Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés, misma que aparece en la página de The Nevada Independent.

Hace ocho años, el Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas se encontró con un enorme problema: hubo 25 tiroteos — incluyendo siete que fueron mortales — que involucraron a oficiales en 2010; un aumento de un promedio de 15 en cada uno de los tres años anteriores.

Este incremento provocó una investigación de cinco partes realizada por Las Vegas Review-Journal que duró un año y que catalogó todos los tiroteos desde 1990, determinando que Las Vegas tenía un gran número de tiroteos con intervención policial per cápita en comparación con otras ciudades grandes, y concluyó que había una falta de rendición de cuentas en cuanto a enfrentamientos armados que fueron considerados polémicos, o que pudieron haberse evitado. La serie, publicada en 2011 y titulada “Fuerza Mortal”, llamó la atención del Departamento de Justicia (DOJ) que se ofreció a ayudar a la agencia a adoptar una mirada crítica en torno a sus políticas y prácticas con la esperanza de reducir el número de víctimas.

“Usamos la fuerza letal 25 veces, y casi la mitad de esas veces, aunque no hubo actividad criminal, esas veces fueron innecesarias”, dijo en un evento reciente la capitana de Metro, Kelly McMahill, a manera de retrospectiva acerca de cómo el departamento ha cambiado la manera de emplear la fuerza. “Legal pero no necesario. Eso se tenía que detener, y reconocimos eso“.

El DOJ ha trabajado mano a mano con la agencia para revisar sus políticas y poner en práctica 75 recomendaciones para prevenir el uso de la fuerza. Las Vegas fue la primera en someterse a la evaluación, y una docena de otras agencias de todo el país han seguido su ejemplo.

A finales de julio, oficiales de Metro, tanto en funciones como jubilados, una investigadora nacional del Instituto de Delincuencia y Justicia, y un miembro de la comunidad del consejo asesor de la policía, participaron en una mesa redonda en el Museo de la Mafia (Mob Museum) en Las Vegas para discutir la reforma.

El evento se llamó: “¿Cómo  se convirtió Las Vegas en un modelo nacional de reforma?” calificativo que no fue del agrado de los manifestantes quienes estaban afuera del recinto e incluso con algunos de los panelistas.

“Cuando decimos que somos un modelo, no estoy segura de sentirme cómoda con eso”, reconoció  McMahill. “Tenemos un largo camino por recorrer y aprender”.

Mientras que la policía de Las Vegas detalló los cambios que ha hecho para mejorar las tácticas y la transparencia en años recientes, y un investigador nacional quien revisó el proceso, lo elogió, no ha sido una solución para tiroteos donde hubo oficiales involucrados. El año pasado hubo 22 tiroteos con participación policiaca. Poco después del evento en el Museo de la Mafia, Metro tuvo cinco tiroteos con intervención policial en tan sólo ocho días.

“Tuvimos una semana difícil en Metro”, dijo el martes 14 de agosto el Asistente del Alguacil, Charles Hank en una conferencia de prensa acerca del tiroteo en una sucursal de Ross Dress for Less, que fue la décimo quinta balacera con intervención policial en 2018.

Algunos familiares de quienes murieron por el disparo de un policía de Metro dicen que no están satisfechos con la reforma. Varios de ellos se mostraron inexpresivos entre el público durante la presentación en el museo y expresaron escepticismo ante la posibilidad de que haya cambios significativos.

“No veo que la reforma esté surtiendo efecto”, afirmó Jackie Lawrence, cuyo hijo de 23 años de edad, Keith Childress, estaba desarmado cuando murió en la víspera de Año Nuevo en 2015. La policía pensó que tenía un arma, pero resultó ser un teléfono celular. La policía no enfrentó cargos. “Dicen que los números han bajado, pero ¿por qué han bajado los números? ¿Es realmente por sus políticas?”

Modernizando las políticas

Los cambios que ha implementado Metro incluyen “entrenamientos basados ​​en la realidad” donde los oficiales son expuestos a escenarios más estresantes y emocionalmente intensos en un ambiente controlado.

“Se trata más de tomar decisiones en condiciones de estrés”, dijo McCurdy.

La agencia también ha dedicado 100 horas de su tiempo en la academia de policía simplemente para un entrenamiento de disminución o formación “desescalada”. McMahill dijo que los agentes pueden terminar en situaciones conflictivas que no les dejan más opción que disparar si se apresuran a llegar a una situación y “[creen que] son ​​Superman”.

Pero la agencia también reconoció que hubo algunos temas que no se abordaron mucho en el entrenamiento, como la naturaleza sagrada de la vida y la importancia de la ética, los valores, y la buena toma de decisiones.

Ahora, una de las primeras frases que se lee en la política del uso de la fuerza dice: “La política de este departamento dicta que los oficiales tengan la más alta consideración por la dignidad y la libertad de todas las personas, y que dependan mínimamente del uso de la fuerza”.

Metro también ha tenido que lidiar con un sesgo racial, que sigue siendo una preocupación para los activistas, incluyendo el grupo local All Shades United.

“Los anglos tienen este privilegio y entran en contacto con la policía y las consecuencias no son fatales”, dijo el Vicepresidente de All Shades United Treshawn Terry, quien se puso de pie durante el evento en el Museo de la Mafia y sostuvo fotos de personas que murieron de manos de la policía.

Un análisis realizado durante la reforma de colaboración concluyó que el 90 por ciento de las personas desarmadas en tiroteos con intervención policial eran afroamericanos o hispanos, y todos los individuos a quienes se les disparó como consecuencia de una parada iniciada por un oficial, eran afroamericanos o hispanos.

El DOJ recomendó que los oficiales reciban entrenamiento en materia de políticas de vigilancia justas e imparciales como una forma de abordar el racismo inconsciente. Ese programa se basa en la suposición de que la mayoría de los policías son bien intencionados, pero el sesgo inconsciente puede provocar decisiones erróneas.

En 2013, Metro implementó una política que indica que cuando alguien pide ayuda y hay un informe creíble de que un individuo está armado, al menos tres oficiales y un supervisor deben acudir a la escena. El protocolo tiene como fin garantizar que alguien pueda manejar la situación, guiar las tácticas, recabar información de inteligencia y coordinar recursos adicionales si es necesario.

Los cambios no siempre han sido fáciles. McMahill recuerda que en un grupo que observó el Departamento de Justicia como parte de la reforma de colaboración, los oficiales que participaron no estaban recibiendo el entrenamiento con buenos ojos.

“Hemos tenido situaciones en las que capitanes, tenientes, y sargentos no estaban prestando atención y hablamos de esto en la academia”, dijo McCurdy. “Eso ya no es aceptable. Creo que es muy importante que cuando llegan al departamento escuchen desde el principio los cambios que seguirán ocurriendo“.

Más medidas de acción contra los oficiales

En su evaluación de 2014, el DOJ señaló que el Consejo de Revisión del Uso de la Fuerza emitió un número sin precedentes de determinaciones críticas para oficiales desde que se implementó la reforma de colaboración. Metro “ha recomendado medidas correctivas significativas, incluyendo la formación, la disciplina, un descenso de categoría, y el despido de dos oficiales.”

Una revisión de las determinaciones de dicho consejo desde 2013 hasta 2015 encontró 37 “autorizaciones administrativas” y tres tiroteos en los que se en falló en contra de los agentes por haber empleado tácticas erróneas o decisiones equivocadas. Sin embargo, la falta de procesos penales perturba a Leon, una de las manifestantes.

"Queremos justicia. Queremos que los oficiales enfrenten cargos y que de hecho sean sometidos a juicio por homicidio”, dijo.

La historia de una madre

Alma Chávez asistió al evento del Museo de la Mafia sujetando una cruz y fotos de su hijo y otros jóvenes quienes murieron por disparos de la policía. Al concluir el foro, ella lo describió como un “circo”.

Su hijo de 23 años de edad, Rafael Olivas, pasaba por una crisis emocional en 2011 debido a que la familia acababa de perder su casa y le habían diagnosticado una enfermedad estomacal, que le costó su empleo.

“Yo, que tenía fe en las autoridades, llamé para que me ayudaran a llevarlo a un doctor para que lo sacara del momento crítico que él tenía. Mi hijo se salió de la casa con un cuchillo y yo temía que él se fuera a hacer daño él mismo”, dijo Chávez entre lágrimas. “Yo les informé a ellos que mi hijo había salido con un cuchillo. Cuando llegaron, ni siquiera trataron de hablar con él... Ellos mataron a mi hijo”.

En la llamada al 911 que hizo Chávez, se escuchó a Olivas utilizar un lenguaje ofensivo y hacer amenazas violentas pero también sugirió que la policía lo iba a matar. Según las autoridades, Olivas llevaba un cuchillo y se acercó a oficiales de la policía, quienes le dispararon después de haber usado primero balas de salva cuando se negó a obedecer la orden de que soltara el arma.

Chávez no sólo culpa a los oficiales por la muerte de su hijo, además los responsabiliza de mantenerla alejada de él, en sus últimos momentos de vida.

“Me quitaron mis derechos como mamá”, dijo Chávez. “De ni siquiera permitirme cerrarle sus ojitos, estar con él cuando estaba muriendo”.

Chávez señaló que Metro no ha implementado todos los cambios recomendados por el DOJ, y argumenta que los oficiales necesitan tener una mejor formación para saber cómo tratar a las personas que tienen crisis emocionales.

“Estoy aquí porque me gustaría ver un cambio en la policía, pero un cambio verdadero, porque no quiero que otras madres o familias sufran lo que yo he sufrido durante siete años”, dijo. “No tengo felicidad. Me siento incompleta. Puedo estar donde sea y mi vida nunca, jamás va a ser igual. Ellos tomaron la vida de mi hijo, pero destruyeron la mía y de mi familia”.

McMahill ofreció una disculpa durante la clausura del evento. Ella es madre de cinco, y dice que no podría soportar la pérdida de un hijo como algunos de los asistentes habían padecido.

“Si alguien en esta sala ha visto morir a alguien que ama o lo ha visto gravemente herido en manos de un oficial de la policía, lo siento. No estoy diciendo que nos equivocamos, porque no conozco la situación“, dijo.

Y luego invitó a las familias a que sigan colaborando con la policía mientras pasan por su proceso de duelo.

“Conozco a los hombres y las mujeres en mi comandancia, las 218 personas que están allí, puedo decir ahora mismo que ni una sola quiere cobrar una vida humana. Pero cuando hay tanta ira y dolor es muy difícil hablar de eso, es muy difícil superarlo“, precisó.

“Pero, para quien esté dispuesto y quiera tener esa conversación, aquí estoy, y pueden comenzar conmigo”.