Dos países más se han unido a una lista de demandantes contra el gobierno federal por haber cancelado paulatinamente protecciones que durante años han cobijado a miles de sus beneficiarios.

Grupos defensores de los inmigrantes y líderes comunitarios dieron a conocer este lunes que beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Nepal y Honduras ya forman parte de un grupo de otros países que el año pasado presentaron una demanda contra la administración Trump.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó la demanda este domingo en una corte federal de San Francisco a nombre de seis beneficiarios y dos de sus hijos estadounidenses bajo el argumento de que la decisión del cese del TPS es inconstitucional y discriminatoria, afecta a unos 100,000 beneficiarios de ambos países, y que el gobierno hizo cambios a la interpretación de la ley sin dar explicación previa.

En la actualidad, un dictamen preliminar a nivel nacional está impidiendo que el gobierno federal cancele protecciones de TPS para beneficiarios de Haití, El Salvador, Nicaragua y Sudán.

El programa ha permitido que sus beneficiarios se queden en los Estados Unidos en lugar de regresar a sus lugares de origen, afectados por epidemias, conflictos armados, o desastres naturales.

"Me siento orgulloso de ser parte de esta demanda, por todos los demás beneficiarios de TPS en Nepal como yo. Con el TPS, he podido construir una nueva vida aquí con mi familia y he encontrado un trabajo estable”, dijo en un comunicado de ACLU Keshav Raj Bhattarai, originario de Nepal. “Deseo continuar trabajando para apoyar a este país, y también continuar apoyando la reconstrucción de Nepal, que todavía se está recuperando del terremoto ".

En 2017, la administración Trump anunció que cancelaría o daría una extensión final acerca del estatus legal a cientos de miles de beneficiarios de TPS de Yemen, Nepal, Haití, El Salvador, Nicaragua y Honduras, dejando así a miles de beneficiarios en riesgo de la deportación si el Congreso y el gobierno federal no llegan a una solución permanente.

A mediados de 2018 el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS) informó que unos 57,000 beneficiarios del TPS originarios de Honduras que quisieran mantener su estatus hasta el 5 de enero de 2020, tenían que reinscribirse entre el 5 de junio y el 6 de agosto de ese año.

La comunidad hondureña amparada por el TPS es menor en comparación con la salvadoreña, que conforma el grupo mayoritario, con unos 195,000 de beneficiarios del programa.

"Estoy participando en esta demanda, no solo por mí y por mi hija, sino por todos los que se verían perjudicados por la eliminación de nuestro TPS. Obligar a nuestros hijos a elegir entre la vida que tienen aquí o un país que no saben es injusto”, señaló en el comunicado de ACLU Donaldo Posadas Cáceres, uno de los demandantes, quien es originario de Honduras. “Mandarnos a todos al peligro y la inestabilidad es injusto”.

Unos 270,000 niños ciudadanos estadounidenses tienen al menos un padre con TPS, y los beneficiarios pueden elegir entre regresar a su país y desplazar a sus hijos de sus raíces, o quedarse con ellos en los Estados Unidos ilegalmente y correr el riesgo de ser deportados.

El viernes pasado, el Fiscal General de Nevada Aaron Ford dio a conocer que incluyó al estado en un informe para apoyar el TPS para inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán; en el caso Ramos v. Nielsen que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y la Red Nacional de Organización de Jornaleros, entre otros, presentaron en marzo y actualmente se encuentra en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.

“Nevada es el hogar de más de 4,000 beneficiarios del Estatus de Protección Temporal quienes son trabajadores, miembros que contribuyen a nuestra comunidad en general”, dijo Ford en un comunicado. “Ante circunstancias extremas, buscaron refugio y consuelo aquí. Mientras esta Administración ha atacado a esta población y al programa que los protege, mi oficina ha presentado este informe para mostrar su apoyo a estas 4,000 personas que llaman a Nevada su hogar, y continuaremos dando prioridad a la seguridad y bienestar de nuestras familias”.