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Se une Gobernador Sisolak a petición nacional bipartidista en apoyo a DACA y TPS

Luz Gray
Luz Gray
En EspañolInmigración
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Candles on a table spell out DACA

El Gobernador de Nevada Steve Sisolak anunció que se unió a una petición para que el Congreso actúe por una solución permanente para beneficiarios de programas que durante años han protegido a miles de inmigrantes de la deportación y les han otorgado permisos de trabajo.

La mañana de este lunes Sisolak anunció en un comunicado que firmó una carta conjunta en la que más de 500 líderes Demócratas y Republicanos en toda la nación urgen a los congresistas a que pasen una legislación que proteja y brinde un camino a la ciudadanía a beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) Estatus de Protección Temporal (TPS) y Salida Obligatoria Diferida (DED).

"Ya es hora de que Dreamers y beneficiarios del TPS en Nevada y en todo el país dejen de ser forzados a vivir con miedo e incertidumbre”, indicó Sisolak. “Aprobar protecciones permanentes para los Dremers y los titulares de TPS enviará un fuerte mensaje de que valoramos el papel de estas personas en nuestras comunidades y les permitirá seguir haciendo contribuciones significativas a nuestra economía sin el dolor de vivir en el limbo”.

En su carta, gobernadores, fiscales generales y alcaldes, entre otros servidores públicos, puntualizaron que, debido a los cambios que entraron en vigor con la administración Trump y los actuales debates en las cortes para esos programas, ya era tiempo de que los congresistas actuaran.

“…Estos miembros de nuestras comunidades enfrentan un futuro incierto que podría significar perder su capacidad para trabajar legalmente, estar separados de sus familias y, finalmente, ser deportados del lugar al que llaman hogar”, escribieron los líderes. “Esto sería absurdamente cruel y también horriblemente contraproducente para los intereses de nuestras comunidades, nuestros estados y nuestro país”.

A finales de este marzo se presentó en el Congreso el proyecto de ley bipartidista Dream and Promise Act of 2019 (H.R. 6) o Ley del Sueño 2019 (Dream Act 2019) que ofrecería a los DREAMers un camino a la ciudadanía.

Unos 800,000 DREAMers, quienes fueron traídos a los Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños por causas ajenas a su voluntad, permanecen en el limbo.

Miles de ellos salieron de las sombras cuando la administración Obama ofreció estatus legal y permisos de trabajo a través de una orden ejecutiva firmada el 15 de junio de 2012. Cuando el Presidente Donald Trump asumió el cargo, el futuro de DACA se volvió incierto y el programa fue cancelado en septiembre de 2017.

Trump ordenó al Congreso que llegara a una solución en seis meses, pero el plazo venció sin dicha legislación.

Desde entonces, DACA ha pasado por restituciones, eliminación parcial de los beneficios, demandas, pleitos y discusiones, incluyendo parte una propuesta de Trump a principios de 2019 para dar a los DREAMers tres años de protecciones adicionales a cambio de fondos para la construcción de un muro fronterizo, lo que originó el rechazo Demócrata.

Pero beneficiarios del TPS también se encuentran en compás de espera, ya que podrían enfrentar la deportación después de que la administración Trump optara por eliminar el programa para beneficiarios de ciertos países bajo el argumento de que las condiciones han mejorado lo suficiente como para que puedan regresar.

En febrero de este año el Fiscal General de Nevada Aaron Ford incluyó al estado en un informe para apoyar la conservación del TPS para inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán.

Unos 22 fiscales generales en el país, expresan su apoyo a Ramos v. Nielsen, un caso presentado en marzo por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y la Red Nacional de Organización de Jornaleros, entre otros, que se encuentra ahora ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.

Sisolak destacó las contribuciones de los inmigrantes y refugiados de Nevada y reiteró que su administración continúa apoyando su integración al sistema estadounidense a través de la Oficina del Gobernador para Nuevos Estadounidenses, planeada para abrir sus puertas en octubre de este año.

“El Congreso debe seguir los ejemplos de los estados y, finalmente pasar protecciones permanentes para estos importantes miembros de nuestras comunidades”, señaló Sisolak. “No solo es lo más inteligente, sino lo correcto”.

 

 

 

 

 

 

 

 

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