Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés que aparece en de The Nevada Independent.

La Senadora Demócrata por Nevada Jacky Rosen ha pedido una investigación acerca de la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de terminar las designaciones del Estatus de Protección Temporal (TPS), que permiten a más de 300 mil beneficiarios vivir en los Estados Unidos legalmente, incluyendo más de 4 mil en el Estado de Plata. 

En su carta dirigida el pasado jueves a Joseph Cuffari, Inspector General del DHS, Rosen cita demandas en curso que cuestionan a la Administración Trump acerca de la decisión, argumentando que fue arbitraria y caprichosa. 

“Esa misma corte, en una orden para interrumpir las terminaciones de la designación TPS, encontró que el DHS, ‘al decidir a terminar el estatus TPS de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, cambió el criterio aplicado por administraciones previas, y lo hizo sin explicación o justificación en violación del Acta de Procedimiento Administrativo’”, escribió Rosen. 

El TPS se otorga en los EE.UU a personas cuyos países de origen son considerados demasiados peligrosos o inestables para que regresar. Los beneficiarios pueden vivir y trabajar legalmente en la unión americana mientras son parte del programa. 

La ley federal y criterio con respecto al TPS requiere que una administración revise las condiciones de un país para asegurar un regreso seguro para quienes podrían verse afectados, antes de la terminación del estatus de protección. 

El caso Ramos v. Nielsen, presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California en el 2018, afirma que la Administración Trump cambió esa póliza para ya no considerar las condiciones seguras de los países. 

Dicho cambio, si se determina como “arbitrario y caprichoso”, no podrá ser legalizado ni implementado. 

Mientras los tribunales deciden si la decisión del DHS es constitucional o no, esa agencia ha extendido la capacidad de los beneficiarios TPS de quedarse en los Estados Unidos hasta el 4 de enero de 2021, como ordenaron las cortes. 

En octubre de este año, el TPS fue extendido hasta el 2021 primero para los beneficiarios de El Salvador, y a los pocos días se emitió una extensión para Haiti, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán, para el mismo año. 

En su carta, Rosen pide una investigación, y luego un reporte al Congreso, acerca de lo siguiente: el criterio que usó el DHS para basar su decisión; si ese criterio provino de políticas de la agencia; nombres y cargos de todos los involucrados en la decisión; así como de cada empleado del Departamento de Estado de los Estados Unidos que se haya comunicado con el DHS acerca de la decisión; y el papel que tuvo el consejo del Departamento de Estado de los Estados Unidos acerca de la decisión. 

Rosen citó las complicaciones presentadas en el Departamento de Vehículos Motorizados de Nevada (DMV) en la renovación de licencias de conducir para los beneficiarios del TPS, como una consecuencia de la actual batalla para decidir si el DHS actuó legalmente. 

De acuerdo con Rosen, un portavoz del DMV explicó que dicho problema se originó por una falla para actualizar el Programa de Verificación Sistemática de Derechos del Extranjero (SAVE) del Servicio de Inmigración y Ciudadanía; un sistema informático que usa el DMV para verificar estatus legal. 

“Problemas como esos se podrían haber evitado si factores políticos no hubieran interferido en la toma de decisiones del Departamento acerca del TPS”, escribió Rosen. “La crisis de las licencias de conducir es un resultado directo de la incertidumbre que rodea al TPS causada por las decisiones políticamente motivadas del Departamento”. 

El llamado a la transparencia acerca del razonamiento y motivaciones detrás de la decisión tienen lugar en medio de especulación por parte de la ACLU acerca de que la acción del DHS fue políticamente motivada. 

“Es imperativo que la Oficina del Inspector General investigue el papel que las consideraciones políticas y las presiones interinstitucionales juegan en las decisiones de la agencia que afectan a algunas de las personas más vulnerables en los EE.UU y nuestra seguridad nacional”, escribió Rosen.