenidos sin una “notificación adecuada” al abogado. Ella solicitó que el DHS investigara las políticas de ICE que se están implementando en el sur de Nevada, incluyendo las transferencias.

El Capitán David Boruchowitz, de la oficina del Alguacil del Condado Nye, dijo a The Nevada Independent que dicha agencia está investigando las acusaciones.

Representantes de ICE no respondieron a una solicitud de comentario.

Nota actualizada el 1 de marzo 2023 a las 11:45 a.m. para incluir un comentario de la oficina del Alguacil del Condado Nye.